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8 de febrero 2013 - 10:42hs

La pena mínima de un año para los menores que comentan delitos graves, aprobada por unanimidad en diciembre de 2012, genera posiciones encontradas a una semana de su aplicación. La polémica está instalada porque el texto no sostiene expresamente que el juez sea quien dictamina la internación.

Según informa este viernes el diario El País, hay fiscales que no se sienten obligados a pedir la reclusión de doce meses en todos los casos de menores que cometan homicidios, violaciones, rapiñas, secuestros y lesiones graves.

El fiscal Diego Pérez dijo al matutino que "no es clara la redacción" de la ley y eso genera posiciones encontradas. "Se presta a doble interpretación", afirmó. En la misma línea, el abogado defensor de menores Daniel Sayagués Laso consideró que la redacción es "ambigua". Y agregó que es posible "interpretar que no es obligatoria la imposición de la medida privativa de libertad para aquellos menores que cometieron delitos graves".

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Según el abogado, existen operadores judiciales que consideran que no es imprescindible aplicar la medida de privación de libertad para estos delitos, "con lo cual quedamos en el mismo régimen que estamos ahora", explicó a El País.

Por su parte, la jueza de menores Aída Vera Barreto fue enfática en que rechazará el pedido de libertad asistida. "Si el fiscal me pide libertad asistida para un caso que el legislador establece como delito grave, yo lo voy a rechazar. Yo interno a ese menor por un período de 12 meses. Después se verá en la apelación", declaró la magistrada. Según indicó los representantes del Ministerio Público "están obligados" a pedir la internación en delitos como rapiñas y homicidios. "Sí es cierto que los fiscales pueden pedir la libertad asistida para delitos menores, como hurtos o tentativas de rapiñas, sino la ley no tendría sentido", dijo.

El abogado Sayagués Laso explicó que los jueces no pueden indicar una pena mayor que la pedida por la Fiscalía. Esto significa, según lo entiende, que si un fiscal pide libertad asistida para un menor que cometió un delito grave, el magistrado no puede disponer la internación de un año.

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