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Economía y Empresas > Polémica por protocolo

Gimnasios denuncian amenazas por pedir vacunación a socios y reclaman un "sustento legal"

En el sector sostienen que no existe un marco legal que los habilite a solicitar vacunación contra covid-19 a sus socios y que varios propietarios ya han sido hostigados por hacerlo
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04 de agosto de 2021 a las 05:03

La medida del gobierno de permitir desde este lunes que los gimnasios, piscinas y espacios cerrados pueden elevar su aforo al 65%, siempre y cuando sus socios estén vacunados contra covid-19, generó mayor incertidumbre en el sector. Representantes del rubro sostienen que no hay un marco legal para plantear a los socios este tipo de exigencias y alertaron por hostigamiento y demandas que algunos han recibido.

La Secretaría Nacional del Deporte (SND) autorizó el viernes 30 de julio la ampliación del aforo de los gimnasios cerrados al 65% de su capacidad y determinó que quienes asistan deberán estar vacunados contra el covid-19.

En un comunicado en el que informa las nuevas disposiciones, la SND indicó que a partir del 1° de agosto los gimnasios, piscinas y espacios cerrados podrán elevar su aforo al 65%.

El documento también indica que, para aplicar esa disposición, a toda persona mayor de 12 años que concurra a estos locales se le exigirá que acredite el certificado de vacunación contra el covid-19, emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), y en el que conste que le fueron suministradas las dos dosis de vacunas contra el covid-19 y que ya transcurrieron 14 días desde la segunda.

Para eso deberán presentar el certificado impreso o digital mediante la aplicación Coronavirus UY.

Además, se habilita el uso de los vestuarios, que no podrá exceder a los 15 minutos por persona.

La SND recordó que los propietarios de los gimnasios deberán ser responsables del cumplimento de las medidas y protocolos sanitarios ya establecidos por el MSP.

Las dudas del sector 

Ante esta resolución, la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA) emitió un comunicado este lunes en el que señaló que "surgen muchas interrogantes respecto a las potestades de las empresas para solicitarle a un socio o cliente información respecto a su salud, para poder acceder a un servicio o actividad comercial privada, según lo estipula el nuevo régimen de aumento de aforo con duchas y vestuarios dispuesto".

En el comunicado, la CUGA indica que el certificado de vacunación que se debe exigir, según la nueva disposición de la SND, "es de carácter confidencial, tiene su especial protección al amparo de la Ley N° 18.331 (Ley de Protección de Datos), por tratarse de un dato sensible, respecto a la salud de las personas, que se encuentra especialmente tutelado en los artículos N° 4 Literal E, articulo 12, 18 y 19".

No encontramos el marco jurídico que habilite a cumplir con eso, que nos habilite a pedir información confidencial a un usuario del servicio, porque estamos hablando de la ley de confidencialidad. Nosotros no tenemos autoridad para eso”, dijo a El Observador Lourdes Rapalín, presidenta de la CUGA.

Rapalín sostuvo que muchos gimnasios “ya están siendo acosados y amenazados con demandas por discriminación” y explicó que exigir vacunación a los socios también implica exigírsela a los trabajadores, algo que no está permitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Se está generando una brecha divisoria que no sabemos cómo manejarla porque muchos socios plantean: ‘Cómo me vas a exigir algo a mí si sabés que tenés trabajadores que no están vacunados’”, relató la empresaria. Y agregó: “En ese caso debería salir un decreto que declare obligatoria la vacunación para el trabajador de los gimnasios. No estamos diciendo ni que está bien ni que está mal pero ahí tendríamos un respaldo en la ley para ampararlos. Pero no por un comunicado de la SND que sale sin firmar”.

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El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo este lunes al programa Todas las voces de canal 4 que “si no hay obligatoriedad en la vacunación” no se puede exigir la vacuna a los trabajadores “sin incurrir en una conducta discriminatoria. El empleador no puede obligar al empleado a que se vacune hasta que no haya una norma que establezca que la vacuna contra covid-19 es obligatoria”.

Mieres expresó que quien pueda tomar una decisión de este tipo está sujeto a sanciones. “Cualquier conducta que tome un empleador respecto a un trabajador porque no se ha vacunado, sea despido o marginarlo de sus tareas habituales, implica una discriminación y si hay una denuncia habrá una sanción”, alertó. 

Gastón Tejera, representante legal de la CUGA y asesor de varios gimnasios, dijo a El Observador: “Si un propietario rechaza la posibilidad de que ingrese un socio, es pasible de encuadrar en un eventual delito por discriminación. Se está exponiendo un dato sensible como la salud como condicionante de acceder a un servicio. Se está discriminando por razones de salud, es lo mismo que por razones de etnia y religiosas”.

Tengo clientes que comunicaron la nueva disposición y que están siendo acosados y hostigados. Ellos, más allá de si están de acuerdo o no con la medida, están en una situación en la que deben velar por la continuidad de las empresas, las fuentes de trabajo y por poder desarrollar la actividad”, alertó Tejera.

La CUGA solicitó reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el MTSS y la SND.

“Acá el gran problema es que el derecho de admisión no está reglado por ley. Sí por decretos. La jurisprudencia son fallos de un juez pero no hay una regla clara que interprete y marque la cancha de cómo tienen que operar las empresas –sostuvo Tejera y agregó–: La idea es que esto en la reunión se aclare y se nos consulte por la realidad del sector para buscar una alternativa viable, clara y con base en la libertad responsable”.

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