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Freno impensado para Macri: sus socios cuestionan el tarifazo

Debe persuadir a la opinión pública y a la dirigencia de Cambiemos de la necesidad de la medida

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30 de abril de 2018 a las 05:00

El debate sobre las tarifas de los servicios públicos le dejó en claro al macrismo que se produjo un inesperado adelantamiento de los tiempos políticos.

Ya está instalado, casi como una tradición argentina, que los años impares –es decir, de elecciones– están signados por la expansión de la actividad y el consumo, con un mayor impulso de la obra pública, un dólar quieto y un esfuerzo por mantener calma en la economía.

En cambio, los años pares son los de la recomposición de los ingresos fiscales, con eventuales ajustes ya sea en el plano impositivo o tarifario.

Sin embargo, este 2018 está reflejando ciertas "prohibiciones" de política que impresionan como fuera de contexto porque son más bien propias de un período electoral. Por caso, interferir en el merado para que el tipo de cambio y las tarifas frenen su recorrido y que pasen a funcionar como "ancla" del resto de los precios.

La explicación a este fenómeno tiene más raíz política que económica. En síntesis, el macrismo encontró su límite y se llama Elisa Carrió.

El freno de Carrió

Al inicio de la gestión, se transmitía la convicción de que, aun estando en minoría en el Congreso y aun cuando hubiera que adoptar medidas antipáticas, se lograría el acompañamiento de la opinión pública.
Se suponía que la memoria fresca por los apagones y la constatación de que el país había perdido el autoabastecimiento de gas en 2004, el de petróleo en 2007 y el de electricidad en 2008 bastarían para persuadir sobre la necesidad de corregir los precios de la energía.

Convencido de eso, el Gobierno pudo atravesar una serie de obstáculos que le puso la oposición: los tempraneros cacerolazos de 2016 pidiendo la renuncia del ministro de energía, los reveses judiciales que obligaron a dar marcha atrás con los aumentos, y finalmente la realización de las audiencias públicas con la participación de las asociaciones de usuarios.

En todas esas pruebas el macrismo salió airoso en un doble sentido: primero, logró llevar a cabo su cronograma de incremento tarifario; y segundo, consiguió que el tarifazo no se transformara en un impedimento para la victoria electoral en las legislativas del año pasado.

Con esos antecedentes, parecía que la controversia política por el tema tarifario ya era una cuestión superada. Pero apareció Elisa Carrió y dictaminó el fin del margen político para continuar.

Es una barrera que el macrismo nunca ha logrado sortear. En definitiva, esa ha sido desde un inicio la función de Carrió en la coalición Cambiemos: garantizar que un sector de clase media progresista que votó a Macri mantenga su apoyo.

Y cuando la diputada ha marcado discrepancias –sea de índole judicial o económica–, todo el macrismo entendió que se había llegado a un punto que no podía traspasarse, bajo riesgo de perder el apoyo político de una parte importante del electorado macrista.

Esta vez no será la excepción. El reclamo de Lilita para una revisión de las tarifas públicas será analizado y aprobado.

El debut de una "oposición oficialista"

No es la primera vez que Lilita se queja en público de la política económica, pero lo que nunca había ocurrido es que expresara una coincidencia con la postura de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde su flamante puesto de senadora, la expresidenta volvió sobre uno de sus temas preferidos. Está convencida de que la oposición al tarifazo puede ser una forma de reunificar al atomizado peronismo y reconciliarlo con el electorado de clase media.

De hecho, una de las posibilidades que se manejan en el Congreso es que –más allá de cualquier cambio que pueda definir el Gobierno en la política tarifaria– el peronismo avance con su proyecto para atar la suba de tarifas a la evolución de los salarios. Todo indica que esa iniciativa contará con el acompañamiento del kirchnerismo, lo cual la pone muy cerca de ser convertida en ley.

La intención del peronismo es que Macri deba asumir el costo político de vetar ese proyecto. Algo similar a lo ocurrido en 2016 con el veto a la ley que duplicaba la indemnización por despido, con la diferencia de que ahora el contexto social es diferente.

La primera que percibió ese cambio de clima fue, precisamente, Carrió. Mucho antes que el peronismo pusiera en marcha su estrategia de convocatoria a "ruidazos" y marchas de protesta contra el tarifazo y de nuevos pedidos de amparos en la justicia, la diputada había advertido la erosión en la base de apoyo político de Cambiemos.

Ya la díscola socia de Macri venía reclamando medidas intervencionistas contra la inflación, y hasta llegó a hacer un llamamiento público de boicot a los supermercados. Pero el síntoma más evidente de que Carrió se autopercibe como la encargada de marcar los límites al macrismo ocurrió en diciembre pasado, cuando obligó al equipo económico a introducir compensaciones en la nueva fórmula jubilatoria.

Ahora, como en aquella oportunidad, Carrió interpretó que era preferible que ella ocupara el rol de "opositora friendly" y forzar al presidente a una revisión a tiempo, antes que llegar a una situación de explosión social en la que, para colmo, se cedería al peronismo la posibilidad de recuperar el protagonismo en la agenda y la calle.

El test del ajuste inconcluso

El desafío para el Gobierno es el de persuadir a la opinión pública de que la fase de ajuste no terminó y que es necesario seguir corrigiendo los desequilibrios heredados.

La postura dura que está mostrando Macri en cuanto a tocar las tarifas propiamente dichas y a limitar la revisión a los topes para los picos de consumo estacional parece ir en ese sentido.

Por otra parte, se le pidió a los funcionarios que levantaran su perfil para explicar en los medios la gravedad de la situación. Por caso, el subsecretario de política económica, Luciano Cohan, publicó un artículo en el cual detalló que mientras en un período de 15 años el país sufrió una inflación de 1.400%, la tarifa eléctrica apenas subió un 30%.

Y, para ilustrar la gravedad de la pérdida de autoabastecimiento y la ineficiencia del sistema de subsidios, indicó que mientras en 2015 el costo de producir un megawat por hora era de u$s70, pero el Estado pagaba u$s120 mientras al usuario le llegaba la factura por u$s10.

"Entre 2003 y 2015 nos gastamos 24 puntos del PBI en subsidios a la energía y combustibles. A precios de hoy eso son unos 150 mil millones de dólares", agrega Cohan, quien grafica que con ese monto podría soterrarse el tren Sarmiento 75 veces o construirse 17 autopistas entre Ushuaia y la Quiaca.

La duda, claro, es si este tipo de argumentación sigue teniendo fuerza en un momento como éste, en el cual los propios socios de Cambiemos, como Carrió, parecen haber marcado el fin del período en el cual se puede seguir culpando a la administración anterior. El convencimiento de Lilita es que se ingresó en una fase en la que el costo político –y electoral– por el tarifazo lo pagará Cambiemos y no el peronismo.

De manera que las próximas semanas serán clave para saber cuál será la tónica de la gestión de Macri hasta las elecciones. Si se aferra a "lo que hay que hacer" asumiendo el costo político de las medidas antipáticas o si, como ya anticipan desde el peronismo, ingresará en una fase de "populismo culposo".

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