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¿Explotación sexual o prostitución? Fiscal explicó por qué pidió imputar a dueño de una whiskería en Durazno
La fiscal del caso de explotación sexual en una whiskería del pueblo Centenario en Durazno, Alicia Ghione, explicó por qué se imputó al propietario del local, después de que el abogado del hombre alegara que las mujeres que trabajaban en el local nocturno lo hacían voluntariamente y sin beneficios “por lo que la chica arreglaba con el cliente”.
Ghione dijo a El Observador que el imputado de 44 años "claramente les cobraba por cliente y por el tiempo". Además, "multaba" a las mujeres si se iban de la whiskería con el cliente e incluso les cerraba las puertas de las habitaciones del local para que no se pudieran marchar.
El jueves 1 de diciembre, el departamento de Investigación de Delitos Especiales allanó el local donde 17 mujeres mayores de edad eran explotadas sexualmente a la vez que vivían allí. Según el abogado Nicolás Ghizzo, su cliente era dueño de dos padrones. En uno funcionaba la whiskería sin la habilitación correspondiente debido a los “atrasos” por Covid (afirma que estaba en proceso de regularización), y en el otro había varias habitaciones para los encuentros sexuales.
Ghizzo dijo a El Observador que “en la carpeta de investigación están todos los audios (de whatsapp). Todas (las víctimas) declaran a favor de él porque nadie las ha tratado como él”. Sin embargo, la fiscal dijo que eso simplemente "no es así".
La fiscal explicó que antes del allanamiento solo hablaron con dos mujeres, debido a lo delicado de hablar con víctimas antes de un procedimiento, y que todavía faltan las declaraciones de más víctimas. En cualquier caso, afirmó que no hay mujeres que hayan manifestado que quieran declarar a favor del imputado.
El abogado del hombre también había señalado que su cliente cobraba $300 por la media hora de alquiler del cuarto y se quedaba con el 50% de la consumición de la copa en el bar. Ghizzo aseguró que el imputado no recibía dinero de lo que las mujeres arreglaran con los hombres que visitaban City Night. “No participa ni tiene beneficios por lo que la chica arreglaba con el cliente”. También afirmó que las mujeres que trabajaban allí tenían la opción de ir a un hotel si así lo deseaban.
La fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género señaló que no es cierto lo que dijo Ghizzo y que es lo que siempre dicen los abogados defensores en casos de explotación sexual. Según la fiscal, el imputado "claramente les cobraba por cliente y por el tiempo"; "multaba" a las mujeres si se iban de la whiskería con el cliente e incluso les cerraba las puertas de las habitaciones del local para que no se pudieran marchar.
Ghione imputó al hombre el viernes 2 como “presunto autor de reiterados delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual” junto a “un delito de tráfico de armas y municiones”, con 120 días de prisión preventiva. Durante el allanamiento de su casa, la policía encontró US$ 210.882,96, una pistola de calibre 9 milímetros, tres cargadores de pistola y municiones, seis celulares, entre otros elementos.
El abogado reconoció en la audiencia que su cliente tenía el arma en infracción ya que no hizo la transferencia de la escritura al momento de la compra ni tiene la licencia de porte de armas. Por otro lado, respecto a los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, Ghizzo apuntó a que la norma establece que para que se configure ese delito tiene que haber “reclutamiento y captación con fines de explotación”.
La fiscal explicó que no tiene que probar "todos los verbos nucleares", en referencia a reclutar, captar y explotar. Ghione recordó que lo imputó por "explotación sexual". Aun así, sobre los otros "verbos nucleares", la fiscal indicó que el imputado "les compraba pasajes" a las mujeres para que fueran hasta pueblo Centenario –muchas de ellas eran de Montevideo–. "Es interpretable como todo", reconoció la fiscal, pero indicó que de esta forma, las mujeres quedaban en una posición de deberle al hombre.
Ghione recordó que continúa la investigación. Todavía hay teléfonos y documentos para analizar, así como declaraciones por tomar. Todavía falta que vayan algunas víctimas a Fiscalía. Al respecto de éstas ,aseguró que la Unidad de Víctimas de Fiscalía estuvo trabajando con ellas incluso "desde antes del allanamiento", pero reconoció que tienen "dificultades" para que las víctimas se acerquen al ministerio público. Hay que generar "confianza", explicó.
