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Fiscalía de Crimen Organizado investigará contrato de UPM con el gobierno

El fiscal Pacheco aceptó ahora investigar una denuncia que había sido archivada dos veces

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03 de febrero de 2018 a las 17:44

La Fiscalía de Crimen Organizado decidió darle curso a una denuncia e investigar el contrato que el gobierno firmó con la multinacional finlandesa UPM. El fiscal Luis Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu terminaron por acceder así a la solicitud presentada por el denunciante, el abogado Gustavo Salle, que considera "abusivo" dicho acuerdo, informó Ecos y confirmó El Observador.

Según dijeron a El Observador fuentes del caso, que se le dé curso a la indagatoria no implica que se haya encontrado algo raro en el contrato, pero sí que ante la presentación de una denuncia se lo va a estudiar. El viernes 9 será citado a declarar Salle para que ratifique la denuncia, dijeron las fuentes.

Si bien Salle pidió que sea citado en calidad de testigo el economista Andrés Masoller, el exdirector del Área de Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía que renunció por desacuerdos con el contrato, las fuentes dijeron que eso citación aún no está decidida.

Salle consideró que, desde el punto de vista jurídico, el contrato firmado con UPM es "obsceno, con indicios de un hecho criminal", dijo a Ecos.


A pedido del fiscal Pacheco, la jueza Larrieu abrió la causa y analizarán los términos del contrato "ahora que existe y fue agregado al expediente", dijo la fuente. El caso había sido archivado dos veces por no encontrar mérito para investigar antes de que existiera el contrato.

Con la renuncia de Masoller, por diferencias con la forma en que se llevó adelante la negociación con UPM habían surgido dudas respecto al alcance de las concesiones que le dio el gobierno a la empresa. UPM estará amparado por la ley de promoción de inversiones, y operará en zona franca, pero pagará el
Impuesto al Patrimonio.

A su vez, Uruguay se compromete a comprar cada año energía eléctrica a la empresa finlandesa, que supondrá un costo de US$ 72,5 millones anuales para UTE, y a revisar su legislación laboral e instalar un ámbito de negociación con el PIT-CNT para resolver la regulación de las ocupaciones. Pese a que se establecen límites a los volúmenes que puede verter la empresa en el Río Negro, no queda claro el impacto que tendrá en el ecosistema. Como "compensación", UPM pagará US$ 10,5 millones.


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