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Fiscal dice que generales cumplieron con artículo por el cual fueron cesados
El vendaval se había desatado hacía más de un mes, pero sus coletazos seguían dando que hablar. La difusión de las confesiones de José Nino Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira, el posterior descabezamiento de toda la cúpula de Defensa –incluyendo autoridades civiles y militares–, las contradicciones entre el relato de Presidencia y el Ministerio de Defensa, el pasaje del tema a la Justicia, el fallecimiento del exministro Jorge Menéndez y el enojo de su familia con el presidente Tabaré Vázquez; las actuaciones del Tribunal de Honor del Ejército habían generado una verdadera crisis en el gobierno.
El 9 de mayo, tras inaugurar el Hospital de Colonia, Vázquez se enfrentó por primera vez a una ronda de periodistas para hablar sobre el denominado “caso Gavazzo”. Allí El Observador le preguntó por qué, tras cesar a Guido Manini Ríos de su cargo de comandante en jefe del Ejército, había designado a José González, uno de los integrantes del cuestionado tribunal.
“Si yo tuviera una bola de cristal, podría adivinar las cosas. Cuando nombré al general González consideré que era la mejor opción para el Ejército Nacional y para el país”, respondió el mandatario.
El dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli, dado a conocer este martes, confirma que Vázquez no precisaba una bola de cristal para conocer la actuación de González en el Tribunal de Honor –motivo por el cual lo cesó pocos días después de designarlo–, ya que no solo tenía la información a su disposición, sino que había dado tres órdenes distintas en función de esos insumos.
De acuerdo a la cronología del fiscal, el 14 de febrero Menéndez recibió el expediente del tribunal en manos de Manini Ríos, quien también le entregó un escrito con cuestionamientos a la Justicia. Luego de sorprenderse con el contenido del texto, el entonces ministro convocó a sus asesores más cercanos y les transmitió que el tribunal había decidido pasar a reforma a Silveira y Gavazzo “pero no por las violaciones a los derechos humanos, sino por otro tema”, en alusión al hecho de que permitieron que se inculpara por el crimen de Gomensoro a un coronel inocente.
Un día más tarde, el asesor legal del ministro, Alfredo Maeso, le envió un correo electrónico a Menéndez resumiendo los detalles más relevantes del expediente, y cuestionando el accionar de los integrantes del tribunal. “Llamativamente el Tribunal de Honor pasó por alto otros muy graves hechos relatados por los enjuiciados en sus declaraciones, (como) los hechos expresamente admitidos por José Gavazzo, quien reconoce actuaciones ilegales en la República Argentina tal como el traslado de personas y dineros de origen espurio desde ese país, haber dispuesto ilegalmente el destino final de un prisionero”, escribió Maeso, refiriéndose de esa forma a la confesión de la desaparición de Gomensoro en el Río Negro.
Según el fiscal, cuando Menéndez entendió “la gravedad y novedad” de las declaraciones de Gavazzo y Silveira concluyó junto a su equipo que debía informar al presidente Vázquez “sobre esa cuestión”. El lunes 18, día en que se celebró un Consejo de Ministros en Durazno, le pidió una reunión al presidente, que se concretó un día después.
Luego de que Menéndez le detallara la situación “incluyendo el tenor de las declaraciones de Gavazzo y Silveira”, Vázquez dio tres órdenes: por un lado, no homologar el fallo de Maurente, homologar los fallos de Gavazzo y Silveira “dejando sentado por escrito las discrepancias con el criterio seguido por el tribunal”, y “poner en conocimiento a la Justicia Penal”.
El expediente quedó entonces en Presidencia para elaborar las resoluciones y retornó al ministerio recién el 12 de marzo, fecha en que se homologaron los fallos y se destituyó a Manini Ríos.
En el mismo día en que el gobierno cesó al comandante en jefe, confirmó en su lugar al general José González, uno de los integrantes del tribunal cuestionado por los jerarcas del Ministerio de Defensa días atrás.
Daniel Montiel, por entonces ministro interino debido a la licencia por salud de Menéndez y firmante de la designación junto a Vázquez, dijo a El Observador que la elección de González había sido “conversada” entre el presidente y el ministro titular y que “cumplía con los requisitos del cargo”.
“Posteriormente, en el devenir del análisis fino de los documentos y las circunstancias, se definió que el general había participado del cuestionado tribunal de honor. Esa ponderación no había estado en la agenda”, afirmó. El subsecretario, que sería cesado por Vázquez luego de que El Observador informara acerca de las confesiones de los represores, agregó que “el devenir de los hechos” hizo que su actuación en el tribunal fuera “ponderada” de forma diferente y “precipitara” su destitución.
Por otra parte, el exsubsecretario de Defensa dijo que el dictamen le generó “satisfacción” porque “habla muy bien de la conducta de los profesionales que tuvieron que manejar los expedientes”. Consultado sobre si le pareció injusta su destitución, así como la del resto de los jerarcas, respondió: “No. Yo lo he dicho. Quienes estamos en cargos de responsabilidad tenemos los ámbitos para hacer los intercambios que corresponden pero una vez tomada la decisión no se discuten. Vázquez entendió que era oportuno políticamente solicitar la renuncia de quienes estábamos integrando el staff. Yo acato y no hago juicios de valor”.
Generales cumplieron reglamento
Aunque el gobierno cuestionó a los integrantes del Tribunal de Honor, así como al Tribunal de Alzada que ratificó el fallo, por no considerar una deshonra los hechos admitidos por Gavazzo y Silveira, fue otro el fundamento que utilizó para solicitar su cese una vez que el caso cobró notoriedad pública.
El 1° de abril, Presidencia expresó que los generales "omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato disciplinado en el artículo 77 del Decreto 55/985, que dispone que 'cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie'”.
Morosoli, sin embargo, concluyó que esa omisión no existió. "De la evidencia compilada surge que los integrantes del tribunal advirtieron que los dichos de Gavazzo y Silveira contenían información sobre hechos gravísimos de naturaleza delictiva. También advirtieron que la información obtenida era inédita, y unánimemente concluyeron que dichos insumos debían remitirse a las autoridades competentes de la justicia", dice el dictamen del fiscal, y agrega que los generales "informaron a su superior conforme al artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor, cosa que hicieron de manera inmediata".
Es decir: Presidencia acusó a los generales de no haber avisado, acorde al artículo 77, pero eso no se probó en la justicia. Esa consideración de Morosoli coincide con la esbozada por la oposición en el Parlamento para negar la venia de destitución a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo. Al requerirse dos tercios de los votos, los militares no fueron enviados a situación de retiro. José González y Alfredo Erramún (por entonces jefe de la Esmade) sí fueron enviados directamente a retiro por ocupar cargos de confianza.
