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Entre el voto y la concurrencia

Los electores que no van a votar, también tienen una decisión de voto 

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12 de mayo de 2019 a las 05:00

Cuando las elecciones son efectivamente obligatorias la decisión sobre el contenido del voto y la decisión sobre la emisión del voto es una sola, porque el carácter compulsivo del voto elimina (o minimiza) la necesidad de tomar la decisión de concurrir. En cambio, cuando el voto es facultativo, las decisiones son dos, separadas: qué se vota y si se vota.

A veces se piensa que la gente decide en un orden lógico y cronológico: “yo primero veo si voy a ir a votar, y en caso de decidir que sí, entonces pienso qué voy a votar”. Las investigaciones sociológicas concluyen de manera categórica en que los procesos son por lo menos paralelos, o más bien que la decisión del destino del voto precede al proceso de despejar la duda sobre si concurrir o no a efectivizar esa decisión. Naturalmente, eso no excluye la existencia de un segmento de personas que no llegan a la decisión porque no logran hacerlo, porque se mantienen en la incertidumbre, pero no porque no se planteen el problema. Ello determina que el nivel de personas con predisposición al voto sea normalmente muy superior al nivel de votantes.

Al respecto cabe hacer un paralelismo. Quienes organizan fiestas o proveen servicios de catering, aconsejan prever que de las personas que de manera concreta han confirmado su presencia, se detraiga entre un 15% y un 25%. Se está hablando de personas vinculadas al titular de la fiesta o del evento, con el que lo unen lazos de parentesco, amistad o profesionales. Es decir, se trata de un círculo de personas que se sienten moralmente obligadas a asistir; y falla entre el 15% y el 25%, por las más diversas razones: problemas de salud, o complejidades familiares, u obligaciones laborales sobrevinientes. Si se va a un universo más general, en que no existen esos compromisos, es natural que los porcentajes trepen sustancialmente; sin nada que obligue ni formal ni moralmente, la falta de ganas, la invitación a un asado, el frío, la lluvia, son causas o pretextos para no ir.

Por todo lo anterior, hay un nivel en que no es necesariamente política la explicación de la no asistencia ni es una manifestación per se de rechazo a los agentes políticos, a los elencos políticos, ni expresión de antipolítica. Tampoco es que la gente mienta cuando dice que piensa de manera segura el ir a votar. Todo ello dentro de un nivel determinado. Más allá de ese nivel, entonces sí hay que pensar en otras razones, ya sea de apatía con la política o de rechazo a la política o a los políticos.

Cuando en el Uruguay el voto no era efectivamente obligatorio (hasta los comicios de 1966 inclusive), el porcentaje de concurrentes a las urnas se situaba en aproximadamente el 70% del padrón, de un padrón muy pero muy mal depurado. En la ley de 1969 que reglamentó la obligatoriedad del voto, se establecieron asimismo disposiciones para una mejor depuración del padrón. Puede decirse que luego de las elecciones de 1971 se comenzó a contar con un padrón relativamente confiable en cuanto a su conformación (especialmente, ausencia de muertos). A ojo de buen cubero, porque no hay estudios exhaustivos, al cabo del proceso que insumió varios lustros, surge que el 20% del padrón electoral debió eliminarse, por lo que el número real de habilitados para votar era circa el 80% del listado de habilitados para votar.

Por tanto, del 100% inicial un 20% figuraba en exceso, un 70% concurría a votar y el 10% se abstenía de manera efectiva. Para ese entonces, con baja emigración, el 10% del 80%, es decir, un octavo de lo que efectivamente debió ser la nómina de habilitados para votar, se abstuvo. Podría pensarse que ese octavo de abstinentes compondría un nivel normal. 

Desde que el voto es obligatorio en forma efectiva (con sanciones o multas para el no votante), el porcentaje de electores se acercó al 90% del padrón, que en realidad es el 100% de los que viven en el país, dado que se estima que ha un 10% del padrón que vive en el exterior.

Entonces no hay abstención, salvo ese 1% que justifica no votar (por razones de salud o por estar en el extranjero) o que paga la multa. Un 1% que a su vez se compensa con ese otro 1% que vive en el exterior y viene al país a ejercer el sufragio.

Pero en la reforma de 1997 al complejizarse el ciclo electoral, se dispuso que una de cada cuatro elecciones se desarrollase bajo la modalidad del voto optativo y las otras tres mediante el voto obligatorio. Esa incrustación de una elección voluntaria como comienzo de un ciclo seguido por tres elecciones compulsivas, dio a esa primera elección la categoría de clase B. A lo que se sumó el nombre: “internas”. Se hizo todo para desmerecer su importancia, que dicho sea de paso es fundamental, pues determina la oferta electoral para las dos siguientes elecciones nacionales más la sucesiva elección departamental.

Si se toma como base el electorado residente en el país (es decir, alrededor del 90% de los habilitados para votar), la participación rondó el 60% en 1999, el 50% en 2004, un poco menos (alrededor del 46%) en 2009 y el 40-41% en 2014. De ese 40-41% hay que considerar que un octavo votó solo opciones de carácter departamental, por lo que la elección “interna” nacional contó con una concurrencia del 36% de los electores residentes en el país (33% del padrón).

Si además –segundo “if”– se considera que una no concurrencia del 12-13% carece de connotaciones políticas (magnitud de los estimado respecto a los años sesenta), las cifras registradas desde 1999 son significativas en cuanto a la abstención, desidia o rechazo de los electores: primero fue un tercio, luego la mitad, más tarde cerca de seis de cada diez. Cabe repetir: de electores que en general cuentan con una decisión sobre el contenido del voto, y que ese voto no lo emiten por no concurrir. 

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