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Frente Amplio plantea que impuesto de 20% a cargos políticos sea permanente
La bancada del Frente Amplio definió este miércoles acompañar en general el proyecto de ley que crea un impuesto a sueldos públicos y jubilaciones, pero presentó un sustitutivo para que el recorte de 20% a salarios políticos sea permanente y no por solo unos meses.
Una vez culminada la emergencia, la izquierda plantea que ese ahorro se destine al Fondo Nacional de Vivienda.
"Con espíritu austero, creemos que desde el sistema político debemos y podemos contribuir económicamente a la generación de políticas en beneficio de las grandes mayorías", dijo el senador del MPP Charles Carrera, y recordó que su sector ya había hecho esa propuesta hace un año junto a otro paquete de medidas concernientes al sistema político.
"Al carácter transitorio por dos meses que le asigna el proyecto del gobierno, queremos darle continuidad en señal de esa austeridad y solidaridad que se reclama", escribió en su cuenta de Twitter.
El diputado del PERI César Vega también había propuesto días atrás que el impuesto fuera permanente en el caso de políticos. El año pasado, el sector de José Mujica había planteado un impuesto de 15% a cargos políticos y de particular confianza.
Debate
La Cámara de Senadores debatirá el texto en la tarde de este miércoles. En la mañana, la comisión de Hacienda recibió a la ministra de Economía Azucena Arbeleche, quien se explayó en los detalles del articulado.
El gobierno remitió este martes al Parlamento el proyecto que crea el Fondo Coronavirus. El texto fija la creación de "un impuesto de carácter mensual" denominado "impuesto de Emergencia Sanitaria Covid-19", que abarcará a sueldos públicos y políticos, así como las jubilaciones públicas y privadas mayores a $120 mil nominales.
El texto del Ejecutivo señala que el impuesto será por los meses de abril y mayo, facultándose al Ejecutivo a prorrogar su aplicación "hasta por un período máximo de tres meses", es decir, hasta agosto. En ese caso deberá comunicarlo a la Asamblea General.
De acuerdo al proyecto original, los cargos políticos –desde presidente y vicepresidenta, pasando por ministros, subsecretarios, legisladores, intendentes y otros puestos de particular confianza– aportarán 20% de su salario, indistintamente de cuánto cobren.
Ese impuesto incluirá a "los beneficiarios de los subsidios otorgados por ley a quienes hubieren ocupado cargos públicos o de particular confianza". Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el exvicepresidente de la República Raúl Sendic.
También estarán comprendidas en ese tributo "las retribuciones personales de los funcionarios que desempeñan tareas en el exterior", incluyendo "embajadores, ministros o ministros consejeros".
El Partido Nacional propuso este miércoles que también se abarque a las colaterales de las empresas públicas o servicios descentralizados que operan bajo derecho privado pero obtienen los recursos del Estado.
"Sería una injusticia que un trabajador de Ancap pagara el impuesto y un trabajador de Ducsa o Alur, que son propiedad de Ancap, no lo pagara. La idea es que todas esas más de 60 sociedades anónimas propiedad del Estado, así como las que personas de derecho público no estatal (CND, Inefop, Fondo solidaridad, entre otras)", dijo el senador nacionalista Jorge Gandini.
Respecto a los reclamos del Frente Amplio de que también se extienda a ciertos sectores privados, Gandini dijo que esa posibilidad no se descarta pero que "el gobierno trabaja seriamente".
"Cuando dice algo tiene pronto cómo hacerlo. No tira una cosa y después ve cómo hace. Hay que empezar por los públicos. ¿Por qué?
Porque tenemos una enorme ventaja. Hoy es 1 de abril y muchos ya estamos cobrando. Cuando termine esto ninguno se quedará trabajando. Muchos hoy no están trabajando y están en su casa, pero seguirán cobrando", dijo el senador. "Esa ventaja nos obliga a dar el ejemplo", agregó.
El legislador, perteneciente a Alianza Nacional, remarcó que el impuesto es más bien "una señal", dado que "unos US$ 12 millones en dos meses no mueve la aguja en un gasto que va a superar los US$ 500 millones". Hasta ahora, el gobierno había informado que las medidas anunciadas rondaban los US$ 400 millones.
Carolina Cosse, del Frente Amplio, dijo que la oposición "entiende que esta es una excepción y una situación que nadie eligió", aunque tienen "algunas dudas" en determinados aspectos. "Estaríamos considerando este proyecto en el marco de una excepcionalidad", insistió.
La exministra de Industria y candidata a la Intendenica de Montevideo dijo que le "parece muy bien" que los cargos políticos sean "los primeros en poner el hombro", aunque advirtió una "gran cantidad de cuestionamientos posibles desde el punto de vista legal" en otros artículos.
Sueldos públicos y jubilados
Los sueldos de funcionarios públicos y las jubilaciones, en cambio, tendrán un mínimo no imponible y una tasa diferenciada por franjas.
En caso de los trabajadores activos, "en ningún caso" los sueldos líquidos de aquellos que aporten podrá bajar de $ 80 mil una vez descontado todos los impuestos. Para los jubilados, las retribuciones no podrá bajar de $ 100 mil líquidos una vez descontado el tributo.
Los que perciban hasta $ 120 mil nominales no pagarán ningún impuesto adicional. De $ 120 mil a $ 130 mil se descontará un 5%. De $ 130 mil a $ 150 mil se descontará 10%. De $ 150 mil a $ 180 mil se aplicará una tasa de 15%. Las retribuciones superiores aportarán 20% para atender la emergencia sanitaria.
En el caso de las jubilaciones, el artículo 8 señala que "estarán gravados los ingresos correspondientes a las jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad similares, servidos por instituciones públicas y privadas, residentes en la República". El impuesto es adicional al IASS.
En el caso de los sueldos públicos, los sujetos pasivos son los "funcionarios de la Administración Central, Poder Legislativo, Poder Judicial, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y de los Gobiernos Departamentales; "aquellas personas físicas que mantengan contratos de servicios personales con el Estado, incluyendo los contratos de arrendamiento de obra y de servicios, motivados por vínculos temporales que no revistan la condición de funcionarios públicos, excluido el IVA, cualquiera sea su fuente de financiamiento"; y "los beneficiarios de los subsidios otorgados por ley a quienes hubieren ocupado cargos públicos o de particular confianza".
El Fondo Coronavirus se dotará en parte de las utilidades del ejercicio 2019 del Banco República (BROU), así como "hasta el 100% de las utilidades acumuladas" de la Corporación Nacional para el Desarrollo al momento de la promulgación de la ley. "El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, determinará el porcentaje correspondiente de forma tal que no se afecte el cumplimiento normal de los cometidos que le hayan sido atribuidos (a la CND)", dice el texto.
También recibirá el aporte del "total de los tributos transitorios" a sueldos públicos y jubilaciones, además de "donaciones en dinero, tanto nacionales como extranjeras, que tengan por objeto contribuir con el Fondo Solidario covid-19", fondos de préstamos de organismos multilaterales de crédito, y "toda otra partida, fondo o contribución destinado al Fondo Coronavirus".
