En Sudáfrica, la Iglesia Católica respalda una demanda colectiva de trabajadores contra compañías mineras

Ese día, a unos 100 kilómetros de Johannesburgo, ante un enfrentamiento entre dos gremios mayoritarios que había dejado 10 muertos, una represión policial dirigida a desbaratar la huelga que paralizaba las actividades de Lonmin Platinum provocó un saldo de 34 mineros muertos, 78 heridos y 270 trabajadores encarcelados bajo la "doctrina del propósito común", aplicada bajo el régimen del apartheid.

El hecho se conoció a nivel local e internacional como la “masacre de Marikana”. La convulsión obrera se extendió a otras empresas del sector, que se apresuraron a reaccionar con medidas extraordinarias. Durante la primera semana de septiembre, se iniciaron huelgas en la Anglo American Platinum, en Rustemberg, y en las minas de oro pertenecientes a Gold Filds.

Las balas de goma, los gases lacrimógenos y las detenciones se repitieron.

Desde entonces, se sucedieron otras huelgas en yacimientos controlados por diferentes grupos multinacionales, afectando primero al sector del platino y extendiéndose luego a la explotación de otros metales preciosos y el carbón. La dinámica abrió un debate sobre la cuestión minera, su tratamiento gubernamental y empresarial y la actuación de los gremios.

Cuatro años después de la masacre, el Tribunal Superior de Johannesburgo dio hoy luz verde a una demanda colectiva contra varias empresas. La presentaron en presentación de miles de trabajadores 56 mineros afectados de silicosis y tuberculosis. El objeto: reclamar compensaciones económicas por las afecciones contraídas.

En ese momento, los cálculos señalaban que unos 200.000 mineros podrían con el tiempo llegar a beneficiarse con la histórica sentencia, que dejó en claro que "todas las empresas mineras están legalmente obligadas a cuidar la salud de sus trabajadores".

La Iglesia toma la posta

Ahora, cuando los conflictos en el sector son considerados como el mayor reto que enfrenta el país desde el fin legal del apartheid en 1994, la Iglesia Católica sudafricana respaldó en forma oficial una acción colectiva contra el gigante minero BHP, su subsidiaria South32 y Seriti de Sudáfrica, según precisa Dasantha Pillay, abogada de la firma de Spoors.

La iglesia asegura que presentó el caso después de que los trabajadores, todos exmineros del carbón, se acercaran en busca de ayuda. Según precisó la Conferencia Episcopal de África Meridional, los abogados presentaron la demanda ante el Tribunal Superior de Sudáfrica el martes de esta semana.

“Muy a menudo, los extrabajadores mineros, que ya no son miembros de los sindicatos y por lo tanto carecen de los medios y la capacidad para buscar recursos legales contra las grandes empresas, las que son responsables de sus enfermedades pulmonares, se acercan en busca de ayuda”, explica el arzobispo de Ciudad del Cabo, Stephen Brislin.

“Por lo tanto, corresponde a la iglesia brindar asistencia en la forma en que sea para que puedan acceder a las compensaciones que legalmente se les debe”, dice Brislin. Los mineros están representados por Richard Spoors, un abogado que ganó compensaciones en casos similares.

La demanda no sólo reclama indemnizaciones para todos los mineros que trabajaron para estas empresas desde 1965 y contrajeron enfermedades pulmonares, también las exige para los familiares de los trabajadores que murieron o enfermaron a causa de enfermedades inducidas por el polvo de carbón.

Hoy, el carbón es la base de la economía de Sudáfrica. Emplea a casi 100.000 personas y representa el 80% de la producción de electricidad. La industria se concentra en la región oriental de Mpumalanga, que según los activistas ambientales de Greenpeace tiene uno de los aires más sucios del mundo.

La demanda colectiva acusa a las empresas de no brindarles a sus trabajadores capacitación adecuada, equipos y un ambiente de trabajo seguro, a pesar de conocer los riesgos que implica la minería.

Según los medios locales, las demandas, algunas concluidas y otras en trámite, podría significar miles de millones de dólares para los gigantes del sector en un país de una larga tradición minera basada, desde sus orígenes, en la explotación de la población negra de zonas rurales, como de Lesoto, Mozambique o Botsuana.

“Zama zamas”

La presentación de la demanda se conoce cuando hace menos de dos meses, una treintena de mineros indocumentados fueron encontrados muertos en una mina fuera de actividad, apenas un mes después de un accidente similar, en este caso cerca de la ciudad de Welkm, a 250 kilómetros al sur de la capital del país.

Afectada por un desempleo endémico, Sudáfrica cuenta con miles de mineros ilegales apodados "zama zamas", que en zulú significa "los que intentan y siguen intentando".  Algunos también provienen de Lesoto, el pequeño reino enclavado en territorio sudafricano. Otros son oriundos de Sudáfrica, algunos de Mozambique y Botsuna. Todos descienden a las minas abandonadas porque a menudo son bastante rentables e intentan sacar de ellas lo que queda, incluso carbón.

Las víctimas fueron halladas varios días después de muertas. Según las autoridades, los decesos se habrían producido por los altos niveles de metano en las galerías más profundas de la mina, explotada por uno de los mayores productores de minerales del país, Harmony Gold Mining Company, hasta la década de 1990.

Por un puñado de diamantes

Pese a las críticas de las organizaciones de derechos humanos, de ambientalistas y a las demandas presentadas ante la justicia, la fiebre minera está más viva que nunca. El presidente Cyril Ramaphosa, empresario y exactivista sindical que lidera el Congreso Nacional Africano (CNA), anunció días atrás el inminente comienzo de la explotación en un nuevo megaproyecto.

Se trata de una excavación subterránea acaba en una 70% bajo la mina sudafricana más grande a cielo abierto, yacimiento que comenzó a extraer diamantes en 2012 operado por el grupo De Beers. "La inversión de 2.300 millones de dólares en la exploración subterránea de la principal mina de Sudáfrica refuerza la producción mundial de De Beers", anunció la compañía, principal proveedora de diamantes a nivel global.

El nombre de la mina es Venetia, está situada en pleno monte cerca de la frontera con Botsuana y Zimbabue, y es explotada desde hace treinta años. Pero como el diamante escaseaba, el grupo apostó a la construcción de túneles para acceder a rocas a unos 1.000 metros de profundidad. Su expansión subterránea permitirá obtener unos 4 millones de quilates de diamantes al año.

El sitio emplea actualmente a 4.300 personas, principalmente de las comunidades vecinas a la mina, y la compañía estableció hace dos años un centro de formación para facilitar la transición de la explotación a cielo abierto a la explotación subterránea.

Según diversos estudios geológicos y de mercado, el subsuelo de Sudáfrica contiene minerales sin explotar por un valor aproximado de US$ 2,5 billones. Una cifra astronómica de cara a los US$ 1.000 mensuales que se puede llegar a sumar en el país si se está dispuesto a trajinar uno de los oficios más peligrosos del mundo.

(Con información de la agencia de noticias AFP)