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Pese al decreto presentado por el gobierno, Cabildo está dispuesto a votar ley forestal con el FA
El senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) remarcó este lunes la intención de su fuerza política de que, antes que termine 2021, sea ratificado en el Senado su proyecto ley de regulación de suelos forestales. Esto a pesar de que, pocos minutos antes, dos ministros de Estado presentaban ante el Parlamento un decreto que actualiza la normativa vigente y que, a su juicio, deja sin efecto de la necesidad de una nueva ley.
De esta manera, los liderados por Guido Manini Ríos siguen dispuestos a sumar sus votos con el Frente Amplio para sacar adelante el proyecto, más allá de la postura contraria de sus socios en la coalición de gobierno.
“Esperamos concluir el año con una ley que proteja la producción nacional” sostuvo Domenech, poco después que los ministros se retiraran de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. El senador cabildante planteó allí los riesgos de que la iniciativa, que cuenta con sanción en Diputados, vea demorado aún más su trámite parlamentario.
“Se corre el riesgo que la deforestación siga avanzando en tierras cercanas a las plantas (de celulosa) para así optimizar sus ganancias, perjudicando a los productores”, dijo.
Consultado, Domenech restó importancia a la posibilidad de que Cabildo Abierto vote separado del resto de la coalición. “Ya el Partido Nacional ha votado junto al Frente Amplio leyes que nosotros no acompañamos, como la de los aeropuertos”, recordó. “Así que esto no sería un fenómeno nuevo”.
Domenech remarcó además que este proyecto de ley no estaba incluido en el “compromiso por el país” que los cinco partidos del oficialismo suscribieron como acuerdo programático antes de la segunda vuelta electoral de 2019. “Esta temática no comprende los compromisos asumidos por la coalición”, puntualizó.
En los próximos días el Frente Amplio procurará asegurarse de que Cabildo Abierto mantenga su postura. A los efectos, la oposición ya inició la coordinación correspondiente.
El senador Alejandro Sánchez (MPP) sostuvo este lunes que el proyecto procura “ordenar” la producción forestal y su futuro. Con 1,5 millones de hectáreas planteadas y 3 millones consideradas prioritarias, el legislador sostuvo que el sector tiene margen para avanzar.
“Con esta superficie se pueden abastecer las tres plantas de celulosa que va a haber en el país”, aseguró. “Con esto no se están cambiando las reglas de juego y ni está perjudicando a nadie”.
Según Sánchez, la presión que existe para acercar las plantaciones a la industria se ejerce hoy sobre suelos que, básicamente, no son de prioridad forestal. “Si dejamos librado esto a la lógica del mercado, la forestación seguirá avanzando, retirando a otras producciones, como alimentos. Nos parece que ese no es el camino”.
El decreto
Los ministros de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca presentaron este lunes en el Parlamento el decreto que establece una actualización en la regulación del uso de suelos de prioridad forestal.
El texto fue presentado ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado en el marco de la discusión de un proyecto de ley de Cabildo Abierto que viene generando diferencias en la coalición de gobierno.
El decreto, al que accedió El Observador, señala la "conveniencia" de establecer un registro ambiental de plantaciones forestales de menos de 100 hectáreas como medida complementaria, y declarar sujeto a autorización ambiental especial las plantaciones forestales de más de 100 hectáreas en suelos ya forestados.
El registro será llevado a cabo por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Allí deberán presentarse todos los interesados en emprender una nueva plantación forestal de entre 40 y 100 hectáreas. La inscripción en el registro tendrá validez por hasta tres ciclos forestales.
Para ser registradas, las plantaciones deberán realizarse en un 50%, como mínimo, en suelos definidos como de prioridad forestal. Al momento de la solicitud, el área forestada o de las cuencas donde se instalará la plantación deberá ser menor al 80% del total de la superficie de cada cuenca superior a 1.000 hectáreas.
Se establece además que el área afectada por el proyecto forestal no podrá intervenir en ecosistemas prioritarios: montes nativos, humedales, roquedales o arenales. Deberá así permitir la adecuada conectividad de los mismos, sin dejar "parches aislados", y deberá mantener un mínimo de 20 metros de amortiguación con cursos de aguas permanentes o montes nativos, y de 10 metros con roquedales, humedales, palmares y árboles de zonas serranas.
El decreto fija a su vez la definición de terrenos forestales. Serán los suelos ya forestados según la normativa vigente al momento de la plantación original. También los clasificados USDA VI o VII, junto a los suelos categoría USDA IV que presenten potencial riesgo de erosión según los criterios oficiales.
Quedará incluida en esta definición toda nueva plantación forestal de 100 hectáreas o más en un establecimiento o unidad de producción que ocupe como máximo un 20% de otro tipo de suelos, siempre que estos no superen el 10% de suelos USDA I y II ni representen más de 100 hectáreas de suelos USDA I,II y III.
El decreto señala a su vez que la superficie destinada a bosques protectores de servicio en cualquier predio agropecuario no podrá superar el 8% de la extensión total. Se considerará "nueva plantación forestal" a toda acción de plantar con especies forestales, con independencia del uso previo del suelo o área a ejecutarse.
Bajo objeto de estudio y eventual autorización ambiental quedarán las nuevas plantaciones forestales de 100 o más hectáreas a desarrollarse exclusivamente en suelos ya forestados y cuyas anteriores plantaciones no hubieran estado sujetas a autorización previa.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, destacó este lunes en conferencia de prensa que el decreto presentado este lunes fue fruto de más de un año de trabajo "serio y responsable" entre los técnicos de ambas carteras. Un trabajo que, precisó, comenzó mucho antes que Cabildo Abierto "pusiera sobre la mesa" el tema con su proyecto de ley.
Peña destacó que la nueva reglamentación, que ya está vigente, supone criterios más restrictivos desde el punto de vista ambiental. Un paso más, señaló, en el marco de las 27 actualización que ha tenido la ley forestal desde que fue puesta en vigencia, en 1987. Según el jerarca, se optó por implementarla vía decreto al ser una herramienta jurídica mucho más flexible, que permitirá actualizarse en los próximos años sin quedar sometida la rigidez de una ley.
"Este decreto es la prueba evidente de que no se necesita nueva legislación" sostuvo, en una referencia indirecta a la ley propuesta por Cabildo Abierto.
Problemas
Tanto en el Poder Ejecutivo como en los partidos Nacional y Colorado entienden que la discusión de la iniciativa de los liderados por Guido Manini Ríos debe continuar tomando como insumo la nueva reglamentación, que puede tornar "innecesarias" algunas de las modificaciones planteadas por los cabildantes.
Cabildo Abierto llegaba a la sesión con la intención de llegar a una definición este mismo lunes, aunque dispuesto a estudiar el informe que presentaran los ministros. Sobre la mesa sigue estando la posibilidad que repita el esquema del año pasado en la Cámara de Diputados y termine sancionando el proyecto junto al Frente Amplio.
Una alternativa que traería "problemas" a la coalición de gobierno, según dijo este lunes el senador nacionalista Gustavo Penadés. "Si sucediese, cosa que esperemos que no, sí será un problema", adelantó. "Sería incomprensible esa mayoría parlamentaria, ya que el Frente Amplio está atacando sistemáticamente a Cabildo Abierto, de forma a veces demasiado violenta", dijo.
