Nacional > tres causas penales

Fiscalía pedirá imputar a Cendoya por abuso de funciones debido a irregularidades en la Ursec

El exdirector frenteamplista, que declaró en fiscalía el 3 de setiembre, había dicho que esperaba que el fiscal, Diego Pérez, archivara la causa
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23 de octubre de 2020 a las 16:25

El fiscal, Diego Pérez, pedirá a la Justicia, en los próximos días, que impute a Nicolás Cendoya, el exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), investigado desde junio por irregularidades cometidas durante su gestión en el organismo, informó radio Sarandí y confirmó El Observador con fuentes judiciales.

Pérez busca que se inicie una investigación penal contra el indagado por un presunto delito de abuso innominado de funciones. Cendoya es indagado por tres causas. Por un lado, el rol que tuvo en la destrucción de documentación del organismo por parte de otro exfuncionario, que era su asesor, y que fue lo que motivó que la actual presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía, a presentar la denuncia penal el 3 de junio.

El primero de ese mes, ese hombre fue registrado por las cámaras del lugar entrando a la sede del organismo sin autorización y destruyendo documentación oficial de la Secretaría General en una máquina trituradora.

Después de ese episodio Cendoya se reunió dos veces con el abogado. Una de ellas fue ese mismo día, durante ocho minutos, sobre las 13 horas, en su oficina de la Ursec, y la otra tuvo lugar dos días después en el auto del exjerarca. Ante fiscalía, hubo contradicciones: mientras Cendoya dijo que se encontraron cerca del club Atenas, por Palermo, el exfuncionario de Ursec dijo que se encontraron en la sede de Atenas.

La segunda causa por la que Cendoya es indagado es la filtración de la denuncia de Ursec radicada en Fiscalía. Dos funcionarios fueron imputados por haber filtrado información reservada que llegó al teléfono celular del exdirector de Ursec. Según surge de mensajes de Whatsapp analizados por el fiscal Pérez, él solicitó esa documentación y una funcionaria que estaba en pase en comisión a la que se la habían mandado los funcionarios infieles de fiscalía, se la reenvió.

Y por último, Cendoya también es indagado por la habilitación de una radio de Soriano a pedido expreso del anterior Directorio, y en la que el exjerarca –que, hasta estos días, es el hombre propuesto por el MPP para asumir como director de Antel en representación del Frente Amplio– también tuvo participación directa.

Se trata de un caso en el que el Directorio de la Ursec, entonces presidido por Gabriel Lombide e integrado por Nicolás Cendoya, le pidió al cuerpo inspectivo que devolviera un equipo transmisor que había incautado durante su tarea de campo.  

Según contó Cendoya en agosto, en el programa Séptimo Día, eso ocurrió por un error administrativo debido a un tema de tiempos. La ley establece que desde un año antes de las elecciones hasta seis meses después, el Poder Ejecutivo no puede autorizar nuevas frecuencias de radio. 

“En octubre de 2013 (un año antes de las elecciones) hubo un expediente que, por un error del subsecretario de entonces (Edgardo Ortuño), no llegó a ser firmado a tiempo”, explicó Cendoya en el programa.

El exdirector de la Ursec ingresó en diciembre de aquel año al organismo y, según su versión, lo llamó Ortuño y le dijo que él se hacía responsable sobre esa radio de Soriano. “Se había hecho todo el proceso, se habían firmado todas las otras autorizaciones y esa tenía que esperar hasta seis meses después de las elecciones de 2014”, agregó.

Desde la defensa de Cendoya dijeron que no fueron notificados de ninguna audiencia en los próximos días y que desde Fiscalía se les informó que se sigue trabajando en el caso. Cendoya declaró ante el fiscal Pérez el 3 de setiembre, y a la salida, en rueda de prensa, dijo que confiaba en que el caso fuera archivado. Esta semana volvió a declarar por el caso de la radio de Soriano.

El delito

El artículo 162 del Código Penal define que el abuso de funciones en los casos no previstos por la ley castiga al "funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares". La pena prevista por la norma es de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, la inhabilitación especial de dos a cuatro años y una multa multa de 10  a 3.000 Unidades Reajustables ($ 12.876 a $ 3.863.580, a valores actuales).

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