Paysandú: enterró a su marido en el fondo de su casa y a dos años del crimen denuncia tortura y violación

Entrado 2022, la hermana de Mariano reportó a la policía que Rebeca había cambiado la versión. En ese momento, le dijo que él se había ido a Brasil con una mujer “despampanante” y otro hombre. En ese momento, le enfatizó que se olvidara de su hermano. 

Hasta diciembre de 2019, Mariano y Rebeca vivían en pareja en una humilde casa en un pueblo a 19 kilómetros de Paysandú. Así lo hicieron durante 16 años, tiempo en el que él se dedicó a la albañilería y ella a otras changas de la construcción. En ese lapso, tuvieron cuatro hijos, que tenían desde los 16 a los dos años. Pero entre fines de 2019 y mediados de 2022 él parecía haberse esfumado. Su ausencia no fue notada en su trabajo, puesto que ya hacía un tiempo que no ejercía por una grave lesión que tenía en la columna y que le había valido una pensión por discapacidad. El resto de sus parientes no vivían en el pueblo y tampoco reportaron su desaparición hasta el último trimestre de 2021. 

Pese a eso, la pensión por discapacidad se siguió cobrando todo ese tiempo. Rebeca era quien iba, y con el nombre de su pareja, retiraba todos los meses el dinero. Cuando el Banco de Previsión Social (BPS) lo detectó, realizó la denuncia penal por estafa contra ella. La denuncia se radicó el 8 de julio de 2022, según consta en la sentencia judicial a la que accedió El Observador. 

La denuncia por estafa y los constantes reclamos de la familia de Mariano desembocaron en un allanamiento que se realizó en la casa de la mujer el 16 de agosto de ese año. Arriba del ropero había dos cosas que la comprometían: la tarjeta de débito de él y un revólver sin las cachas. Un vecino al que la policía consultó terminó de desenterrar el misterio: hacía un par de años, en el fondo del terreno de Rebeca había habido una obra, se construyó una pileta ornamental de piedra y se colocó una gran planta. 

—Está enterrado ahí —contó ella, sin escapatoria, ante la fiscalía. 

Minutos después, la policía sacó un esqueleto en ropa interior envuelto en una sábana violeta. Rebeca fue imputada en el juzgado de Paysandú por un delito de homicidio muy especialmente agravado en régimen de reiteración real con reiterados delitos de estafa. Si bien el fiscal Carlos Motta pidió que fuera presa preventivamente mientras continuaba la investigación, la jueza del caso dispuso la prisión domiciliaria. La decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones de 1° Turno en setiembre de este año. 

Pero la decisión de Rebeca de matar a su pareja a golpes y tiros, afirmó su abogada, fue para defender a su familia. En su alegato para que el tribunal mantuviera la decisión de dejarla en prisión domiciliaria, pidió que se analizara el caso con perspectiva de género. 

“Hubo una familia violentada, humillada, donde específicamente la imputada sufrió violencia familiar aguda, prolongada, intensa. Compatible con la tortura”, argumentó Josefa Rodríguez. Afirmó que “era amenazada por su pareja que si denunciaba, mataría a alguno de sus hijos”. De la comisaría se sale, del cementerio no, le repetía. 

“Les tiraba el plato de comida, les arrojaba objetos, la levantaba de madrugada, la tomaba del pelo y la llevaba al baño para despertarla con agua fría o la obligaba a leer la biblia”, cita la sentencia del tribunal sobre las declaraciones de los testigos. 

Un problema de salud que tenía en la piel Mariela, una de sus hijas, selló el calvario que denunció luego. Por portar esa condición, Mariano insistía en que no era hija suya. Y por eso —afirma ella, su madre y sus hermanas— a partir de abril de 2019, cuando Mariela tenía 13 años, comenzó a abusar sexualmente de ella. Él decía que podía hacerlo porque no era su hija. 

Mariela se animó a contárselo a su madre un día antes del crimen, el 6 de diciembre de 2019. Rebeca se levantó sin emitir una palabra, aunque luego se lo dijeron a la hija mayor, Julia. Esa noche, cuando Mariano descansaba en otro cuarto, Rebeca dijo que eso se iba a terminar.  Julia declaró que el miedo estaba latente, porque Mariano le había preguntado a Rebeca, en frente de ambas hijas, por moteles en Paysandú para hospedarse durante un próximo viaje que planeaba hacer a solas con Mariela. 

Por la mañana, Mariela y Julia escucharon a su padre balbucear desde la habitación el nombre de su madre. Rebeca salió del cuarto y le pidió a los cuatro hermanos que por favor salieran todos de la casa. Allí, todos fueron a comprarle a Ignacio un regalo para suplirle el que Mariano le había roto a golpes. Para ese entonces, Mariano ya estaba muerto, reconstruye la Fiscalía. 

Su pareja lo había matado a golpes con un hierro que usaban para remover un fogón y luego lo remató a tiros con una pistola de disparo automático de él. El arma nunca se encontró, ya que según Rebeca ella misma la cortó con una amoladora y se deshizo de los pedazos. 

Al volver, las hijas ayudaron a su madre a hacer el pozo en el terreno y en la noche, envuelto en la sábana violeta, lo rociaron con cal para que no despidiera olor y lo enterraron. Continuaron con su vida y durante casi tres años no le contaron a nadie lo que había pasado. 

La versión de Rebeca discrepa en algunos detalles con la de Julia y Mariela. Ella declaró que ese 7 de diciembre, al volver del almacén, vio a Mariano abusando de su hija y a raíz de eso, prácticamente en una emoción violenta, lo mató. 

“Después de cometer el hecho, pensó con desesperación qué hacer, si presentarse o no con la policía, hablando incluso con sus hijas. Pero ante la situación de que todos sus hijos eran menores de edad e iban a quedar a la deriva y separados, decidió hacer lo que hizo. Como hace pocos días la mayor cumplió 18 años, ahora sí puede sacarse aquella mochila que cargaba”, cuenta la sentencia interlocutoria de segunda instancia

El fiscal Motta había pedido que estuviera presa preventivamente por seis meses y contrargumentó el punto de su defensa, de que no se trató de un homicidio. "El miedo o el temor no justifican recurrir a los mecanismos empleados por la imputada para neutralizarlos", expresó. A su vez, resaltó que "de acreditarse un caso de violencia intrafamiliar y/o de abuso sexual, ello operaría como atenuante" de la pena. También enfatizó en que ella "recién aceptó los hechos cuando no le quedaba otra opción". 

Todos los nombres utilizados en esta nota son ficticios.