El Frente Amplio (FA) se sacó el peso que le atribuye el gobierno en la discusión por la reforma de seguridad social y argumentó que "resulta imposible opinar sobre un proyecto de reforma que se desconoce" y que "es responsabilidad del gobierno, que es mano y debe mover".
En la declaración de su Mesa Política, la coalición de izquierda dijo que "luego del referéndum, y tras meses de silencio" el oficialismo volvió a hablar de esta reforma, de su necesidad, pero que ahora condiciona el avance al apoyo del FA; con los integrantes del gobierno "preocupados por el costo político que implicaría la reforma".
Varios senadores oficialistas ya declararon públicamente que no están dispuestos a aprobar la reforma sin el apoyo de la oposición por el costo político que implicaría e incluso en el gobierno tienen decidido sondear al Frente Amplio antes de enviar el proyecto al Parlamento.
"Es el gobierno el que debe definir el contenido de la propuesta de reforma que entiende debe realizarse, dejando de lado los cálculos políticos. La propia Constitución de la República establece que este es un tema en el que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa privativa. En este momento es responsabilidad del gobierno, que es mano y debe mover", afirmó.
En el documento acordado este lunes 9, la fuerza política aseguró que esa fue su forma de actuar cuando estuvo en el gobierno, "llevando a cabo reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera de diversas Cajas y Servicios estatales del sistema, que implicaron costos políticos que asumió en solitario, ante la negativa de los entonces partidos de oposición que decidieron no acompañar estas iniciativas".
En el mismo sentido, el FA aseguró haber sido "muy claro" sobre la necesidad de realizar "una reforma global del sistema", en las "distintas resoluciones" que adoptó al respecto y en los "documentos técnicos que fundamentaron el voto en contra" de su delegación en la Comisión de Expertos (CESS).
Recordó que en marzo de 2021 señalaba esto "con precisión, planteando la necesidad de atender simultáneamente la sustentabilidad social y financiera del sistema", cuando decidió no acompañar el documento de diagnóstico de la CESS.
De todas formas, el FA señaló que "la posición que tuvieron los técnicos del gobierno en la CESS" y las recomendaciones que de allí surgieron, “no son vinculantes al decir del Presidente de la República" y que el propio documento de la comisión aclara que su contenido “no representa necesariamente la posición de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, ni la del Poder Ejecutivo”".
Por lo tanto, para la coalición de izquierdas, el gobierno debe decidir el contenido de su reforma. "Resulta imposible opinar sobre un proyecto de reforma que se desconoce", sostuvo.
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