Nacional > Por acuerdo con Katoen Natie
Entre la "mirada a la baldosa" y "el mayor acto de entrega de soberanía nacional": así fue la interpelación a Heber
“Antes les ganabas por cansancio, ahora con estos cortes de una hora vuelven recargados y se hace cada vez más largo”. Recostado sobre su banca, en el primer cuarto intermedio para sanitizar la sala del Senado por cuestiones de protocolo, el senador blanco Juan Sartori preveía una larga jornada dentro del Palacio Legislativo. En la cámara solo lo acompañaba personal parlamentario, que renovaba las botellas de agua de los legisladores mientras ellos aprovechaban el primer corte para almorzar.
Apenas había pasado la primera parte de la interpelación al ministro interino de Transporte, Luis Alberto Heber, por parte del senador frenteamplista Charles Carrera por la extensión de la concesión hasta 2081 a la empresa Katoen Natie de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, pero las principales líneas argumentales ya estaban plasmadas tras las intervenciones de los principales actores. Con nuevo reglamento que permitió dos intervenciones iniciales a cada uno, de una hora primero y de 30 minutos después, cada uno planteó sus argumentos.
Heber, un viejo conocedor de las instancias parlamentarias, defendió el acuerdo con un ojo en la gestión del Frente Amplio y otro en los beneficios que, según su visión, trae esta negociación. Con el respaldo del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, desde las barras y acompañado por el prosecretario, Rodrigo Ferrés, el ministro se apoyó en conversaciones con jerarcas de la administración anterior y en las negociaciones que el Frente Amplio tuvo desde 2012 con la empresa belga por una posible extensión de la concesión.
Desde la oposición apuntaron al “secretismo” de las conversaciones, de las que no estaban al tanto los socios de la coalición, y a la “debilidad” de los argumentos de la empresa belga para iniciar un juicio internacional. “El gobierno dio por bueno los argumentos de la empresa. Era un juicio imposible de perder”, dijo Carrera.
Mientras las intervenciones se sucedían las bombas de estruendo de la manifestación de algunos sindicatos en las afueras del Palacio Legislativo ponían la banda sonora a la instancia parlamentaria.
En el acuerdo alcanzado con la empresa, anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo ante la Asamblea General, el gobierno extendió la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081, le concedió la prioridad absoluta para el atraque de buques de contenedores, y modificó parte de la normativa vigente, a cambio de una inversión de US$ 450 millones, un compromiso de reducir las tarifas en un 30% y el cese de los litigios previstos el ámbito internacional.
“Es un acuerdo altamente beneficioso para el país, que se ha hecho por una situación de riesgo que existía”, dijo al inicio de su intervención de este miércoles el ministro Heber. Para explicar su posición el jerarca apuntó a la competencia interportuaria –con puertos de la región- y la necesidad de que la terminal de Montevideo no se convierta en un “puerto complementario” de otros.
El ministro, con unos pocos papeles sobre la mesa, acusó a la oposición de “mirar la baldosa y no levantar la mirada” y aseguró que “esa pequeñez” lleva a tener una "difícil discusión".
"Vine a defender un muy buen acuerdo", ratificó el ministro avanzada la sesión. "Potencia el puerto hacia adelante y lo mete en competencia interregional, haciéndolo capaz de captar la carga que hoy pasa de largo", agregó. Heber insistió en que la inversión acordada con Katoen Natie será "la mayor en la historia portuaria", generará más de 1.000 puestos de trabajo directos y ampliará la capacidad de carga a 2.700.000 TEUS, desde las actuales 800.000.
La "obligación moral" de Cabildo Abierto
Entre los parlamentarios, todos esperaban la intervención de los senadores cabildantes, pero el momento recién llegó sobre las 21 horas. Es que los liderados por Guido Manini Ríos se habían mostrado críticos con el alcance del acuerdo con Katoen Natie.
El senador Guillermo Domenech fue el encargado de enumerar algunos de los reparos. "Las multinacionales están hechas para ganar dinero, y si pueden hacerlo a costa de nosotros lo van a a hacer", sostuvo.
Domenech dijo que la postura de su partido es la de "defender el interés nacional", frente a empresas sobre las que no tiene "un particular afecto".
"Cabildo Abierto no ha tenido ninguna participación en este acuerdo", remarcó. Y agregó: "Nos sorprendió". Incluso, según dijo, su representante en la Administración Nacional de Puertos, "no tuvo conocimiento" del contrato con la firma belga. "Debo decirlo con sincerdidad, nos preocupa", remarcó el senador.
El legislador enumeró una serie de objeciones que el contrato le merece a los cabildantes. Por ejemplo, lo previsto en el numeral 4 de la cláusula 2, que establece que, si existe un cambio en el accionista privado de Terminal Cuenca del Planta, el acuerdo se mantendrá en los mismos términos.
"Es malo depender económicamente de algunos países", sostuvo el senador al plantear su temor de que Katoen Natie le ceda su participación en un futuro a una empresa de origen chino.
Otro de los reparos fue acerca de que el contrato obliga al Estado a asumir el costo del dragado del puerto y del canal de acceso a 14 metros. Según Domenech, serían unos US$ 250 millones, más otros US$ 40 millones de mantenimiento periódico.
"Los US$ 450 millones de inversión de Katoen Natie se nos reducen sensiblemente", lamentó.
Domenech cuestionó además que el acuerdo "le resta toda posibilidad" al Estado uruguayo de incidir en la fijación de las tarifas portuarias. "Somos parte del gobierno, pero tenemos la obligación moral de marcarlas", sostuvo.
Los cuestionamientos del FA
El Frente Amplio apuntó contra el gobierno por la presunta creación de un monopolio de hecho en favor de una empresa privada, argumentó sobre la inconstitucionalidad del acuerdo, la falta de información y la “pérdida de soberanía nacional”.
“No puede ser que el gobierno haya dispuesto conceder a una multinacional extranjera, por 12 períodos de gobierno, parte central de su razón de ser como es la operativa portuaria. Es el mayor acto de entrega de soberanía nacional de la historia reciente”, señaló Carrera.
Entre las preguntas que planteó el senador, recordó que Heber mencionó el 21 de abril ante la comisión de Transporte tres informes jurídicos que respaldaban el acuerdo: uno de Augusto Durán Martínez, otro de Carlos Delpiazzo y un tercero de Ferrés. Pocos días después, en una entrevista radial, mencionó también otro de Graciela Ruocco.
Sin embargo, Carrera advirtió que esos informes nunca fueron presentados y, en ese contexto, cuestionó el papel de estos expertos en las negociaciones. “Este acuerdo es indigno, inmoral, inconstitucional, ilegal e inconveniente”, aseguró.
Pero, además, el frenteamplista sostuvo que los argumentos de la empresa Katoen Natie eran “débiles”. Uno de esos fue la licitación para operar en los muelles públicos de 2008 en la que Montecon, competidora de Katoen Natie en el puerto de Montevideo, quedó descalificada por presentar dos propuestas en un mismo sobre. Esa licitación fue dejada sin efecto a pesar de que había otras ofertas.
“Fue dejada sin efecto porque el Tribunal de Cuentas de la República observó el procedimiento. Todos los operadores portuarios tienen permiso para los muelles públicos”, sentenció. Montecon fue habilitada, después de esa licitación trunca, a operar con contenedores en esos muelles.
Bastante antes que avanzara la sesión Carrera dio por concluida la instancia. "El ministro no respondió ninguna de las preguntas", dijo.
Según las cuentas del Frente Amplio, el Estado resigna por este acuerdo US$ 2.000 millones en tarifas portuarias. Al mismo tiempo, aseguró Carrera, Katoen Natie se valorizó en más de US$ 1.000 millones desde que el acuerdo fue confirmado el 25 de febrero.
El senador frenteamplista también cuestionó que el acuerdo, además, comprometa por lo menos a dos generaciones de uruguayos. "Cuando termine voy a tener 103 años", dijo. "Ya no estaré aquí para verlo", agregó.
El juicio que Katoen Natie le planteaba al Estado, según expuso la empresa ante la comisión, se amparaba en el tratado de protección de inversiones firmado en 1991 entre Uruguay y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. Según la empresa, Uruguay incumplió cuatro obligaciones dispuestas en ese tratado: la de proporcionar a Katoen Natie un “trato justo y equitativo”; la de no tomar “medidas discriminatorias” que obstaculizaran inversiones; la de respetar los “compromisos asumidos” en un principio; y la de “no expropiar la inversión ni tomar medidas con un efecto similar sin compensación”.
El centro de la argumentación de Katoen Natie consiste en señalar que al momento de buscar oferentes para la subasta de 2001, en la que la empresa belga fue la ganadora, el Estado uruguayo se comprometió a que el ganador quedaría a cargo de la única terminal especializada de contenedores.
El Frente Amplio, en tanto, insistió con que el nuevo acuerdo es inconstitucional porque se genera un monopolio de hecho al darle la prioridad absoluta de buques de contenedores sin una ley que lo avale. Es que, según la visión de la oposición, se viola el artículo 85 de la Constitución que establece que es la Asamblea General la que puede crear monopolios.
Carrera, que fue sacando apuntes en pequeños papeles que luego iba descartando cuando le respondía a Heber, aseguró que Uruguay tiene “juicios seguros por delante” no solo de Montecon sino de otras empresas que fueron excluidas de operar en el puerto.
La defensa del gobierno
Heber recordó que la empresa belga Katoen Natie había dejado de invertir en el puerto por la incertidumbre generada, que quiso vender pero no pudo concretarlo por las acciones del Poder Ejecutivo, y que el acuerdo alcanzado trae consigo la inversión más importante de la historia en el puerto de US$ 455 millones en los próximos cinco años.
Esa inversión permitirá recibir barcos de hasta 400 metros que en la actualidad el puerto no puede recibir (tampoco de 300 metros). “Queremos captar la carga grande para competir con los otros puertos”, aseguró.
En ese marco, recordó también que desde la gestión del exministro de Transporte Enrique Pintado el Frente amplio tuvo conversaciones con la empresa para extender la concesión. En esas negociaciones, según los documentos que manejó Heber, el Frente Amplio buscaba una inversión de US$ 250 millones y planeaba extender por 20 años más la concesión.
Uno de los momentos más tensos de la sesión fue cuando Heber le recordó a Carrera que lo había acusado de “dolo” en una conferencia de prensa que concedió en los días previos, y pidió que vaya al juzgado.
“Yo eso no lo admito ni a él ni a nadie. Que vaya al juzgado porque no se puede estar tan suelto de lengua. Sí veo que quien grita en la pulpería calla en la comisaria”, aseguró el secretario de Estado.
Ferrés, por su parte, aseguró que durante la transición en conversaciones con el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, la administración anterior recomendó negociar con la empresa. Fue entonces que Heber aseguró que había “hablado” con Toma y que le había pedido permiso para citarlo.
“¿En el Frente Amplio no hablan con Toma? ¿Están peleados? Yo fui a hablar con él (…) me dijo que no era conveniente ir a juicio y me dijo que podía citarlo y lo estoy diciendo”, aseguró en sala.
Fue el senador frenteamplsita Oscar Andrade quien contestó esta acusación. "Toma dijo que en lo posible se evite el juicio. De ahí a conceder un monopolio desregulado por 60 años hay una gran diferencia", apuntó.
Heber también aludió a un "escrito" de su antecesor en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, que advirtió que Uruguay "no podría" ganar un eventual juicio.
El ministro nacionalista, que también insistió en citar declaraciones públicas del expresidente de la ANP, Alberto Díaz, en cuanto a que TCP "no configuraba un monopolio", aseguró que solo la escala permitirá "licuar los costos fijos" y eso solo se podrá generar compitiendo con otros puertos. Licuar esos costos, a la vez, permitirá, según el ministro, rebajar las tarifas que se le cobra a los exportadores.
Con nombre y apellido
Tal como lo había adelantado El Observador, Heber anunció durante la sesión que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley, elaborado por el Partido Colorado, para la creación de un ente regulador de la actividad portuaria.
Dirigentes colorados consultados por El Observador ratificaron su postura crítica sobre el acuerdo alcanzando con Katoen Natie, del que recién tomaron conocimiento cuando el presidente lo anunció el 2 de marzo ante la Asamblea General.
"No parece lógico que la Administración Nacional de Puertos, que socia de la empresa en la Terminal Cuenca del Plata, sea juez y parte", sostuvo, en un tono más moderado, el senador Tabaré Viera (Batllistas).
Para Heber, el proyecto "coadyuva" a la intención de fomentar la competencia. "Tiene nombre y apellido", contraatacó apuntó Carrera, para el que la iniciativa colorada "es la prueba de que en el puerto se configura un monoplio privado".
