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La audiencia que no fue: qué planteó la defensa de Manini y cómo sigue el caso
Guido Manini Ríos estaba sentado en la sala de espera del tercer piso de los juzgados de Juan Carlos Gómez y miraba conversar a sus abogados. Eran las 14:15 de este jueves y faltaban 15 minutos para una audiencia que los defensores del militar –Eduardo Lust (candidato a diputado por Cabildo Abierto), Juan Carlos Fernández Lecchini y Marcos Pachceco– lograron suspender al plantear dos recursos de inconstitucionalidad.
Pero a esa hora el candidato a presidente por Cabildo Abierto mascaba chicle y veía a Pacheco sacar su celular para comentar con sus colegas: "Presidencia no puso ninguna línea de lo de Gavazzo al homologar el fallo". El abogado se refería al dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli del 24 de setiembre, y por el cual estaban convocados este jueves: habría una audiencia en la que el fiscal iba a intentar imputar al presidenciable por presunta omisión en informar a las autoridades la confesión de José Nino Gavazzo del 10 de abril de 2018. Ese día admitió ante el tribunal de Honor que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, en 1973.
Morosoli descartó de su investigación al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, a los responsables del Ministerio de Defensa y de los integrantes del Tribunal de Honor, así como del Tribunal de Alzada, que juzgaron la conducta de Gavazzo y de Jorge Silveira en los hechos conocidos como el "segundo vuelo" en 1976. Pero no al militar, quien según el fiscal hay elementos que lo señalan como responsable de la omisión de denunciar delitos cometidos en su misma repartición de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, comprendido en el artículo 177 del Código Penal.
Pero la defensa sacó un as de la manga, al plantear dos excepciones de inconstitucionalidad, una contra el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), y otra contra la ley que creó la Fiscalía General de la Nación. La jueza Marcela Vargas analizó los escritos durante casi dos horas, hasta que resolvió dar lugar a los recursos y dejar sin efecto la audiencia hasta tanto se expida la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Si da cabida a los recursos, la Corte demora en promedio seis meses en pronunciarse pero hay antecedentes de fallos en los declaró la constitucionalidad de ambas leyes. Por ejemplo, en 2018 cuando los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana impugnaron la constitucionalidad del nuevo proceso penal en una causa en la que defendían a un abogado que había amenazado de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Teniendo en cuenta que tres de los ministros que firmaron esa sentencia continúan en la Corte (el presidente Eduardo Turell, Elena Martínez, y Bernadette Minvielle), podrían fallar por lo que se denomina resolución anticipada. El artículo 519 del Código General del Proceso define que los integrantes de la SCJ pueden fallar con celeridad cuando "existiere jurisprudencia en el caso planteado y se declarare por ese órgano judicial que mantendrá su anterior criterio" o en los casos en que los ministros entiendan que la interposición del recurso se hizo con "notoria finalidad de retardar o dilatar innecesariamente la secuela principal sobre el fondo del asunto".
Además, hay al menos otras cinco sentencias emitidas este año en las que la SCJ se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley de 2015 que creó la Fiscalía General de la Nación, según información del Poder Judicial a la que accedió El Observador.
Brazo ejecutor
Cuando el reloj marcaban casi las 15, Guillermo Domenech –exescribano de Presidencia y hoy candidato a viceprepresidente de Cabildo Abierto– decidió sentarse. Hasta entonces estaba parado, con una agenda abierta pronto para sacar apuntes, esperando en la sala que el Poder Judicial dispone para el público cuando las audiencias tienen alta convocatoria. Pero apareció Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, para informar que la audiencia estaba demorada por los recursos.
Manini Ríos se retiró del juzgado luego de las 16 sin hacer declaraciones, porque las haría poco más tarde, en el barrio Casabó. Allí, durante la inauguración de un local dijo que presentó los recursos porque "las fiscalías operan como brazo del Poder Ejecutivo en un caso en el cual el Poder Ejecutivo está involucrado".
"Creemos que el ciudadano de a pie está indefenso y expuesto a la voluntad del fiscal si lo va a juzgar o no según quien sea", agregó ante el clamor de los militantes de su partido.
En la mañana de este jueves, Pacheco había desafiado a Morosoli señalando que si tenía todas las pruebas "que empiece el juicio ya". "¿Qué va a esperar? Nosotros nos vamos a oponer a cualquier otro tipo de pedido para alargar este caso", dijo en el programa Doble Click de FM Del Sol.
Pero quienes alargaron el caso resultaron ser ellos. Ante la consulta de El Observador, Pacheco afirmó que lo que dijo más temprano era parte de "la estrategia de la defensa" y se opuso a calificar de "chicana" a los recursos.
