El viernes, en la localidad de Tlahuelilpan (estado de Hidalgo), un ducto de combustible de la petrolera estatal Pemex fue perforado por delincuentes de manera clandestina. Eso generó una gran fuga, similar a un géiser, lo que hizo que alrededor de 700 pobladores de la zona se acercaran con baldes y bidones para recolectar gasolina. Todavía por causas desconocidas, el ducto explotó.
Las autoridades culminaron este domingo las labores de búsqueda de víctimas por el estallido y según el último conteo, el número de muertos asciende a, al menos, 79 personas. Por otro lado, un censo hospitalario indica que 66 personas continúan internadas tanto en Hidalgo, como en entidades vecinas, mientras que los casos más graves fueron trasladados a la capital, pues exigen cuidados más complejos.
"Hay pacientes graves con quemaduras de mas de 80% (del cuerpo) y que desde luego tienen compromiso en sus tejidos internos, en sus órganos que les prevén un pronóstico reservado", dijo el ministro de salud de México Jorge Alcocer en conferencia de prensa.
En Tlahuelilpan solo se ven soldados del ejército mexicano resguardando el perímetro del desastre. Afirman que las labores de búsqueda terminaron desde la noche del sábado.
Los funerales de varios fallecidos han empezado a celebrase, aunque la entrega de cuerpos a los familiares se ha hecho en cuentagotas porque se están haciendo pruebas de ADN que permitan identificarlos. El fiscal de Hidalgo, Raúl Arroyo, dijo la tarde del sábado que la gravedad de las quemaduras de 54 de los fallecidos ha impedido su identificación, advirtiendo de la necesidad de las pruebas genéticas.
En el lugar del desastre ya no hay familiares ni curiosos, solo se ve maleza quemada.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz, dijo que continúan evaluando hipótesis sobre las causas de la explosión del ducto. Consultado sobre si los heridos serán considerados sospechosos en la investigación por haber estado saqueando una instalación estatal, Gertz dijo que no van a "victimizar a las comunidades".
"Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia, victimizar a toda la población bajo una hipótesis genérica no es la función ni está establecido dentro de la ley", afirmó.
El desastre ocurre cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica una estrategia para combatir el robo y tráfico de combustible, conocido popularmente como "huachicoleo", delito que genera al Estado pérdidas anuales por unos 3 mil millones de dólares, según datos oficiales.
(Basado en agencias)
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