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Gobierno quiere resolver cuanto antes pedido de asilo de Alan García

Si bien no tiene un plazo es consciente de que la situación genera atención y debe ser resuelta pronto 

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18 de noviembre de 2018 a las 18:05

El gobierno busca decidir cuanto antes sobre el pedido de asilo del expresidente peruano Alan García, solicitado el sábado por la noche en la residencia del embajador uruguayo, Carlos Barros, y que es investigado por colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Fuentes de la Cancillería indicaron a El Observador que, a pesar de no tener un plazo previsto legalmente, son conscientes de que la solicitud suscita mucha atención y es mejor resolverlo pronto. Uruguay concedió a García el pedido de solicitud pero debe resolver si el exmandatario puede viajar al país o tiene que abandonar la embajada uruguaya, donde esperará la resolución del gobierno.

Para tomar la decisión, el gobierno debe aguardar que Perú envíe información sobre la situación de García en ese país. Este domingo esa información todavía no había llegado pero las fuentes consultadas indicaron que esperan recibirla este lunes. Sin esos datos que enviará el gobierno peruano Uruguay no puede tomar una decisión ya que está atado a la Convención de Caracas, firmada en 1954, que si bien no fue ratificada en su totalidad, sí cuenta con la firma de Uruguay y Perú. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, afirmó a El Comercio de Perú que Uruguay “tiene una larga tradición en materia de asilo”. 

“Nosotros estamos evaluando porque aquí hay una Convención de Caracas (Venezuela) de 1954 en la que se establece el asilo diplomático. De acuerdo a la Convención de Caracas de la cuales son partes Perú y Uruguay, entre otros, nosotros comunicamos a la Cancillería Peruana la situación y de acuerdo al articulo noveno de esa Convención, el gobierno peruano va a hacernos llegar información al respecto a nuestro gobierno”, dijo a ese diario, desde Bruselas.  

Nin indicó que “el expresidente García está asilado en la embajada” y “no tiene que demostrar o fundar ningún requisito”. “Quien determina la calificación de perseguido político es el estado asilante; es decir, nosotros. Por eso estamos pidiendo la información al gobierno peruano y que nos hará llegar; y en función de eso resolveremos”, sostuvo.

Razones del pedido

El exmandatario peruano transmitió el pedido de asilo al presidente Tabaré Vázquez por teléfono, según publicó el portal de Presidencia. 

El exmandatario peruano transmitió el pedido de asilo al presidente Tabaré Vázquez por teléfono, según publicó el portal de Presidencia. A su vez, en una carta difundida en Twitter  por Apra -el partido político de García- el expresidente relata a Vázquez su visión sobre la causa judicial e indica que en medio de la investigación “se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno”. 
“Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. Estallado el escándalo Odebrecht, como en otros países, se iniciaron las investigaciones, y con ellas se descubrieron y probaron grandes sobornos”, escribió y mencionó los casos del expresidente Alejandro Toledo, del también exmandatario Ollanta Humala y “el descubrimiento de supuestos servicios financieros prestados por Pedro Pablo Kuczynski a la empresa Odebrecht para sus negocios en el Perú” .

“Toda la atención fue puesta en mí, a la espera de que, las delaciones acordadas entre la empresa y la Fiscalía de la Nación del Perú, arrojaran alguna prueba de pago o soborno. Pero por el contrario, en todas sus declaraciones durante dos años y bajo juramento, tanto Marcelo Odebrecht como sus más altos funcionarios, reiteraron: ‘Jamás se habló con Alan Garcia de nada ilícito’ y jamás mencionaron, como en todos los otros casos, montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. Todo ello a pesar de las especulaciones gratuitas o rumores que los adversarios y los agentes del gobierno difundieron. No existe pues ni una sola declaración, delación o prueba de ilícito, mencionados por ningún declarante peruano o brasilero”, afirma el expresidente García en la carta al mandatario uruguayo.

Cancillería informó en un comunicado este domingo que "Uruguay, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos en la materia y su tradición en materia de asilo, ha puesto el hecho en inmediato conocimiento de la Cancillería del Perú". Según indica, Perú "brindará la información necesaria para que nuestro país pueda evaluar la situación y adoptar la decisión que soberanamente considere adecuada a las circunstancias".

Cierre de fronteras

La Justicia peruana había prohibido el sábado que el expresidente Alan García saliera del país durante 18 meses, después de que la Fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.

El fiscal Pérez, especializado en delitos de corrupción, investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante el segundo mandato de García (2006-2011).

Pérez argumentó que García había buscado acelerar la licitación de las obras del metro, que la prohibición de salida del país era necesaria para asegurar que comparezca cuando sea citado a declarar pues reside parte del tiempo en España. 
El defensor de García, Erasmo Reyna, no rebatió el pedido del fiscal, pero alegó que su cliente ha cooperado con la Justicia, fue un “buen gobernante”, “sobre todo en su segundo gobierno” (el primero, en 1985-1990, terminó con hiperinflación), y no podía conocer todas las actividades de Odebrecht.

Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht, que admitió que pagó US$ 29 millones en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.
El expresidente socialdemócrata, bajo investigación por este caso desde marzo de 2017, había respondido desafiante el jueves el pedido de la fiscalía, tildando de “imbéciles” a los investigadores.
Después moderó el tono y expresó su “allanamiento” (aceptación) de la prohibición de salida del país, lo que evitó que este sábado se prolongaran excesivamente los debates en la audiencia judicial.

“Ni me vendí ni nada pedí”, tuiteó poco antes de la audiencia García, de 69 años, quien es investigado por presunto “lavado de activos y colusión agravada” en perjuicio del Estado peruano. De ser llevado a juicio, arriesga una condena de 11 años de prisión.

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