Fiscal de Corte aconsejó al Poder Ejecutivo cambiar la ley para imputar a quienes incumplan la cuarentena

Según informaron fuentes políticas a El Observador, la intención del fiscal de Corte es ofrecerle al gobierno la "alternativa" jurídica a los delitos que pueden aplicarse actualmente para casos de incumplimiento de las medidas sanitarias, y que según entiende no tienen la efectividad deseada.

Díaz hizo la propuesta en una reunión que mantuvo este lunes con la vicepresidenta Beatriz Argimón y autoridades del Ministerio del Interior, Mides y Salud Pública. Según les explicó, actualmente un fiscal puede pedir la imputación para quien no respete la cuarentena o aislamiento social –que rige para los enfermos de Covid-19, y para los que hayan venido de un país de riesgo o estado en contacto con otro infectado– pero depende de que ocasione un daño con su incumplimiento. Por ejemplo, podrían tipificarse los delitos de lesiones personales u homicidio solo en el caso de que se constate que una persona se infectó o murió a causa del virus que le transmitió otra persona.

Pero Díaz también se refirió a la dificultad operativa de los fiscales y jueces a la hora de imputar el delito de desacato, ya que para que esto se configure la ley exige que haya una desobediencia a un "mandato legítimo de un funcionario público", por lo que no basta que se constate un "incumplimiento genérico", argumentó el fiscal de Corte, según contaron a El Observador participantes del encuentro. Y eso obliga a que los fiscales tengan que primero "intimar" a los que no cumplan con las medidas, para que ese mandato específico se materialice.

La otra opción, según les manifestó Jorge Díaz, es aplicar las medidas prontas de seguridad, una disposición de la Constitución que otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para enfrentar desde catástrofes climáticas a crisis políticas y económicas, y que puede facultar al gobierno a arrestar a personas o trasladarlas de un punto a otro del territorio nacional, sin necesidad de conducirlas ante un juez.

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"¿Cuál es la solución?", la preguntaron entonces a Díaz, y el jerarca fue explícito. Modificar el delito de daño contra las disposiciones sanitarias, y se comprometió a entregarle a Argimón un borrador en la misma tarde de este lunes con la nueva redacción tentativa.

Sin embargo, Argimón no llegó a estudiar la propuesta en profundidad porque horas después recibió la llamada del diputado blanco Mario Colman, quien le comunicó que enviaría al Parlamento un proyecto de ley con su propuesta sobre el tema, por lo que lo dejó en sus manos. 

Colman se enteró de la reunión al llamar al director general de Secretaría de la cartera de seguridad, Luis Calabria, para pedirle asesoramiento sobre lo que pensaba hacer. "Y entonces me dijo que justo acababan de reunirse con el fiscal de Corte y Argimón, y que era algo que había quedado sobre la mesa", contó Colman a El Observador.

El diputado entregó su propuesta para que sea tratada en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles "y se la derive a la comisión que corresponda, que seguramente sea la de Constitución y Código", dijo el representante. "Y voy a solicitar que se le dé un tratamiento urgente", agregó.

Colman contó que tenía la intención política de promover este cambio desde hace "mucho tiempo", y que lo intentó mientras fue edil de Colonia, ante quejas que presentaron en su momento "gremiales disconformes con algunos productores que no vacunaban al ganado contra la aftosa".

El cambio

Tanto la propuesta de Díaz como la de Colman consisten simplemente en agregar una línea al artículo 224 del Código Penal. De acuerdo a la redacción vigente, será castigado con tres a 24 meses de prisión todo aquel que viole "las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza", pero siempre y cuando ello ocasione un "daño a la salud humana o animal".  Y define además que "será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional". 

Si el Parlamento aprueba el cambio, la persona imputada será castigada por el simple hecho de contradecir las disposiciones del gobierno. De aplicarse a la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde el viernes 13 de marzo, la nueva ley permitirá llevar ante la justicia a las personas que salgan a la calle cuando en realidad deberían estar en sus casas en aislamiento social, algo que rige para los que tengan Covid-19, hayan venido de algún país considerado de riesgo o estado en contacto con otros infectados. 

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El texto redactado por Colman –y que Díaz comparte– determina que "el que violare disposiciones vigentes para impedir la introducción al país o propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión", y mantiene las mismas circunstancias agravantes. 

"El actual delito previsto en el artículo 224 castiga el daño que se cause, siendo la violación a las disposiciones sanitarias únicamente el medio que el tipo delictivo exige para que se configure la conducta. Por su parte, la redacción propuesta castiga la violación de la disposición sanitaria, con independencia de la causalidad del daño", dice la exposición de motivos presentada por Colman.

La posición del presidente

"¿Alguien está dispuesto a llevar ante un fiscal o un juez a alguien que está tratando de hacer un peso? Estamos cuidando a los uruguayos. En ese sentido, alcanza con ver lo que estableció Francia o Argentina. Que las excepciones tanto en Argentina como en otros lugares son enormes", dijo el mandatario este lunes en conferencia de prensa, mientras que Larrañaga afirmó luego en Telenoche que no había "marco legal" para decretar una cuarentena obligatoria extendida para toda la población, y que en todo caso solo podría llevarse a cabo "a través del artículo 168 de la Constitución", que son las medidas prontas de seguridad.