El gobierno cerró este jueves a última hora un acuerdo con Katoen Natie por el cual el operador portuario y logístico se compromete a no realizar un juicio internacional millonario contra el Estado uruguayo. De esta última negociación participaron ejecutivos de la firma belga, el ministro de Transporte Luis Alberto Heber, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Juan Curbelo.
La compañía había enviado una carta en febrero del año pasado, cuando todavía gobernaba el Frente Amplio, comunicando su decisión de iniciar una demanda por US$ 1.500 millones, por entender que se la había perjudicado y favorecido a la empresa Montecon SA, el principal operador de contenedores en los muelles públicos de la ANP.
Katoen Natie había conminado al Poder Ejecutivo en octubre del 2019 a entablar negociaciones inmediatas por considerar que se estaban dando violaciones del tratado de protección de inversiones entre Bélgica-Luxemburgo y Uruguay.
El gobierno de Lacalle Pou comenzó a negociar con la empresa en abril del año pasado, y este jueves llegó a un acuerdo para evitar ese juicio. Según supo El Observador, el pacto incluye la extensión de la concesión a Katoen Natie de su terminal TCP -donde la ANP es socia minoritaria con un 20%-, a cambio de inversiones por US$ 450 millones. El contrato por la operación de TCP de Katoen Natie en el puerto de Montevideo vigente hoy es hasta 2031.
“Estamos muy satisfechos por el acuerdo alcanzado. Fue una negociación larga, pero dio sus frutos”, destacó una fuente oficial a El Observador.
Triunfo con Aratirí
El gobierno de Lacalle Pou había recibido en agosto pasado un fallo favorable en el juicio internacional en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que le entabló la minera Aratirí.
La firma de origen indio reclamaba al Estado uruguayo US$ 3.536 millones. La demanda planteó que el Estado incumplió con el tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay, algo que finalmente no prosperó en La Haya.
