Según reconstruyó El Observador, la miembro sumariante, Lucía Salvia, ya le hizo llegar su primer informe al fiscal de Corte sobre su diagnóstico de lo sucedido con Iglesias luego de la primera tanda de declaraciones. Allí, valoró que el fiscal cometió faltas de varios tipos, incluyendo algunas calificadas como "muy grave". Ahora, comenzarán las declaraciones de los casi 100 testigos solicitados por Iglesias y luego de eso Salvia deberá presentar un informe final. Dentro de esa lista está Gustavo Zubía –informó La Diaria–, Gustavo Salle, periodistas, jueces, otros fiscales y abogados. En la primera tanda declararon los testigos solicitados por la sumariante.
Advirtieron que, ante el planteamiento de un escenario hipotético por parte de Álvarez, Iglesias analizó el potencial reproche penal a la víctima (si es que se constatara que no la violaron) por haber tenido relaciones sexuales con un menor de edad (uno de los indagados por el crimen tenía 17 años al momento del hecho).
También le reprocharon que haya declarado que, en su opinión, "aparentemente" hay fiscales que son militantes. Williman y Suárez expusieron esta sucesión de hechos y la contrastaron con el nuevo Código del Proceso Penal, que obliga a los fiscales a proteger a las víctimas del delito. Entendieron que la presencia de Iglesias en La Pecera y que haya contestado a las varias situaciones hipotéticas que le planteó Álvarez, vulnera la norma. Además de que, con su presencia allí (y sin desmentirlo con ímpetu), estaba convalidando las opiniones que esgrimía el periodista.
El fiscal se defendió diciendo en que existe la libertad de expresión y que a su función la rige la transparencia, por lo que él está obligado a informar sobre todo lo que no es reservado y aseguró que no dio detalles de la causa.
Tanto Iglesias como Williman declararon frente a la miembro sumariante y, según reconstruyó El Observador con varias fuentes judiciales, se contradijeron. Iglesias ingresó al cargo el lunes 9 de mayo y el sábado siguiente, 14 de mayo, dio una entrevista a Teledía (Canal 4).
El fiscal dijo que intentó comunicarse con Williman en los primeros días después de que ingresó al cargo, aunque sin precisiones de fechas y afirmó que el abogado no concurrió. Sin embargo, el representante del Consultorio Jurídico de la Udelar, declaró que él fue el primero en comunicarse con Iglesias luego de haber visto las entrevistas que había dado el sábado 14 y el domingo 15 de mayo.
Por eso, el lunes 16 pidió una reunión con Iglesias, el fiscal de Corte Juan Gómez y una representante de la Unidad de Víctimas y Testigos. Según Williman, esa reunión se fijó para el martes 17 por la mañana, pero Iglesias la canceló y en su lugar fue al programa La Pecera (Azul FM) en ese mismo día y horario. Lo pactado era coordinar otra fecha para reunirse y resuelven que sería el viernes 20 de mayo por la tarde. Al principio, el abogado lo puso en duda porque el día anterior iba a estar en Rocha, presenciando el procesamiento del homicida de Lola Chomnalez, pero luego le confirmó que podría ir igual. Sin embargo, de acuerdo a su versión, Iglesias le volvió a cancelar.
Por eso, el lunes 23 presentaron la denuncia en su contra en la fiscalía de Corte.
Sin embargo, Iglesias expresó que luego de su entrevista con Ignacio Álvarez lo citó el fiscal de Corte, quien le informó que Williman lo había advertido de lo que estaba sucediendo y Gómez le dijo que él mismo se haría cargo del tema, lo que viola su independencia técnica. Una de sus adscriptas, sin embargo, informó en el marco del sumario que Iglesias le había pedido citar a la víctima para el viernes 20 a las 10 de la mañana y que, cuando ella le preguntó si Williman había ido, él le dijo que no.
En la próxima etapa del sumario, y a raíz de las contradicciones surgidas, ambos declararán nuevamente.
La miembro sumariante, Salvia, en su informe –según expusieron fuentes judiciales– creyó la versión de Williman y entendió que no resulta lógico que Iglesias no haya encontrado forma de comunicarse con los abogados de la denunciante. También alegó que no son "apropiadas" las declaraciones que el fiscal hizo en La Pecera sobre el caso. Especialmente, que haya dicho que hay colegas suyas que son militantes.
Iglesias sembró suspicacias sobre el poder político y la "mano dura"
El fiscal Iglesias señaló que el fiscal de Corte Gómez le "sugirió" –de forma implícita– que había que poner "mano dura" en este caso por orden del poder político. Cuando recién se informó la noticia de que había habido una violación en manada, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se expresó al respecto. Dijo que el hecho era "asqueante", "aberrante" y pidió una "sanción ejemplarizante".
Consultadas al respecto, fuentes de la Fiscalía de Corte negaron tajantemente que Gómez haya sugerido de cualquier manera algún tipo de injerencia del poder político, porque no lo hubo.
2. Los 299 archivos y las discrepancias entre las declaraciones de los fiscales y el informe digital
Sobre el tema de los archivos de causas masivos, declararon Iglesias y sus dos adscriptas, Soledad Alvarado y Ana Blanco, que actualmente se encuentran de licencia médica. Coincidieron en que encontraron una fiscalía desordenada, con casos que no habían sido revisados en más de cinco años y otros tantos en los que no se había colectado ninguna evidencia. Sostuvieron que cuando llamaban a algunas de esas víctimas a preguntarles si querían seguir en el proceso ellas los "puteaban" porque era la primera vez que las llamaban desde que habían hecho la denuncia.
Coincidieron en que trabajaban todos los días, más de 12 horas por día y que el cometido que tenían era ordenar la fiscalía en la que iban a trabajar, por lo que tenían que "depurar". Además, Iglesias afirmó que la anterior titular de esa fiscalía, Silvia Lovesio, le había dicho antes de irse que había dejado muchas carpetas de casos que debían archivarse. Pero cuando Lovesio declaró ante la miembro sumariante, dijo que eso no era así, que ella nunca transmitió eso.
Cuando se les preguntó a los fiscales porqué habían archivado denuncias del 2022, una de las adscriptas expresó que se trataban de reexámenes (otra fiscalía había archivado el caso previamente y ahora ellos debían decidir si ese archivo era correcto o había que reabrir el caso, análisis para el que cuentan con únicamente 20 días).
Según el informe estadístico con el que cuenta la fiscalía, la mayoría de los casos que Iglesias archivó son del año 2018, 2019 y 2020. A su vez, no valida la teoría de que aquellos del 2022 que habían sido archivados fueran reexámenes, puesto que los únicos reexámenes que hubo fueron dos y correspondían al año 2019. Los fiscales también cuestionaron un informe que hizo el Departamento de Políticas Públicas –y que difundió tiempo atrás Subrayado– que decía que el 92% de los casos archivados los revisaron en menos de 30 minutos. El 42% se revisó en menos de dos minutos y el 81% menos de cinco minutos. Los integrantes del equipo de Iglesias declararon que ese informe solo cuenta el tiempo que ellos tuvieron el sistema de Fiscalía abierto, cuando ellos en realidad descargaban los archivos y los leían con el sistema cerrado, o se basaban en el sistema de la Policía y en varias carpetas en papel que tenían.
Pero Salvia argumentó que el informe calcula el tiempo entre que se abrió el caso por primera vez y que se archivó, sin tener en cuenta si el sistema estaba abierto o cerrado. A su vez, pidió datos al Ministerio del Interior y de los 300 casos archivados, solo 20 fueron consultados a través del sistema policial.
Uno de los argumentos de Iglesias para defenderse fue preguntar por qué la fiscalía no informaba cuántas víctimas pidieron que se revise su decisión de archivar su caso, dato que no era parte del sumario. También criticó que el fiscal de Corte se haya reunido por la Intersocial Feminista por este tema, lo que viola su independencia técnica. A su vez, tal y como informó El Observador, otra fiscal archivó más del doble de casos que Iglesias en el pasado y el fiscal mismo había archivado más en su fiscalía anterior, sin ninguna represalia por eso.
Rencillas internas y la política a flor de piel
En las muchas entrevistas que brindó Iglesias antes de ser suspendido, cargó sus tintas contra la Fiscalía de Corte. Desde su lugar en el gremio lo venía haciendo hace varios años. Aquellos que se alinean con Iglesias, como el exfiscal Gustavo Zubía, se preguntan por qué en casos similares o de incluso más gravedad, la Fiscalía no actuó con la misma dureza. A Iglesias, sin advertirle previamente, le impusieron la medida cautelar más dura.
Respecto de ese punto, Iglesias afirmó que tiempo atrás, antes de ingresar a esta fiscalía, había tenido una reunión con Gómez en la que el fiscal de Corte le había recordado críticas que él le había hecho en la prensa y le dijo que prontamente él iba a ocupar su silla, pero hasta entonces debía respetarlo. También aseguró que le dijo que nunca le iba a perdonar que Iglesias lo hubiera "echado" de la Asociación de Fiscales.
Desde el entorno del fiscal de Corte negaron a El Observador que esa conversación haya tenido ese contenido y fuentes del gremio advirtieron que Gómez renunció a la asociación presionado por Zubía e Iglesias, quien lo señalaban constantemente por ser amigo del entonces jerarca, Jorge Díaz.
