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Señalan falta de defensores y peritos en juzgados que tratan violencia doméstica
“Me permito poner en duda realmente el compromiso de nuestros gobernantes con una implementación eficaz de la ley de violencia contra las mujeres basada en género”, opinó la jueza penal y vicepresidenta de la comisión de género de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Laura Sunhary, en un conversatorio realizado este miércoles en Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo. En la charla, que estuvo centrada en esta ley que fue aprobada en diciembre de 2017, la magistrada señaló la existencia de dificultades en el tratamiento de casos de violencia doméstica debido a la falta de recursos.
El Poder Judicial solicitó $ 750 millones para la aplicación “mínima” de la ley, sin embargo esos fondos no fueron previstos en la Rendición de Cuentas que envío el Poder Ejecutivo al Parlamento, y ahora el Poder Judicial espera lograr una reasignación de recursos en la Cámara de Senadores que permita obtener una cifra lo más cercana a lo pedido.
Sunhary señaló que existe una cantidad insuficiente de defensores públicos, especialmente en el interior del país, algo sobre lo que “no se visualiza una solución” debido a la falta de presupuesto. Asimismo, también dijo que existe una “insuficiente cantidad peritos integrando los equipos técnicos” para que se puedan cumplir con los plazos previstos por la ley.
“En el interior tenemos médicos forenses que van una vez por semana o cada 10 días, psicólogos que van cada 15 días y trabajadores sociales que van una vez al mes”, explicó. En ocasiones, es necesario pedirles a las víctimas que se paguen un viaje de hasta 130 kilómetros para que las vea un forense, el día que el médico se encuentre trabajando –lo cual no es siempre inmediatamente que se hace la denuncia-, ejemplificó.
La falta de peritos, y la creciente cantidad de denuncias, lleva a que muchas veces los jueces deban decidir con informes que “no cumplen los requisitos mínimos” para que el magistrado saque conclusiones.
Asimismo, Sunhary señaló que debido a la falta de recursos económicos falta preparación en los distintos actores que participan a lo largo de una denuncia de violencia doméstica. Por ejemplo, dijo que los equipos técnicos en ocasiones no están preparados porque no tratan correctamente a las mujeres o niños víctimas.
En los casos de violencia doméstica, cuando una mujer presenta una denuncia, la policía debe comunicarse con un juez de familia especializado, quien debe definir si fija o no medidas de protección para la víctima, como la colocación de tobilleras, la restricción de acercamiento o la salida del hogar del agresor. Sin embargo, Sunhary dijo que “muchas veces” los efectivos mandan a las denunciantes a su casa para que “esperen a que su marido se le pase la borrachera”.
“El policía, que puede ser un hombre o una mujer, llama y da cuenta al juez del asunto desde su visión y su propia óptica, volcando prejuicios y lo que entiende que es mejor o peor. Los problemas más graves pasan por la sensibilización”, concluyó.
