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Los asentamientos son una de las obsesiones del presidente Luis Lacalle

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Falta de recursos demora planes del gobierno para asentamientos

La primera apuesta del gobierno para conseguir recursos llevó más tiempo de lo esperado y ahora apuestan por el fideicomiso

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09 de agosto de 2021 a las 05:00

“Tenemos todas las herramientas, los tornillos, el armador y la madera. Pero no podemos armar el mueble porque nos falta la electricidad para que funcionen las herramientas”. Esa es la sensación que tienen algunos jerarcas en el Ministerio de Vivienda sobre los programas para erradicar asentamientos y la falta de recursos para poner en marcha las medidas aprobadas por este gobierno. 

Los recursos estarán una vez aprobada la Rendición de Cuentas, que sienta las bases administrativas para la creación de un fideicomiso que tendrá unos US$ 20 millones al año. Sin embargo, en la visión más optimista y todavía con incertidumbre sobre cuánto será el monto final por la discusión parlamentaria, ese dinero recién estará disponible a mediados del 2022, una vez superada la burocracia administrativa necesaria. 

Hasta entonces, Vivienda solo continuará aplicando en asentamientos programas provenientes de las administraciones frenteamplistas y, en algunos casos, con recortes que obligaron a reprogramaciones. Tanto en la Ley de Urgente Consideración (LUC) como en el Presupuesto, el Poder Ejecutivo aprobó una serie de medidas que no ha logrado poner en marcha en todo su potencial por la falta de recursos y la fuente de financiamiento por la que apostó inicialmente se demoró más de lo previsto. 

Es el delay de la burocracia, es lo que tiene”, dijo a El Observador el director general de Secretaría, Gabriel Albornoz, respecto a la demora de algunos procesos mediante los que el gobierno pretende conseguir recursos tanto para asentamientos como para otros programas. 

Entre las medidas vinculadas a los cantegriles está la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinysu), la exoneración de impuestos para obras en asentamientos y la flexibilización de normativas vinculadas a ordenamiento territorial. Estas últimas dos dentro de la posibilidad de declarar la emergencia habitacional que, aprobada en el Presupuesto, todavía no se ha utilizado. 

Es que si bien el Ministerio tiene la herramienta para realizar la declaración –con el objetivo de llegar con varios organismos del Estado a un asentamiento en particular– no tiene los recursos para ponerla en marcha. La Dinysu, creada en la LUC para centralizar todos los programas para personas de bajos recursos, ni siquiera tiene funcionarios para trabajar de manera adecuada. 

Los trabajadores del PMB se manifestaron en varias oportunidades en contra de los recortes

Nos encontramos ante la dificultad de la carencia de funcionarios que le permitan cumplir a dicha dirección los cometidos asignados. El Ministerio de Vivienda no cuenta con funcionarios para atender las nuevas competencias”, aseguró la ministra de Vivienda, Irene Moreira, ante la comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Por eso en esta instancia de Rendición de Cuentas pretenden aumentar el tope existente para la cantidad de pases en comisión y así poder dotar de funcionarios a la Dinysu que hasta ahora solo tiene designada a la directora, Florencia Arbeleche. 

Inmuebles vacíos

El primer paso que dio el gobierno para conseguir recursos para trabajar con los asentamientos irregulares fue crear el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado. El objetivo era hacer un relevamiento de la cantidad de inmuebles en manos de los distintos organismos públicos y clasificarlos en imprescindibles o no. 

Las distintas dependencias estaban obligadas a remitir en los tres primeros meses del año la información sobre todos los inmuebles en su haber y fundamentar su uso. Una comisión, integrada por Economía, Vivienda y la Dirección Nacional de Catastro, es la encargada de procesar la información y será Presidencia quien defina cuáles podrán ser vendidos o utilizados con otros fines. 

El programa sobre asentamientos se va a financiar básicamente con la venta de inmuebles que hay en la administración central. El programa es bien potente y ambicioso. Adicionalmente hay otros recursos que ya están en Presidencia para esos fines, pero la apuesta será que el financiamiento más grande vendrá de ahí”, dijo en setiembre a El Observador la ministra de Economía Azucena Arbeleche. 

Sin embargo, nueve meses después de aquella entrevista el gobierno entregó el proyecto de Rendición de Cuentas con una nueva forma de financiamiento para el programa de asentamientos. La comisión que recibe la información sobre los inmuebles todavía no ha terminado de procesar los datos y, por lo tanto, Presidencia tampoco definió como clasificarlos. 

Una vez culminado ese proceso, deberán analizar la mejor forma de venderlos o qué hacer con ellos para conseguir los recursos. 

La ministra de Vivienda, Irene Moreira.

Con el fideicomiso que está en la Rendición de Cuentas y el dinero que salga de la venta de esos inmuebles, en Vivienda proyectan que para el final del período lograrán intervenir de manera significativa en los cantegriles. 

El asentamiento Nuevo Comienzo, que se formó un mes antes del cambio de gobierno y se volvió mediático por una serie de sentencias que obligó a la secretaría de Estado a brindar soluciones habitacionales, es uno de los que está en el foco del Ministerio de Vivienda para declarar la emergencia habitacional, una vez que tengan los recursos. 

En ese marco, para la secretaría de Estado, según dijeron fuentes consultadas, es importante que las intendencias empiecen a jugar un rol más protagónico como policía edilicia y territorial para evitar la formación de nuevos asentamientos. El artículo 207 de la Rendición de Cuentas, que generó intensas negociaciones con los jefes departamentales, apunta en ese sentido. 

Entendemos necesaria la actuación conjunta al esfuerzo que realiza el Poder Ejecutivo de las autoridades locales, gobiernos departamentales, en la política de reducción y erradicación de los asentamientos mediante acciones preventivas”, defendió la ministra en el Parlamento.

Reprogramaciones

Hasta que logre conseguir nuevos recursos, el Ministerio de Vivienda seguirá aplicando para los asentamientos los programas que venían de la administración anterior pero con algunos recortes. El decreto 90/20 topeó el gasto al 85% a la mayoría de la administración pública y eso llevó a retrasar algunas obras de políticas como el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) o Plan Nacional de Relocalización. 

Se ha venido cumpliendo; se ha reprogramado, se ha buscado la solución para cumplir con todos los compromisos. No es que el 1º de marzo se terminó un proyecto y se empezó otro”, agregó Moreira. 

Las autoridades del ministerio destacaron que durante 2020 ejecutaron más recursos que los años anteriores en el PMB y que el Plan Juntos brindó aumentó en un 15% las soluciones habitaciones otorgadas. Estos son recursos previstos por el gobierno anterior pero ejecutados por este. 

Fideicomiso

Los fideicomisos son la herramienta por excelencia de este nuevo gobierno para buscar recursos. Además del mencionado para los asentamientos, Vivienda ya aprobó otro en el Presupuesto que apunta a la clase media y que entre las opciones que maneja ese programa está el de alquiler con opción a compra. 

En ese programa es que el ministerio quiere impulsar la construcción con sistemas alternativos, particularmente la madera, para reducir el costo del metro cuadrado. Sin embargo, a más de 7 meses desde que rige el nuevo presupuesto el gobierno todavía no ha logrado poner en marcha el fideicomiso.

El Ministerio de Economía está trabajando el decreto y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el reglamento, según dijo Albornoz. El fideicomiso tendrá US$ 6.600 millones y, según las estimaciones del gobierno, quedará pronto en los próximos días. 

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