Estados Unidos desclasifica archivos sobre violencia en Perú que revelan crímenes de Estado

La CVR fue creada en junio de 2001 y dio su informe final en agosto de 2003, tras tomar testimonios a cerca de 17.000 personas afectadas por hechos de violencia armada, tanto de las Fuerzas Armadas, como de grupos paramilitares y de la insurgencia de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

Por su parte, el Archivo de Seguridad Nacional, una organización sin fines de lucro, lleva 38 años presionando para que las agencias de Estados Unidos den al público distintos documentos confidenciales. En esta ocasión se trata de distintos cables sobre Perú.

Uno de ellos, del Centro Nacional de Evaluación Exterior de la CIA, pone en evidencia que esa agencia de inteligencia subestimó el poder del grupo Sendero Luminoso durante su surgimiento en los primeros años de la década del ochenta.

Según se desprende de algunos de esos archivos, la CIA creyó que ese grupo liderado por Abimael Guzmán, muerto en prisión en setiembre de 2021, constituía una amenaza menor para el gobierno del entonces presidente Fernando Belaunde Terry, quien estuvo en el Ejecutivo entre 1980 y 1985.

El archivo dice textualmente: Sendero Luminoso “seguramente sería destrozado en algún enfrentamiento con el Ejército”. Otro de los documentos, un informe de la Oficina de Evaluación de Investigaciones e Inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 3 de octubre de 1984, dice lo contrario.

El Departamento de Estado advertía que “las fuerzas armadas no parecen capaces de ganar militarmente y pueden verse tentadas a intentar aniquilar físicamente a Sendero Luminoso eliminando a todos los sospechosos de ser miembros o simpatizantes”.

Otro de los archivos desclasificados, fechado el 24 de mayo de 1988, es muy crítico de una figura clave del gobierno del presidente Alan García, sucesor de Belaúnde Terry. El documento se refiere a Armando Villanueva del Campo, un político del Partido Aprista Peruano que fue jefe del Consejo de Ministros en el primer gobierno de García.

Diez días antes, el 14 de mayo de 1988, un grupo de militares había secuestrado y desaparecido a 40 personas en una comunidad de la región Ayacucho. Se trató de una represalia ilegal por una emboscada donde murieron cuatro militares. Luego fueron identificados 33 cuerpos mientras que siete personas están desaparecidas desde entonces.

Ese trágico acontecimiento se lo conoció en Perú como el caso Cayara. Según el informe, Villanueva del Campo respaldó la versión de los altos militares de que no había sucedido una masacre y habría comentado “que no le importaba si el Ejército ejecutaba a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso que capturaba, siempre y cuando dichas ejecuciones se lleven a cabo discretamente”.

Villanueva del Campo aseguró en ese momento que cualquier investigación de la oposición sobre el caso Cayara “sería inmediatamente derrotada”. A 35 años, los familiares encontraron una reparación en la Justicia: los militares responsables de la masacre fueron sentenciados a entre 8 y 15 años de cárcel.

Otro caso al que se refieren los documentos revelados es la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un hecho que se extendió entre diciembre de 1996, cuando se produjo la toma y abril de 1997, cuando un cruento operativo militar logró la liberación de los rehenes.

La acción militar no ahorró sangre de los miembros del MRTA que se entregaron con vida. Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, del 10 de junio de 1997, corrobora esos asesinatos y da cuenta de que el entonces presidente Alberto Fujimori, sucesor de Alan García, dio “la orden de no capturar a ningún emerretista con vida”.

El documento desclasificado “describe como uno de los comandos militares de la operación de rescate reconoció a Rolly Rojas, miembro del MRTA, apodado El Árabe, entre los rehenes que estaban sacando de la residencia. Lo detuvo, lo llevó otra vez a la residencia y le disparó en la cabeza”.

Luego colocó “su cuerpo junto a su líder Néstor Cerpa Cartolini, quien había sido asesinado durante el fuego cruzado”. Ese archivo también dice que una mujer del MRTA “fue ejecutada tras entregarse a las fuerzas de seguridad”.

Otros archivos refieren al surgimiento del escuadrón de la muerte, el comando paramilitar Rodrigo Franco. Eso fue durante el gobierno de Alan García, entre 1980 y 1985. Ese comando “fue creado para eliminar a presuntos terroristas”.

También brinda un informe sobre el asesinato y descuartizamiento de Mariela Barreto, una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, sucedido en 1997 a manos de sus excompañeros del Grupo Colina, que también era un comando paramilitar.

En junio pasado, el asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 23 años de prisión ya que la Justicia lo encontró como el autor mediato del crimen.

El propósito de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue “alentar a los peruanos a enfrentar el pasado violento, aceptar lo ocurrido y tomar medidas necesarias para garantizar que la historia no se repita”.

El Archivo de Seguridad Nacional además de dar a conocer los documentos secretos hace hincapié en que la actual crisis política del país gobernado de facto por la presidenta Dina Boluarte “demuestra que el legado del pasado violento del Perú todavía está muy presente”.