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Flashes y realidad: el recorrido de la Operación Océano
Los flashes y la realidad fueron partiendo a la Operación Océano. Lo que se presentó como la mayor causa de explotación sexual de menores de la historia se transformó también en una batalla mediática entre la Fiscalía y las decenas de abogados defensores. El Ministerio Público corría con la ventaja de ser el que investiga y acusa, pero numéricamente era sensiblemente inferior –un equipo de no más de cinco personas debía analizar la misma cantidad de pruebas que un grupo de más de 30 abogados–.
Este viernes la causa tuvo su mojón más importante hasta ahora, se barajó y se dio de nuevo para un juicio oral y aquel grupo de más de 30 imputados que estaban involucrados en la causa terminaron divididos de la siguiente forma: nueve fueron condenados por proceso abreviado, 11 irán a pelear su verdad a juicio oral y 13 serán sobreseídos (exculpados).
La causa pasó por distintas etapas que fueron televisadas segundo a segundo. En un comienzo, una fulgurante Darviña Viera, la fiscal que se convirtió en referente del caso, explicaba a los medios la trascendencia de esta causa que ponía sobre la mesa un tema callado por décadas en Uruguay. Con una mirada feminista y compasiva de las víctimas, explicaba cómo hombres mayores y de un considerable poderío económico se habían “aprovechado de la vulnerabilidad” de adolescentes.
Las situaciones de los imputados siempre fueron disímiles: algunos habían pedido la cédula a las adolescentes para comprobar su edad, otros no; algunos se habían encontrado con ellas y habían tenido relaciones, otros ni siquiera habían llegado a encontrarse con ellas.
“Para mí son todos casos de lesa humanidad” y “hay muchas Operaciones Océanos en Uruguay” todavía no develadas, había dicho la fiscal en entrevista con El Observador a principios del 2021.
Un año y pocos meses después, se “depuró” –en palabras de la directora de la Unidad de Litigación, Adriana Sampayo– la causa, que ahora comienza otra etapa. En el medio, miles de embates de los abogados defensores que, buscando lo que creen justicia para sus clientes, dejaron en evidencia varios errores de la fiscalía.
Evidencias que no habían sido debidamente ingresadas, pruebas que faltaban, testimonios que no se habían grabado, demoras en audiencias, teléfonos descompuestos, entre varias otras cosas. De hecho Gómez, en octubre del año pasado, cuando saltó uno de esos escándalos, designó a un policía especializado para que ordenara la carpeta de la investigación. En esa instancia ocurrió también la salida de Viera de la causa, que ya había estado en el ojo de la tormenta por lo descrito y su particular relacionamiento con la prensa. Llegó a decir el nombre de la principal víctima en público y declaró en el libro “Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano”, del periodista César Bianchi, que le “chupaba un huevo” la opinión de los abogados defensores, lo que le valió una investigación administrativa que se terminó archivando.
El 29 de octubre Viera dejó la causa argumentando problemas de salud que continúan hasta hoy y, según informó el mes pasado El Observador, no volverá a la fiscalía. El mes que viene se jubilará. A la vuelta de su licencia la esperaba una investigación administrativa por haber omitido informar de 50 archivos probatorios a las defensas, que finalmente no existirá. Tras ella, asumió el caso la fiscal Mariana Alfaro.
Por otro lado, las defensas, que durante todo el proceso han unido fuerzas, crearon un frente común. Si bien lograron mostrar a la opinión pública que no todo estaba tan cerrado como se mostraba al principio –y de hecho la realidad acompañó con el sobreseimiento de 13 imputados–, no han tenido prácticamente éxito con todos los reclamos que hicieron en el frente judicial. Desde pedidos de nulidad hasta apelaciones de medidas, que fueron desestimados tanto por la jueza María Noel Tonarelli como por los respectivos tribunales de apelaciones.
Fue la directora de la Unidad de Litigación, Adriana Sampayo, la encargada de “enderezar” la causa y quien lideró la tarea de “depurar” los casos, que estaba demasiado desordenada y fue construida en forma desprolija, según admitieron en la propia Fiscalía.
El principio del fin
El equipo fiscal liderado por Alfaro envió la demanda acusatoria a la hora 19:50 del jueves, 24 horas antes de que se venciera el plazo formal. Cuando llegó la confirmación del juzgado, se fundieron en un abrazo en el que alguna –en el equipo son todas mujeres– llegó a lagrimear. Al abrazo se sumó el fiscal de Corte, Juan Gómez, que esperó junto a ellas la llegada de la confirmación. Se sacaron un peso de encima y ahora comienza el momento de recargar fuerza para la nueva etapa.
“Queremos que se haga lo correcto y hoy me siento halagado de que se hizo lo correcto”, dijo Gómez, en la conferencia de prensa en la que hizo una puesta a punto de la investigación. Estuvo ausente la fiscal del caso, Mariana Alfaro, que no volvió a aparecer ante los medios luego de los cuestionamientos por haber solicitado el allanamiento de la radio Azul FM.
El fiscal Gómez resumió el panorama, se hizo eco de titulares de la prensa y criticó algunos puntos que hicieron los abogados defensores. “(Dijimos que) el trabajo de la Fiscalía se iba a encarar en forma absolutamente profesional, con humildad, si tuviéramos que reconocer alguna situación lo íbamos a hacer. Lo que más nos importaba es que la sociedad tuviera una versión veraz de esta operación que concitó su atención. Y también como respuesta a algún comentario que se dejó circular de que esto había naufragado o fracasado, si bien no es algo relevante, queremos que la población tenga la exacta verdad sobre lo que ha sucedido”.
Por otra parte, señaló que mientras “profesionales abogados presentaron las últimas nulidades” pocos días atrás, luego “terminaron celebrando procesos abreviados con la Fiscalía”. “Eso relativiza las situaciones. No se puede sostener que algo es nulo y al otro día acordar una solución al conflicto, que bienvenido sea”, cuestionó.
La polémica por los abreviados y los sobreseídos
El exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien renunció en octubre de 2021, tuiteó al respecto: “En el proceso abreviado el imputado acepta los hechos que se le imputan (se declara culpable) y el juez o jueza lo condena como autor penalmente responsable de ese delito. Lo demás es viru viru”. A esto, el abogado Ignacio Durán –que participa de la causa– le respondió: “¿Usted sabe la cantidad de personas que hay en el módulo 8 de preventiva del Comcar aceptando acuerdos abreviados (renunciando a su más sagrada convicción de inocencia) pidiendo a gritos que lo firmemos ya ‘solo para salir de ese infierno’? Para usted es viru viru. ¡Qué tupé!”.
Varios profesionales del derecho han manifestado que, desde la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal –del que Díaz fue gran impulsor– los procesos abreviados impulsan a personas que se creen inocentes a aceptar los cargos a cambio de tener un “final rápido”. “Es una aceptación de hechos formal”, valoró la defensora pública María Noel Rodríguez Nader.
En cuanto a los sobreseimientos –que hasta hace menos de 10 días se esperaba que fueran alrededor de cinco y terminaron siendo 13–, Gómez expresó: “No hubo ningún cambio. En el momento que se mencionó eso se continuaba el estudio (...) se llegó a la conclusión de que las evidencias reunidas no eran de la seriedad que tienen que tener para presentarse en un juicio oral y público”.
“Por eso hablo de responsabilidad y de humildad, por eso creo que nadie podrá achacar nada al equipo que trabajó, que lo hizo con el norte de hacer lo correcto y hacer lo correcto no es acusar gente por acusar por aumentar números de personas sino de consultar adecuadamente las evidencias que se reunieron y ver si habilitarían una sentencia de condena o no”, cerró Gómez
