Estafa: ¿cómo hizo un preso del Comcar para robarse US$ 10 mil?

Según publicó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom), con el apoyo logístico de otras cuatro personas fuera de la cárcel  -dos hombres y dos mujeres-, estafó a varias víctimas de distintos departamentos por una suma cercana a los US$ 10.000. "Sin embargo, se han constatado movimientos de dinero que superan las sumas de US$ 24.000 y $ 1.326.926 cuyo origen al momento se desconoce", agrega el comunicado oficial.

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Las denuncias se hicieron cuando los estafados cayeron en la cuenta de que jamás recibirían las mercancías, y la investigación fue llevada adelante por parte de la fiscalía de Mercedes. El imputado se llama Sergio Pablo Panizza Dangelo, quien según Subayado ya había cometido una estafa similar en 2014, también estando preso. Ahora fue condenado por un delito de asociación para delinquir especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración junto con un delito continuado de estafa y  la Justicia le sumó al recluso otros tres años de cárcel.

A uno de los otros cuatro se lo condenó por un delito de lavado de activos; y a los tres restantes, por un delito de asociación para delinquir especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa. Todos fueron a prisión por dos años y cuatro meses.

Este es el segundo caso de una estafa liderada por un interno del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en pocas semanas, y es un tema que tiene preocupadas a las autoridades, según dijo a El Observador el director de INR, Alberto Gadea.

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El episodio anterior, a cargo de la fiscalía de Young, se resolvió a fines de diciembre del año pasado. En esta oportunidad, fue un preso de la Cárcel de las Rosas que empleaba varios celulares para engañar a hombres a los cuales los extorsionaba para que le giraran dinero. El recluso utilizaba ocho teléfonos celulares para engañar y amenazar a sus víctimas haciéndose pasar por una mujer joven dispuesta a mantener una conversación erótica con sus víctimas. Entonces les decía que en realidad era una adolescente de 13 o 14 años, que su madre había descubierto la situación, y luego se hacía pasar por esa madre o incluso por un comisario que reclamaba recibir ente $1.000 y $15.000 a cambio de no informar al fiscal sobre las conversaciones mantenidas con la supuesta adolescente. 

"Para nosotros estos casos son siempre una preocupación, sobre todo porque hay muchas personas afectadas", lamentó Gadea.

El comisionado para las cárceles, Juan Miguel Petit, dijo a El Observador que estas conductas, al igual que otras que develan la crisis del sistema penitenciario -como las peleas internas, homicidios y motines- se deben principalmente "al gran agujero negro" que representa la "falta de actividad" que tienen los reclusos, entre otras carencias y deficiencias estructurales.