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FA pide información a Ministerio del Interior y cancillería tras conceder pasaporte a narcotraficante que busca Interpol
Senadores del Frente Amplio realizaron una solicitud de acceso a la información a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para conocer el trasfondo de la resolución que concedió el pasaporte al narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, actualmente requerido por Interpol. El escrito fue firmado por los legisladores Daniel Caggiani, Charles Carrera, Alejandro Sánchez, Sandra Lazo, Sebastián Sabini y José Carlos Mahía.
Entre las consultas, los parlamentarios piden conocer el proceso administrativo que siguen las autoridades previo a conceder un pasaporte a una persona residente en el exterior, al tiempo que solicitan información sobre la situación legal del delincuente en ese entonces. Según lo expuesto en el pedido, su intención es informarse sobre si Marset Cabrera contaba con una requisitoria o tenía una notificación roja por parte de Interpol -lo cual le hubiera imposibilitado acceder a la solicitud- al momento de iniciar la tramitación.
De acuerdo al artículo 27 del decreto Nº129/014, el pasaporte del narcotraficante pudo ser emitido ya que este no contaba en ese momento con causas pendientes, procesos judiciales abiertos o una requisitoria a nivel nacional.
Otra de las interrogantes refiere a la fecha de expedición del documento. Según supo El Observador, este fue emitido por la Dirección Nacional de Identificación Civil el pasado 25 de noviembre y luego remitido a Cancillería para la entrega.
Por otra parte, los legisladores preguntan si el narcotraficante solicitó un pasaporte en 2019 y, en caso de no haberlo obtenido, solicitan conocer el motivo de la negativa.
Marset Cabrera inició el trámite desde la cárcel y obtuvo su pasaporte uruguayo en noviembre. Esa fue una de las razones que antepuso su abogado para pedir que posteriormente sea liberado al entender que no suponía un riesgo ni era un delincuente de relevancia si su propio país le autorizaba la documentación. Y así lo consiguió.
Sin embargo, luego de quedar libre, autoridades paraguayas le confiscaron bienes de más de US$ 100 millones a una organización criminal -en lo que supuso el mayor operativo del país contra el crimen organizado- de la que la Justicia de ese país lo acusa como uno de los cabecillas. A su vez, la policía uruguaya lo investiga desde 2018, consignó el semanario.
