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Exportadores se reunieron con Lacalle Pou por tarifas del puerto
La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) se reunió este jueves con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Al igual que en otras reuniones que la gremial ha tenido con distintos ministerios, la necesidad de mejorar la competitividad del país fue el punto central del encuentro.
La gerenta general de UEU, Teresa Ahishemberg, dijo a El Observador que se enumeraron “los obstáculos” que se considera “hay que sortear” para poder aumentar la colocación de productos en el exterior, más allá de la recuperación que se está observando en la primera parte de este año.
“Tienen que ver con los costos del país, con tener un puerto competitivo con la región, está el acceso a los mercados, y también le planteamos el tema de una estrategia a mediano y largo plazo”, afirmó.
Consultada por el nuevo acuerdo que el gobierno cerró hace algunas semanas con Katoen Natie para extender la por 50 años la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo, Aishemberg señaló que el punto formó parte de la reunión. Según dijo, todavía se está “desmenuzando” el capítulo que refiere a las tarifas y no se tiene un análisis terminado para hacerlo público.
En el marco del acuerdo global por la extensión el a concesión hasta 2081, Katoen Natie se comprometió ante el Poder Ejecutivo a reducir de inmediato en 20% las tarifas para los exportadores y luego avanzar en otro 10% adicional a medida que se cumplan menta de aumento de la operativa en esa terminal. Los exportadores tomaron este anuncio con cautela.
Al margen de esa situación, el nuevo esquema que se plantea para la operativa de los buques portacontenedores no cayó bien entre algunos exportadores, según supo El Observador.
Entre otros puntos, el acuerdo anunciado hace algunas semanas establece que los barcos con contenedores deberán ir a TCP, y solamente cuando no tenga capacidad se determinará que pasen a otras instalaciones (muelles públicos).
“Solo con escala vamos a poder bajar las tarifas”, dijo Heber
Una delegación del Poder Ejecutivo compareció el miércoles en la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores, donde presentó los aspectos jurídicos del acuerdo firmado. El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferré, sostuvo que a la luz de la normativa que reguló la TCP y los otros decretos, “la única terminal especializada” que tiene el título habilitante de la concesión y que tiene un régimen jurídico que así lo determina, es Terminal Cuenca del Plata. “Solo esta es la que tiene la habilitación jurídica requerida para operar los contenedores como terminal especializada”, afirmó según la versión taquigráfica de la reunión a la que accedió El Observador.
El funcionario agregó que dada la importancia que tiene la terminal de contenedores “se ha producido una delicada tensión” entre la libre competencia y la eficacia requerida para que la actividad portuaria sea acorde al desarrollo del país. En ese sentido, dijo que a los efectos de introducir competencia en las terminales especializadas, distintos gobiernos consideraron en años anteriores la posibilidad de construir una segunda terminal, pero por distintos motivos, entre ellos la falta de interesados, nunca se concretó.
“Más allá de los estudios de factibilidad y de regulación económica que se puedan realizar, podría entenderse que existe un monopolio natural o económico –no de derecho, pero sí natural o económico– en el sentido de que cuando se quiso introducir un proceso competitivo para adjudicar otra terminal especializada no hubo oferentes”, afirmó el funcionario.
Por otro lado, dijo que luego de analizar la normativa y estudiar distintas sentencias anteriores favorables a TCP, que además involucraba a las grúas pórtico, “se estimó conveniente y prudente” el inicio de negociaciones con la finalidad de llegar a un acuerdo. Según dijo, había “un riesgo real” de que el Estado uruguayo tuviera “un fallo adverso” en un juicio internacional.
A su turno, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, dijo que la situación del puerto “era irregular por calificarla suavemente”, y que la actuación en los muelles públicos de otra empresa (Montecon) “era ilegal”. El ministro insistió en que para otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para servicios portuarios necesariamente se debe tener la aprobación del Poder Ejecutivo, y que eso no ocurrió porque era la Administración Nacional de Puertos la que otorgaba los permisos.
En otra parte de presentación, Heber señaló que el puerto tiene que ir hacia terminales especializadas: una de granos, una de pesca, una de celulosa y otra multipropósito. Las autoridades manejan la posibilidad de concesionar el muelle C por la vía de un remate.
“Es muy importante tener presente el tema de la escala. ¿Por qué? Porque solo con escala nosotros vamos a poder bajar las tarifas; solo si tuviéramos cuatro barcos de cuatrocientos metros de eslora al mismo tiempo tendríamos la posibilidad de bajarle sustancialmente las tarifas al exportador. (…) Quiere decir que nuestra visión es ir hacia una terminal de contenedores que genere una concentración no solamente nacional, sino regional para encontrar la escala necesaria que nos permita bajar tarifas al exportador y al importador en nuestro país”, afirmó Heber.
Los representantes del Frente Amplio insistieron con que la información proporcionada es insuficiente y plantearon acceder a toda la documentación y los informes jurídicos del expediente.
