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30 de septiembre 2022 - 12:13hs

El fracaso de un gobierno peronista se puede medir por el grado de tensión que rodea su relación con la CGT en particular y con el sindicalismo en general. La falta de respuestas para los asalariados de un gobierno con un electorado de base popular suele redundar en una tensión que se da dentro de la central sindical y que suele tener su correlato en la calle. Esto no es una novedad. Así lo marca la historia. Y el gobierno del Frente de Todos parece condenado a repetirla.

El gobierno de Alberto Fernández tiene por delante 45 días en los que el conflicto por los salarios copará el centro de la agenda y comenzará a convivir con los reclamos ya permanentes de los movimientos sociales. Bancarios puso alta la vara con un 94,1% (de aumento salarial). Altísima. A su líder lo aplauden por la negociación, aunque está claro que no va a ser el valor de referencia para todos. Camioneros, portuarios y estatales reabrirán sus paritarias junto a otras dos docenas de gremios en las próximas semanas. Los dirigentes sindicales lo saben: el pedido de recomposición salarial en un escenario que muestra en el panorama un 90% de inflación será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Así también lo marca, otra vez, la contundencia de la historia.

En ese marco, la calle tomará aún más temperatura. El microcentro porteño convivirá de aquí a fin de año con las protestas de los trabajadores formales y los acampes de los informales. Un fin de año que será una prueba de fuego para el ministro de Economía, Sergio Massa, que por ahora decidió darle más certezas a los agroexportadores y a los empresarios que a trabajadores y sindicatos.

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El conflicto que amenazó con frenar la industria automotriz en el país y que tuvo como protagonistas a los trabajadores de las fábricas de neumáticos es tan sólo un botón de muestra de lo que puede suceder. Si bien es verdad que el SUTNA, el sindicato de principal representación en el sector es conducido por la izquierda clasista, se muestra inflexible en sus demandas, también es cierto que la impericia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, terminó por convertir un reclamo de recomposición salarial en un problema de Estado.

En ese contexto, el funcionario que está cargo de la administración de los conflictos laborales y la homologación de los acuerdos salariales desde la asunción del Frente de Todos quedó en el ojo de la tormenta y es otra vez centro de las críticas del kirchnerismo más duro. “Hay que empujar para que se vaya Moroni. Este quilombo se lo come él”, se le escuchó decir a un importante funcionario de la provincia de Buenos Aires de estrecha relación con la vicepresidenta de la Nación. Más allá de que el conflicto llegó a su fin este viernes, la mirada sobre la actuación del ministro de Trabajo no se modificó.

La oposición, con escaza relación con los sectores sindicales más representativos, prefiere mantenerse como espectador. Sin embargo, utiliza los conflictos salariales para denostar la política económica del Frente de Todos. Una estrategia que se profundizará la semana que viene cuando el Congreso se meta de lleno en la discusión del presupuesto 2023.

Moroni nunca se ganó la confianza del kirchnerismo. Después de la derrota electoral del oficialismo en las elecciones de medio término fue sindicado como uno de los “funcionarios que no funcionan”. Hoy, desde La Cámpora y desde el sector más combativo de la CGT que encabeza el camionero Pablo Moyano, le reprochan haber frenado un aumento salarial de suma fija para todos los trabajadores en relación de dependencia que tenía el visto bueno de Sergio Massa y que iba a ser parte de su paquete de medidas en su primera semana de gestión al frente del ministerio de Economía.

La decisión de frenar el aumento de emergencia que el presidente Alberto Fernández tomó en base a la recomendación de Moroni fue también la que empezó a romper la frágil armonía en la que convivía la cúpula de la CGT. Los “Gordos”, así se denomina a los grandes gremios de servicios y los estatales, se manifestaron públicamente a favor de la posición del ministro de Trabajo de resolver el problema gremio por gremio en el marco de la negociación paritaria y sin imposición de un aumento de emergencia.  La misma posición sostuvo la Unión Industrial Argentina (UIA). Los resultados de la recomendación de Moroni están a la vista: la pérdida de poder adquisitivo del salario no se detuvo.

El segundo hito que hizo mella en la convivencia dentro del CGT fue la marcha del 17 de agosto. Una movilización que organizó la CGT y que gracias a la puesta en marcha del aparato sindical fue masiva. No tuvo consigna, ni documento, ni destinatario. “Esto más que una movilización parece un desfile”, sentenció lacónico Pablo Moyano ante su entorno. 

La semana estuvo marcada por el recalentamiento de la calle con la vuelta del acampe piquetero a la Avenida 9 de julio y por la posibilidad de fractura de la CGT producto de la decisión del presidente Alberto Fernández de reunirse con el sector más dócil de la central sindical y dejar de lado al ala más dura encabezada por el camionero Pablo Moyano. El inexplicable movimiento del primer mandatario argentino, de sentar a sólo una facción de la CGT, fue la excusa perfecta para desatar la reacción del sector que encabeza Moyano, tan contenida como previsible, ante una crisis económica que se extiende y tiene como principales síntomas una inflación que no puede perforar el 7% mensual.

Como si a la coyuntura le faltara algún condimento. Como si la crisis no abriera suficientes frentes dentro y fuera del gobierno. Como si todo esto fuera poco, la semana cierra con el fuerte rumor de que Juan Zavaleta, ministro de Desarrollo Social, estaría preparando su salida.

Argentina es un país en el que en algunas ocasiones el futuro se puede ver por el espejo retrovisor, y el devenir de la relación entre el gobierno de Alberto Fernández y la CGT es uno de esos casos. No sólo la fragilidad propia de unidad sindical construida al calor de una alianza electoral para destronar a Mauricio Macri de la Casa Rosada, sino la propia lógica del sindicalismo y sus internas hacen que la ruptura siempre parezca inminente. Tan sólo el amague de renuncia de Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y cosecretario general de la CGT, a la conducción de la central obrera, puso al descubierto una situación que en la arena política ya era evidente. El agua por ahora no llegó al río. Moyano finalmente también fue invitado a la Quinta de Olivos para cenar con el presidente. El camionero, como era lógico, reiteró su reclamo de una recomposición salarial de emergencia y por suma fija.

Si bien el principal apuntado por los conflictos laborales y salariales es Moroni, en este caso las esquirlas tocaron a Sergio Massa porque lo que se puso en juego es la producción de autos. En ese marco, el ministro de Economía cerró filas con empresas y sindicatos del sector automotriz y amenazó con abrir la importación de neumáticos si no había acercamiento entre las partes. Una intervención que, más allá de que las partes llegaron a un acuerdo, tuvo sabor a poco.

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