En California, la arquidiócesis de San Francisco se declara en bancarrota tras 500 demandas

El argumento brindado es que ese proceso es necesario para “gestionar y resolver” en los tribunales más de 500 denuncias de delitos sexuales perpetrados por sus religiosos y ocurridos entre las décadas de los 60 y los 80 del siglo XX. 

La estrategia legal, conocida como Capítulo 11 en la legislación estadounidense, es la que ya utilizaron otros despachos de abogados antes otras arquidiócesis que enfrentan la misma problemática. 

“La desafortunada realidad es que no contamos con los recursos suficientes ni tampoco con la habilidad práctica para litigar de forma individual todas estas demandas de abuso sexual”, señala el arzobispo Salvatore Cordileone en el comunicado de la Iglesia, que se hizo público tras el fin de semana.

 “Es la mejor forma de darle a los sobrevivientes la muy necesaria resolución”, añadió el religioso. En Estados Unidos, muchos de estos casos se resuelven a través de acuerdos extrajudiciales, una forma en la que los responsables de los delitos evitan un juicio público que puede sacar a la luz detalles escabrosos. 

La iglesia de San Francisco informó que el proceso se llevará a cabo en el distrito judicial del norte de California y permitirá que cada una de las demandas sea evaluada en forma individual, lo cual permitiría a la Iglesia pagara por los daños a las víctimas de la pederastia clerical. 

“Este es un proceso supervisado por el tribunal que le da voz a quienes reclaman”, señala el documento. La diócesis afirma que todos los casos son antiguos e involucran a sacerdotes “que ya no ejercen el ministerio o que han fallecido”. 

Cordileone aprovechó el anuncio para asegurar que hoy en día “son muy raros” los casos de abuso. “Gracias a las medidas de educación y prevención que hemos puesto en marcha, creo que la Iglesia ha puesto a otras organizaciones un ejemplo de los estándares, lo que muestra lo que se puede y debe hacer para proteger a nuestros niños”, aseveró. 

Entre las medidas adoptadas estuvo el análisis de antecedentes de todos los pastores y trabajadores sociales que llegaban a las parroquias, la implementación de terapias y asistencia a los sobrevivientes de abuso, además de la remoción del ministerio de los religiosos señalados. 

El arzobispo afirma que su diócesis, que cuenta con unos 442.000 católicos, comenzó a hacer cambios incluso antes que la Convención General adoptara un plan de protección a los menores en 2002. Esta es la segunda ocasión en que la Iglesia católica local enfrenta una ola de demandas de este tipo. 

El Gobierno de California creó hace veinte años una ventana que permitía a los sobrevivientes acudir a los tribunales a denunciar abusos que habían prescrito en el sistema judicial. El Ejecutivo local, aprovechando los reclamos del movimiento MeToo, recurrió en 2019 a inaugurar un periodo similar para que las víctimas emprendieran reclamos judiciales por la vía civil. 

El plazo venció el 31 de diciembre del año pasado. Según la iglesia, “un número significativo de las demandas incluyen a personas anónimas o con nombre desconocido”. Los acuerdos extrajudiciales costaron, hasta ahora, unos US$ 70 millones.

Esta es la tercera diócesis del área de San Francisco que tiene que recurrir a la bancarrota para hacer frente a un alud de acusaciones. Este mismo año, las representaciones católicas en la ciudad de Oakland y Santa Rosa adoptaron la misma vía. La de Oakland enfrenta unos 330 presuntos casos de pederastia clerical, mientras que Santa Rosa, al norte de San Francisco, asegura que tiene pendiente saldar unas 150 demandas presentadas en los últimos años. 

En 2007, la archidiócesis de Los Ángeles, la más importante de California, pago una indemnización récord de US$ 660 millones a víctimas de los abusos clericales. Es solo una de 22 diócesis que han llegado a millonarios acuerdos extrajudiciales con los supervivientes de estos delitos.

(Con información de agencias)