"Coya adjudicó una obra de US$ 64 millones sin pasar por directorio". La cita es el título de un
artículo del diario El País publicado el viernes 23 de junio y que derivó en que este jueves el periodista de ese medio Daniel Isgleas, debiera comparecer por casi dos horas ante el Juzgado Penal de 18º Turno por una demanda penal presentada por el expresidente de
ANCAP, José Coya. La
demanda fue tanto contra el periodista como contra el medio y su director Washington Beltrán Storace, quien dos días después escribió una editorial sobre el tema titulada
"El despeñadero interminable".
Al otro día de que Coya concurriera a la Comisión Investigadora sobre la planta regasificadora, el periodista publicó una nota en la que informaba que el exjerarca de ANCAP había decidido, sin una resolución previa del directorio del ente, adjudicar a la constructora brasileña OAS la obra de US$ 64 millones para la
construcción de un gasoducto que conectara la proyectada regasificadora con el ya existente gasoducto Cruz del Sur. Para Coya, el artículo en cuestión y la editorial de El País publicada dos días después representan un daño a "su honor", según manifestó uno de sus abogados en la audiencia, y realizó la demanda por injurias y difamación.
La
defensa del periodista y el medio argumentó que la denuncia penal "lo que persigue en definitiva es generar miedo, temor en los periodistas, procura que la sola amenaza de perder la libertad, implique una suerte de autocensura" y tiene una "finalidad intimidatoria clara".
Por todo eso, consideró que se trató de un "ataque a la libertad de expresión", según manifestó en la audiencia, que fue pública porque estuvo amparada en la ley de prensa. Ignacio Durán, uno de los abogados de Coya, respondió que "la única finalidad que motivó el inicio de estas actuaciones es la protección a la esfera íntima de una persona intachable como lo es el señor Coya, en donde en ningún momento se utilizó este mecanismo como amenaza para callar a nadie".
Por su parte, la fiscal Gabriela Fossati preguntó si no se podía llegar a una medida que fuera conveniente para ambas partes. Pero la respuesta fue contundente: a esa altura, ya no. Eso dejó por fuera la conciliación y marcó el inicio de un juicio por el que tendrán que comparecer en una nueva audiencia para que el juez Huberto Álvarez tome declaración a denunciado y denunciante.
A pesar de esa instancia, Coya insistió en hablar sobre el final de la audiencia. "Estoy a cuatro días de cumplir 57 años y algo así como 38 años en ANCAP y por primera vez en esta historia particular mía laboral encuentro una falsedad absoluta desde el punto de vista de ese titular que dice que yo adjudiqué la obra por US$ 64 millones", dijo y se molestó, con Álvarez cuando el magistrado intentó explicarle que eso debía manifestarlo en una segunda citación, para la que todavía no hay fecha. A su vez, el juez pidió oficios a ANCAP y Gas Sayago que serán agregados como prueba documental.
Si bien el juez todavía no los había citado, se presentaron ante el juzgado y declararon como testigos el periodista Danilo Arbilla y el diputado nacionalista Pablo Abdala.
Abdala es mencionado en la nota de Isgleas y fue consultado por el director del diario El País para la editorial también cuestionada. El diputado aseguró ante el magistrado y la fiscal que "la información que publicó El País refleja lo actuado el día anterior en el ámbito de la comisión y fue difundida en similares términos por otros medios".
Abdala explicó que no consultar al directorio en una primera instancia, como se sostiene en el artículo, no es ilegal, a pesar de que lo considera una decisión "inconveniente". El diputado destacó que la decisión la tomó ANCAP pero con el apoyo de Coya y que sin ese aval "la adjudicación definitiva resultaría impracticable".
