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Gobierno saldrá a pedir préstamos para "apalancar" el fideicomiso destinado a erradicar asentamientos
El Poder Ejecutivo prevé obtener a partir de préstamos la mayor parte del dinero que está previsto invertir en el plan nacional de erradicación de asentamientos. Será a partir del año que viene, en lo que será el fondeo principal de los US$ 240 millones que, se prevé, se integrarán al fidecomiso previsto para poner en práctica el "buque insignia" de la actual gestión de gobierno. Así lo indicaron en el Parlamento las autoridades del Ministerio de Vivienda, dando por primera vez un indicio concreto de las fuentes centrales para financiar el ambicioso plan.
La Rendición de Cuentas aprobada en 2021 preveía la creación de ese fideicomiso a partir de dos fuentes. Por un lado, una partida anual fija de 106 millones de unidades indexadas, equivalentes hoy a poco más de US$ 14 millones, derivados del adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales de inmuebles rurales. Por lo otro, lo que se recaude en concepto de IRP e IRAE a la enajenación de esos inmuebles. Por esas dos vías es que se financiaba hasta entonces el Instituto Nacional de Colonización, y que el año pasado supuso una recaudación total de US$ 40 millones.
Una cifra similar está prevista para este año y, en primera instancia, se irá a ejecutar en el programa de asentamientos en 2022. Así lo indicó este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados Florencia Arbeleche, directora de Integración Social y Urbana, la nueva entidad que tiene a cargo ese plan.
Para obtener el resto, se apelará a otro artículo de la Rendición de Cuentas aprobada en 2021 y que permite, previa habilitación del Ejecutivo, solicitar préstamos para "apalancar" el patrimonio del fondo. Eso es lo que se hará, indicó Arbeleche, en los dos próximos años y así obtener los restantes US$ 200 millones previstos, que se pagarán hasta 2033. "Eso es lo que estimamos", dijo al insistir en el concepto central que viene utilizando Vivienda: "Nuestro gran desafío es ejecutarlos", indicó.
"A medida que se va ejecutando se va viendo cómo se necesitan esos recursos", señaló la directora, para aclarar que "hay una estimación, hay proyecciones, pero evidentemente a partir de eso es cómo se va a ir llevando adelante".
Ante los legisladores, Arbeleche clarificó otra de las dudas que existían con respecto al programa: los otros US$ 240 millones que fueron anunciados para el plan pero que ya están previstos en el Presupuesto Nacional. Según los cálculos de la jerarca, salen de la suma de los recursos asignados a otros tres programas ya existentes en el ministerio: el Plan de Mejoramiento de Barrios, el Plan Nacional de Relocalizaciones y el Plan Juntos.
"La suma de todo", amplió, da aproximadamente esos US$ 240 millones presupuestados que, sumados a los US$ 240 millones del fideicomiso, hacen los US$ 480 millones que han sido mencionados varias veces por integrantes del gobierno.
Las explicaciones no conformaron a los legisladores del Frente Amplio. "Hoy nos enteramos que hay que salir a buscar 200 millones", señaló la diputada Bettiana Díaz (MPP) al "valorar la honestidad" del ministerio. En su visión, existe una base de US$ 40 millones. El resto, "habrá que salir a buscarlos por ahí".
Díaz hizo referencia a las distintas versiones oficiales sobre la inversión prevista en el programa. Según indicó, en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas que se está discutiendo en el Parlamento se habla de "recursos adicionales", pero no se indica de dónde irían a salir. La diputada apeló también al testimonio de la propia Arbeleche que, a inicios de este mes, cuando fue consultada en la Comisión de Vivienda del Senado, también habló de "recursos adicionales" y de "refuerzos presupuestales", pero nunca de préstamos.
Para 2023 el ministerio evalúa realizar un "censo" de asentamientos. Hasta el momento, la previsión es trabajar en unos 40 que ya estaban incluidos en plan quinquenal a través de los distintos programas. También serán incluidos otros 20 que ya contaban con algún tipo de estudio pero que, al decir de la ministra Irene Moreira, estaban en "stand by". Finalmente, habrá otros 60 asentamientos en los que se trabajará por primera vez en el marco de este plan. En unos 11 proyectos se intervendrá a partir de un convenio con el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir).
En total, el plan pretende abarcar unas 15 mil viviendas.
Las estimaciones del ministerio señalan que en todo el país habría hoy entre 650 y 660 asentamientos en el que estarían viviendo unos 200 mil uruguayos. La mitad de ellos, entre 300 y 350, están ubicados en Montevideo. El resto, repartido entre Canelones y Artigas y, en menor medida, en Rivera y en Salto.
A principios de este mes el subsecretario Tabaré Hackebruch había señalado que se espera para ese censo un resultado por lo menos ajustado a la proyección. "Ojalá no nos llevemos ninguna sorpresa", expresó.
Si bien el mensaje del ministerio es que "se está trabajando desde el 1 de marzo de 2020" el comienzo formal de los trabajos a través del programa específico para la erradicación de asentamientos está previsto para el primer semestre del año que viene. A fines de 2024, se estaría "inaugurando" el primer resultado.
