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En Casavalle denuncian que ambulancias demoran horas en llegar al barrio
Una niña de la escuela 319 de Casavalle se fracturó un brazo jugando. Eran las 13.30 del 25 de julio y las maestras empezaron a llamar a la Unidad Coronaria Móvil (UCM), con la que Primaria tiene firmado un convenio de asistencia médica. Pasaron varias horas hasta que recién a las 19.30 la niña pudo ser atendida. El episodio fue narrado a El Observador por vecinos de la zona y confirmado por Primaria, así como por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La demora, según aseguraron fuentes de ASSE a El Observador, se debió a que UCM estaba a la espera de que el Ministerio del Interior le asignara un patrullero para la custodia policial, ya que por un protocolo firmado por la Cámara de Emergencias y el 911 para garantizar la seguridad del personal de salud y de los usuario, las ambulancias no entran después de determinada hora si no es con apoyo del Interior.
Sin embargo, el caso de la niña de Casavalle no es el único que pasó en el barrio en las últimas semanas. Otra vecina, Giovanna, aseguró a El Observador que hace poco más de un mes su padre, de 87 años, se quebró la cadera en la calle. Eran las once del mediodía y la familia del hombre empezó a llamar a la emergencia, en este caso al 105 que corresponde al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Pasaron dos horas y media, con decenas de llamados de por medio, hasta que la familia se cansó de tener al hombre sentado, sin poder moverlo, y se contactó con el director de la policlínica Santa Rita del Marconi.
El médico se presentó en la casa de la familia de forma inmediata, le dio la primera asistencia y le aseguró a la familia que, como director de la policlínica, llamaría a pedir una ambulancia. Lo llevaron hasta el centro, que cierra a las 17, y allí esperó otras dos horas y media. "Eran seis menos cuarto cuando llegó. Quedaba el doctor, una enfermera y un policía hasta que llegó un móvil de la 105", afirmó Giovanna.
Las demoras, sin embargo, no se limitan solo a la zona de Casavalle, sino a gran parte de la periferia de Montevideo, donde están muchas de las "zonas de riesgo" definidas así por la Cámara de Emergencias en el protocolo de seguridad..
Ni ASSE ni el Municipio D estaban al tanto de que esto fuera un problema. La alcaldesa Sandra Nedov aseguró a El Observador que no había recibido quejas por este tema, mientras que desde ASSE afirmaron que en las comisiones de usuarios tampoco surgió la cuestión. Sin embargo, aclararon que las demoras suelen tener relación con las dificultades para coordinar la custodia policial, algo que es resorte del Ministerio del Interior.
El presidente de la Cámara de Emergencias, Guillermo Vázquez, defendió en diálogo con El Observador el protocolo que esa institución firmó con el Ministerio del Interior, ASSE, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) en julio de 2018. El médico de profesión explicó que el objetivo es brindar la asistencia en un "escenario seguro", ya que los profesionales no son "rescatistas", ni "médicos de guerra". "Su deber ser no implica arriesgar la vida", agregó.
La sucesión de rapiñas a ambulancias, así como agresiones a vehículos y su personal en algunas zonas de Montevideo motivaron la creación de este protocolo. "Cuando alguno de los miembros del equipo asistencial percibe peligro, lo comunica a la cabina asistencial y la cabina solicita apoyo al 911 para que ingrese con el móvil policial", señaló Vázquez. En diciembre de 2018, aunque el protocolo ya estaba vigente, los trabajadores de las ambulancias decidieron no entrar a las zonas de riesgo, salvo que se tratara de una urgencia o emergencia, luego de que un conductor recibiera varias puñaladas. La medida duró 24 horas.
Desde ASSE explicaron que en los casos de claves 1, como en la jerga médica se llama a esos llamados en los que el paciente corre riesgo de vida, las demoras no son frecuentes.
El Ministerio del Interior, por su parte, defendió el funcionamiento del protocolo de seguridad. Fuentes de la cartera aseguraron a El Observador que el acuerdo funciona bien y que solo abarca aquellas zonas que tienen mayores dificultades de seguridad. Esas son, a su vez, en las que funciona el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Según los datos de la cartera, representan 8% del territorio de Montevideo.
Los problemas no terminan ahí, porque muchas veces las personas necesitan tratamientos postoperatorios que suelen implicar que el paciente se traslade cada tanto a un centro asistencial. Entonces se repite el escenario. Es difícil coordinar para que una ambulancia traslade al paciente y también se suma el factor económico. Según narró Giovanna, una ambulancia privada cobra -así se trate de un socio de la mutualista-, $3.500 para trasladar a un paciente desde Casavalle hasta el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT). Lo único que queda, entonces, es llamar a un servicio de taxi con rampa, que suele ser de ayuda para aquellos que están en silla de ruedas. Sin embargo, el móvil viene con una base de 50 fichas, por lo que hacer el trayecto desde Casavalle al INOT demanda no menos de $800 ida y vuelta.
El diputado nacionalista Martín Lema convocó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a que concurra en agosto a la Comisión de Salud de Diputados para explicar las demoras de los pacientes en ambulancias.
