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Fiscal reveló la "coartada" de Manini y explicó por qué no imputó a Toma
Rodrigo Morosoli, el fiscal que pretende imputar a Guido Manini Ríos por no haber denunciado a la Justicia la confesión que hizo José Nino Gavazzo en abril de 2018, explicó cuáles fueron sus motivos para dejar fuera de la investigación al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, las autoridades del Ministerio de Defensa y los militares que integraron el Tribunal de Honor y el de Alzada –que ratificó el fallo del primero– y que juzgaron la conducta del represor en los hechos conocidos como el "segundo vuelo" en 1976.
"No encuentro delito en el accionar de Presidencia. Si pudo haber otro tipo de responsabilidad que no será jurídico-penal, yo no la puedo evaluar", dijo el fiscal este viernes, en entrevista con el programa Así Nos Va de Radio Carve. Y además, sostuvo que no puede llevar a juicio a alguien si no tiene pruebas, pese a que pueda despertarle "suspicacia".
Morosoli tenía fecha para imputar este viernes en una audiencia al candidato por Cabildo Abierto, pero los defensores del militar presentaron dos recursos de inconstitucionalidad –uno contra el nuevo Código del Proceso Penal y otro contra la ley que creó a la Fiscalía General de la Nación–, que la jueza del caso aceptó, y por lo tanto la audiencia quedó suspendida hasta tanto se pronuncie la Suprema Corte de Justicia.
Si la Corte acepta el recurso y lo estudia, el fallo puede demorar hasta seis meses. Pero también puede rechazarlo y devolverlo al juzgado en pocos días, puesto que tres de los cinco ministros que integran la corporación ya se pronunciaron por la constitucionalidad de las dos leyes que la defensa de Manini cuestionó.
De acuerdo al fiscal, el excomandante en jefe del Ejército es el único con responsabilidad penal en la demora de las autoridades en denunciar lo que dijo Gavazzo el 10 de abril de 2018, mientras comparecía ante el Tribunal de Honor: que arrojó al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, en 1973.
Sin embargo, el exministro de Defensa, Jorge Menéndez, tomó conocimiento de esa admisión luego de que Manini Ríos le dejara el expediente de ese caso en su escritorio el 14 de febrero de este año. Lo supo exactamente al otro día, cuando uno de sus asesores –Alfredo Maeso– le envió un correo electrónico con conclusiones de una primera lectura del expediente, advirtiéndole que estaba ese tema y otros relativos a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Menéndez –fallecido en abril– se reunió el 19 de ese mes con el presidente Tabaré Vázquez –quien declaró ante Morosoli que ese día se enteró de la confesión de Gavazzo y que ordenó dar pase a la denuncia– y al día siguiente lo supo Toma, al reunirse con el entonces titular de la cartera de Defensa.
El expediente quedó a partir de ese día –20 de febrero– en Presidencia, donde fue analizado por el departamento de Jurídica, hasta que retornó al Ministerio de Defensa el 11 de marzo. Lo tuvo un día el presidente de la República –lo había pedido para tenerlo en su escritorio al destituir a Manini Ríos– y luego pasó a manos de los asesores del Ministerio de Defensa –que tenían la orden de denunciar– quienes empezaron a desmenuzar el expediente para presentar la denuncia en forma desarticulada, según las distintas causas judiciales que están abierta en los juzgados.
En eso estaban –según declararon y acepta Morosoli– cuando El Observador publicó el 30 de marzo las actas en donde aparecía la confesión del represor. La denuncia recién se hizo el 1° de abril.
Morosoli fue consultado por la demora de esos días en denunciar, y por qué, entonces, las autoridades civiles quedaron exentas de responsabilidad penal. "Está bien, es una pregunta válida. Yo entiendo que el dolo (la intención de delinquir) no lo puedo defender en este caso en un juicio oral porque no tengo elementos para acreditar que Defensa tenía algún motivo para dilatar en esos días que lo tuvo (el expediente), desde el 11 de marzo hasta el 30 que fue la nota, el catalizador que disparó todo", contestó.
"No tengo elementos para sostener que en esos días, con el trabajo de los asesores de Defensa haya habido dolo", insistió, y agregó: "Entiendo la pregunta, pero no puedo llevar a juicio a una persona por una suspicacia".
Además, argumentó que según la evidencia recabada en su carpeta, "cuando el poder civil toma cuenta del contenido de las declaraciones", todas las acciones tomadas a partir de allí fueron "tendientes a denunciar". A diferencia de "la otra esfera", la militar.
La coartada del general
Morosoli también afirmó que el presidenciable intentó "una coartada" que le salió mal, porque fue "desvirtuada por las demás declaraciones, sobre todo la de los generales".
Según entendió el fiscal, que dejó sentada su posición en un dictamen emitido el 24 de setiembre, Manini Ríos declaró que al otro día de la confesión de Gavazzo –cuando los militares cumplieron con el reglamento y suspendieron las actuaciones para anunciar al comandante lo que había ocurrido– tuvo un diálogo con Menéndez en el que el ministro le habría dicho que el tribunal retomara su actividad, sin denunciar.
Sobre ese diálogo, y otros que dice haber tenido el general con su superior, no hay ninguna prueba.
Pero además, ahora Morosoli reveló que los generales del tribunal declararon que Manini Ríos les ordenó que continuaran con la actividad de ese ámbito cerca de 20 días después de su presunto encuentro con el exsecretario de Estado.
"El (ex) comandante en jefe dice que al día siguiente en un acto informó al ministro (...) en un acto público con mucha gente pero que nadie escuchó, y los generales dicen que pasaron varios días hasta la llamada telefónica en la que se les ordenó que siguieran", dijo el fiscal, y remató: "Pasaron varios días, no fue al siguiente de ese acto. Fue a fines de abril".
