Tras la difusión del video en redes sociales en el que se ve a un oficial de la Guardia Republicana con la cara tapada mientras compañeros le cantan feliz cumpleaños y le tiran agua en la cara, la Fiscalía General de la Nación tomó el caso y lo pasó al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía a la espera de que un fiscal de turno sea asignado como el titular del caso.
En el video, que fue publicado por el periodista Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter, se lo ve al alférez tirado boca arriba, con la cara cubierta mientras recibe golpes y le tiran agua al grito de "que los cumplas feliz". El hecho ocurrió en abril de 2022 y fue denunciado por el agredido este lunes, informó la Fiscalía.
El Ministerio del Interior informó que el director de la Guardia Republicana se enteró de la existencia del hecho, y que la cartera dispuso que el caso sea investigado por Asuntos Internos. Luego de la investigación, se sumarió a ambos agentes (el que tira el agua y el que filmó el video) y se los separó del cargo.
La Guardia Republicana se ha visto involucrada en irregularidades en los últimos meses. En julio de 2022, una alférez denunció ante el Ministerio del Interior que un capitán de la Guardia Republicana intentó abusar sexualmente de ella, informó La Diaria y confirmaron fuentes policiales a El Observador. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Políticas de Género del ministerio.
El hombre fue traslado de la Oficina de Contralor Patrimonial donde se encontraba, a la Dirección II Unidades Especiales-Secretaría, consta el boletín de órdenes de la Guardia Republicana, informó el medio. La mujer denunció que los hechos ocurrieron en la sede de la Guardia Republicana, ubicada sobre la avenida José Pedro Varela de Montevideo.
A su vez, a comienzos de 2022, tres efectivos de la Guardia Republicana fueron denunciados por abuso sexual de dos jóvenes, a quien se habían ofrecido a llevar en un patrullero. La fiscal Mariana Alfaro presentó la acusación, en febrero de este año. Pidió que se los condene a 18 años de prisión por los delitos de violación y abuso sexual especialmente agravado, dijeron fuentes de la investigación a El Observador.
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