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Errores que paga toda la población

El acuerdo que solucionó el largo conflicto con los funcionarios judiciales cierra costosamente otro de los muchos errores financieros del gobierno anterior

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06 de enero de 2018 a las 10:28

El acuerdo que solucionó finalmente el largo conflicto con los funcionarios judiciales cierra costosamente otro de los muchos errores financieros del gobierno anterior, que seguirán devorando recursos fiscales con cargo al bolsillo de todos los uruguayos. Además del despilfarro improductivo en otras áreas, como la educación pública, el problema con los judiciales se agregó al manejo de Pluna y del Fondes durante el período presidencial de José Mujica. Con Pluna se perdieron decenas de millones de dólares por ignorar el curso lógico de vender de inmediato los aviones Bombardier y, en medio de enredos y traspiés, por el empecinamiento de Mujica en crear una minúscula sucesora cooperativa que murió por inviable poco después de nacer, como era inevitable y predecible. El costo se siguió pagando en las cuotas al Scotiabank por el precio original de los Bombardier.

Otras tantas pérdidas millonarias generó el Fondes por la concesión al barrer de créditos a empresas cooperativas, sin atender informes de los propios técnicos del gobierno que desaconsejaban invertir en emprendimientos sin perspectivas razonables de éxito, como fue el caso de Alas Uruguay y varios otros. Este gravoso tema sigue abierto con el absurdo proyecto de ley de la administración actual que concede una prioridad arbitraria y autoriza sobreprecios a las cooperativas en las compras del Estado, en detrimento de la libertad de comercio y de todas las demás empresas que operan con organismos oficiales.

El caso de los judiciales fue un ejemplo de ignorancia oficial. Aparentemente nadie se percató que cuando se aumentaron los salarios de los ministros en 2010 se producía el legal incremento similar en cascada a todos los integrantes del Poder Judicial. La administración Mujica trató de frenar el efecto de su traspié con dos leyes, que fueron declaradas inconstitucionales. La consecuencia ha sido que, además de una deuda con los judiciales de alrededor de US$50 millones, el gobierno actual, para cerrar siete años de conflicto, les acordó un aumento salarial del 18,8%, porcentaje desmesurado que duplica la evolución del Índice Medio de Salarios en 2017.

La imprevisión oficial que desató el conflicto con los judiciales, el horrendo manejo del caso Pluna y el desaprensivo despilfarro del Fondes le costaron al país un centenar largo de millones de dólares. Esta pérdida, claramente evitable en cualquier gobierno medianamente competente, agravó el descuidado manejo de los ingresos públicos por las administraciones frenteamplistas durante la década de bonanza exportadora que terminó en 2013. Y fue una de las causas de los recaudatorios mandobles fiscales que castigan a la población desde hace más de un año, con aumentos de impuestos y tarifas de servicios públicos para paliar escasez de recursos públicos esfumados en ineficiencias. El ministro de Economía, Danilo Astori, acaba de asegurar que no habrá más incrementos tributarios este año. Pero con el antecedente de que lo mismo había prometido el presidente Tabaré Vázquez para todo su período y que las finanzas públicas siguen enfrentando el fantasma del déficit fiscal, es aconsejable tomar con pinzas el compromiso de Astori de no volver a subir tributos que, si se quiere ser justos con los uruguayos, en realidad tienen que bajar.

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