En conclusión, el promedio de antigüedad de los tres servicios de radioterapia públicos que están activos en el país es de 18,3 años, cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estableció en su manual práctico de 2010 que la vida útil de los equipos no puede superar la década, aunque hay otras publicaciones que conceden que ese límite puede marcarse hasta los 12 años.
“El (equipo) que se encuentra en funcionamiento actualmente tiene 26 años de vida útil y presenta fallas técnicas habituales que generan la interrupción de los tratamientos e insume un gasto considerable en cada reparación”, escribió Victoria Lafluf, directora del Centro Hospitalario del Hospital Pereira Rossell, en un correo electrónico enviado el 29 de mayo de este año a Blauco Rodríguez, director de la Región Sur de ASSE. El mail forma parte de una serie de documentos enviados a El Observador por parte del prestador de salud público, en respuesta a un pedido de acceso a la información, en el que se requería conocer en qué estado se encuentran los centros de radioterapia de los servicios estatales.
Fuentes de ASSE señalaron que la situación descrita por Lafluf respecto al acelerador del Pereira Rossell bien puede aplicarse para los equipos del INCA y del Hospital de Tacuarembó. De hecho, el fabricante Varian ya comunicó que no podrá asegurar con total certeza la provisión de los repuestos para los aceleradores Clinac que usan estos tres hospitales.
La licitación
El retraso en el recambio tecnológico de los tres centros tiene su origen en el pliego de la licitación pública realizada por ASSE en 2018, luego de casi 20 años sin que el Estado licitara la compra de aceleradores lineales nuevos.
El llamado se hizo con el fin de adquirir dos equipos de aceleradores duales, de alta y baja energía de fotones, y uno de baja energía. La licitación fue asignada al proveedor Tera Ingenieros SRL (que representa al fabricante Varian y que más contratos tiene en el país), y se pagó por los equipos U$S 3.750.000, como surge de la página web de compras estatales.
Sin embargo, como el pliego no lo exigía, los equipos comprados no contaban con un Sistema de Planificación de Tratamientos –un software que permite la optimización de la aplicación de las distintas técnicas de radiación–, ni con un sistema de dosimetría externo, que es parte esencial del equipamiento de cualquier acelerador de radioterapia porque permite medir la radiación emitida en los pacientes.
Aldo Quarneti, profesor titular grado 5 de la Cátedra de Oncología Radioterápica de la Udelar, elaboró este año un informe sobre el estado de situación del Servicio de Radioterapia del Pereira Rossell –del que a su vez está al frente desde 2006– en el que advertía a las autoridades sobre este doble problema: la necesidad del recambio del equipo por su antigüedad e inconvenientes técnicos, y las dificultades para llevar eso a cabo.
“Las plataformas utilizadas actualmente en el Hospital Pereira Rossell (Acelerador Lineal Varian 600) presentan múltiples limitaciones. Estas plataformas son consideradas obsoletas, (y) se realizó (una) licitación para recambio tecnológico para el Hospital Pereira Rossell, INCA y el Hospital de Tacuarembó”, escribió el catedrático en el informe dirigido a Lafluf con fecha del 26 de mayo de 2020, según la información adjuntada por ASSE.
“La licitación mencionada contempló aceleradores lineales, (pero) no se incluyeron en esta licitación, y todavía no se licitaron, los sistemas para planificar tratamiento (TPS) y los sistemas de dosimetría que aseguren que la dosis prescripta es exactamente la entregada”, agregó el catedrático en su informe, en el que también alertó: "Es altamente necesario que se instale el nuevo acelerador Lineal Unique lo antes posible, en función del deterioro progresivo que evidencia el actual acelerador lineal Varian 600 (con continuos desperfectos)".
Por otra parte, las autoridades de los servicios de radioterapia públicos no fueron consultados sobre la licitación, ni preguntados acerca de qué equipo necesitaban, tal como consta en el informe de ASSE, y fue confirmado por diversas fuentes.
Así lo expresó Álvaro Luongo, director del INCA desde 2011 hasta fines de agosto de este año –hombre cercano al expresidente Tabaré Vázquez y socio de la familia en el Centro de Oncología y Radioterapia (COR)–. "Nunca nos consultaron nada. Yo no sé si fue un problema, pero me hubiera gustado participar porque creo que soy un especialista en la materia. Dejé constancia por escrito que no participé ni fui consultado y que se podría haber incluido otras cosas. Pero el que licita es el que sabe", dijo a El Observador.
Las responsabilidades
Algo que llamó la atención de Richard Millán, gerente general de ASSE entre enero de 2016 y marzo de 2018, era que él había pedido la incorporación de cinco equipos, y no tres, como se incluyó finalmente en la licitación. Además de sustituir los tres equipos ya existentes, el objetivo era instalar uno en el Hospital de Colonia, y otro en el de San Carlos, en donde se invirtió en la construcción de un búnker que hoy se encuentra vacío. “Lo más probable es que el dinero no alcanzara”, dijo.
Millán afirmó que las decisiones las tomaron los técnicos, se refirió a la comisión asesora de adjudicaciones conformada para evaluar el pliego de la licitación y las ofertas recibidas, y concretamente mencionó a Álvaro Vázquez, hijo del expresidente y director de COR como integrante de la comisión.
En efecto, según consta en la publicación del diario oficial Nº 29.550 del 25 de mayo de 2018, Vázquez integró la comisión como asesor experto de ASSE en oncología. Ante la consulta de El Observador, aseguró que inicialmente “el proyecto era mucho más ambicioso”, y que además de la intención de incorporar cinco aceleradores lineales, también se pretendía adquirir “sistemas de planificación, material de dosimetría, sistema de calidad, (y) formación de profesionales”, entre otras cosas, y “todo en el marco de una renovación de la radioterapia de ASSE en Montevideo y en el interior”.
Pero “al iniciar el trabajo y estimar los costos, las autoridades vieron que se debía hacer por partes”. Agregó que lo que faltaba no sería un problema porque la siguiente licitación se haría “mientras se instalaban dichos equipos”.
Millán, quien subrayó la necesidad de renovar los equipos que "ya que tenían años y había que mejorarlos, sobre todo el del Pereira”, confirmó que la licitación no incluyó los programas informáticos porque “no había dinero”.
“Yo no quiero sacarme responsabilidades, pero al final yo me tendría que haber dado cuenta de si efectivamente hubo un error. Porque se mira y analiza todo”, dijo, aunque luego añadió que no estaba en sus manos haber alertado en caso de entender que había un problema, pues dejó el cargo antes de la apertura de la licitación: “Yo no aprobé, yo no adjudiqué. Yo no estaba”, afirmó.
Vázquez, en tanto, señaló que con el “cambio de autoridades” en ASSE –en marzo de 2018 Marcos Carámbula sustituyó a Susana Muñiz en la presidencia y Alarico Rodríguez a Millán en la gerencia general–, “no se retomó el tema” y se priorizó la instalación del “equipo de Tacuarembó, para el cual estaba pronto el búnker correspondiente. También se terminó la obra de San Carlos y el INCA trabajó en su búnker para poder instalar el nuevo acelerador”, añadió.
El Observador consultó a Rodríguez, pero el ex jerarca dijo que el armado de la licitación y la publicación "se debe haber hecho a fines de 2017”, antes de que asumiera el cargo.
Millán insistió: “Cuando yo me fui, todavía no se había otorgado la adjudicación. Ellos (por las autoridades siguientes) podrían haber dicho no o sí a la licitación”.
Y Rodríguez acotó: “Me consultaron si mantenía la misma comisión asesora (de adjudicaciones), porque se podía haber cambiado, y a mí me pareció que era adecuada, porque estaba Álvaro Vázquez, que había sido nombrado tiempo antes como coordinador de oncología”.
Quien no respondió a las consultas de El Observador fue Susana Muñiz, expresidenta de ASSE (2015-2018) y exministra de Salud (2010-2015).
Carámbula, en tanto, dijo que está “a las órdenes para aclarar toda la información que sea necesaria” a las autoridades actuales, algo que según sostuvo ya les comunicó.
“Nuestro asesoramiento siempre estuvo en la línea de llegar a hacer y concretar todo el proyecto completo. Sobre las decisiones de asignación de recursos no tuvimos ninguna injerencia”, concluyó Álvaro Vázquez.
Las soluciones actuales y una donación
Los elementos excluidos en el pliego –los planificadores y equipos de dosimetría sumados– valen en el mercado aproximadamente medio millón de dólares, y ahora los servicios de radioterapia están abocados a la búsqueda de ese financiamiento. Uno de los caminos elegidos, y que ya emprendió el Pereira Rossell, es a través de la cooperación internacional con la OIEA, quien invertirá parte de los recursos necesarios, pero para el actual presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, esa opción “es muy lenta” y apuesta en cambio a solucionar el problema en los tres hospitales en el correr del año que viene. “Los quiero poner a funcionar cuanto antes”, dijo a El Observador.
Cipriani informó que ya está en proceso “una licitación abreviada” para adquirir un primer equipamiento de dosimetría –denominado Fantoma–, que será móvil y podrá usarse alternativamente en los distintos servicios. Luego tiene proyectado llevar adelante las otras licitaciones necesarias para completar los dispositivos tecnológicos que faltan, y agregó que el que está más encaminado para ponerse en funcionamiento es el de Tacuarembó. En ese sentido, el director de ese centro de salud, Ciro Ferreira, indicó que este viernes 11 se abrió una licitación propia para incorporar "equipamiento de control de calidad de tratamientos complejos personalizados de cada paciente".
Vázquez, que sigue asesorando a ASSE en temas de oncología, recomendó además a Cipriani "la adquisición de un nuevo acelerador lineal para San Carlos", y que se aproveche esa licitación para "agregar el Fantoma 3D, el sistema de planificación, el material de dosimetria y de control de calidad", dijo el oncólogo y empresario.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria indicaron que la OIEA ya está en contacto con el físico Gabriel González, el nuevo director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección (ARNR), porque tiene intenciones de donar un acelerador a Uruguay, y el jerarca dijo que se necesita uno en San Carlos, en donde está el búnker sin uso.
