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23 de abril 2022 - 5:04hs

Llega a su despacho y saluda, apurado. Se lo nota atareado. En el Parlamento, y luego de la “llegada del último ciclista”, se puede decir que empezó el año. Serán meses complejos: se viene la Rendición de Cuentas, hay varios proyectos  importantes que se pretenden sacar rápidamente y otros que no cuentan aún con consenso. Como uno de los principales referentes de la coalición en el Senado, su rol es articular y negociar para llegar a ellos; los mismos consensos que pretende se alcancen para lograr dos reformas fundamentales: en la educación y en el sistema de seguridad social.
Con un período de gobierno reducido, por la pandemia y el reciente referéndum, el plazo para concretar esos desafíos es escaso, y ya a la vuelta de la esquina asoma una campaña electoral en la que, pese a querer siempre lo mejor para su Partido Nacional, pone la meta en el triunfo de la coalición. 

Penadés dice que en la coalición no hay “primos ricos o primos pobres”, que en el Partido Nacional se vienen tiempos de “reordenamiento”, que wilsonismo y herrerismo son categorías “perimidas” y resume la dificultad para encontrar un sucesor del presidente Luis Lacalle Pou, que reunía dos condiciones: la de “líder” y la de “candidato”. A continuación, un resumen de la entrevista que El Observador mantuvo con el senador nacionalista Gustavo Penadés.

Usted fue uno de los principales defensores de la posición del gobierno en torno a la ley de urgente consideración (LUC). También dijo que, una vez pasado el referéndum, había que “apretar el acelerador” y emprender las reformas que se habían planteado. ¿En qué está eso? 

Hay que pensar que el gobierno vio reducido su mandato a la mitad. La primera mitad, los primeros dos años, se los llevó la pandemia, que hubo que atender.  Después, una vez que se aprobó la ley de urgente consideración, todo lo que fue  el mecanismo plebiscitario llevó casi ocho meses. Eso hizo que este Poder Ejecutivo esté obligado a concretar cosas en un periodo mucho más corto que en cualquier administración anterior. Vamos a tener que apretar el acelerador. Además, una cosa son los períodos de gobierno, otra cosa son los períodos políticos y otra los electorales. A fines de 2023 empieza la campaña electoral. 

¿Eso implicará que habrá cosas que quedarán por el camino? 

Lamentablemente será así. Pero el Partido Nacional siempre ha tenido un sentido de responsabilidad en el gobierno. Las reformas que ha emprendido en el pasado trascendieron sus administraciones y muchas  de ellas incluso se empezaron a ver una vez dejó el gobierno. 

¿Y eso cómo se traduce? 

En que vamos a tener  por delante la tarea de gobernar bien, promover reformas estructurales, de profundidad, y ganar la próxima elección. El presidente Kennedy tenía una frase que es muy elocuente: la primera misión de un político es ser electo. La segunda, ser reelecto. Lo que debemos buscar es que esta gestión termine concretando un apoyo mayoritario para el gobierno de coalición. 

¿Lo que resta de la gestión estaría enfocada en 2024, entonces? 

La gestión tiene varios procesos distintos.  Uno es a 2024. Otro es mucho más largo. A mí gustaría que muchas de las reformas que quedan por hacer lograran un amplio consenso político. Para mí, la reforma de la seguridad social necesita del apoyo de todos los partidos políticos. Una de las lecciones que aprendimos del pasado es que aprobamos muchas  leyes que fueron fuertemente criticadas por la izquierda, que después se aprovechó de ellas en sus administraciones y las llegó a reconocer como muy positivas, pero que en su momento se negó a acompañar.

¿Si no existe ese consenso del que habla la reforma no debe ser aprobada? 

Hay una realidad: acá todos nos tenemos que hacer cargo de un problema que todos sabemos que existe. Lo que no puede pasar es que, ante ese problema, algunos le saquen la cola a la jeringa. En esto, todos tenemos que asumir la responsabilidad patriótica de que la reforma es impostergable. 

¿Y si el Frente Amplio no la apoya? 

Terminó la fase técnica del trabajo. Ahora empieza la fase política. En el gobierno vamos a intentar alcanzar siempre los máximos consensos. Pero si no existiera ese acuerdo, creo que deberíamos replantearnos si este proyecto  de reforma debe ser aprobado en este período. Y que cada uno después  se haga cargo de las consecuencias que esto tendrá. Porque tendrá consecuencias.

¿Qué otras prioridades plantea usted que deberían ser consideradas en este período? 
Debemos seguir trabajando en una política económica sostenible, sustentable y seria. A mí me da la sensación de que a veces, y no solo desde la oposición, no somos del todo conscientes de que los problemas estructurales siguen existiendo. El déficit fiscal, la inflación, una coyuntura internacional que se nos plantea ahora... Eso nos debería llamar a todos a responsabilidad, sobre todo ahora que viene la discusión de la Rendición de Cuentas.  

¿A quién se refiere? ¿A algún partido en particular? 

Hay algunos que reclaman plata para algunos sectores. Es perfectamente entendible. Pero lo que tenemos que comprender es que en Uruguay seguimos gastando más plata que la que recaudamos.  

¿El déficit fiscal tiene que ser entonces prioritario sobre medidas, por ejemplo, para paliar la pobreza, o para que la gente tenga algún peso más en el bolsillo?  

No. Pero a veces me parece que vivimos en un realismo mágico, de que si a la gente le damos un peso más… Pero nos olvidamos que si no atacamos la inflación,  ese peso se termina licuando. 

¿Qué otra urgencia plantea? 

La educación. Para Uruguay se trata de un problema casi de tragedia nacional. Si no cambiamos eso rápidamente, no sé de qué trabajo de calidad vamos a estar hablando. 

Desde hace décadas todo el mundo habla de la necesidad de una reforma educativa, pero nadie la concreta...

El último intento profundo fue el de Germán Rama. Quizás no todos lo supimos comprender, o que todavía no se había caído la máscara de cera de que la educación era un éxito. Hoy, esa máscara se cayó. 

¿Cree viable emprenderla en este gobierno?  

Es imprescindible. Allí debemos poner nuestro principal esfuerzo. Debería  haber en todos un sentido de urgencia. Hay problemas en toda la estructura educativa. Desde la formación docente hasta la educación terciaria.

Todo ese diagnóstico…

Sí, es recontra conocido. Acá hay un sobrediagnóstico de todo. Encaremos, entonces...  El gobierno lo está intentando hacer. Debe haber también un consenso político importante, ganas, fuerza y voluntad. La realidad es que si en las  áreas estratégicas no establecemos un acuerdo a diez o quince años, todo va a ser muy díficil. 

¿Por dónde pasan las prioridades de esta  Rendición de Cuentas, que en pocas semanas estará discutiéndose en el Parlamento? 

Como siempre, la manta es muy corta y los desafíos muy grandes. Pero si los gobiernos del Frente Amplio demostraron algo, es que algunos problemas no pasaban por lo presupuestal. Lo de la educación es emblemático. Creo que las prioridades deberían estar en las políticas sociales, en atender algunas áreas de la política educativa y en hacer un especial énfasis en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Las cárceles son un problema que nos explotó en la cara.
 
El miércoles la bancada del Partido Nacional definirá las prioridades para este año parlamentario. ¿Qué fijó el gobierno? 

El Poder Ejecutivo viene insistiendo con la ley de medios. También hay un proyecto de juego online, del que depende una inversión internacional muy importante (se refiere a la inversión de Giuseppe Cipriani en el Hotel San Rafael).

Cabildo Abierto insiste con su proyecto de prisión domiciliaria preceptiva en los casos de mayores de 65 años. Hay senadores nacionalistas, como Jorge Gandini, que piden una definición del Poder Ejecutivo, desde donde se afirma que se están negociando algunos puntos.

Se está trabajando. Lo que se está buscando es llegar a un proyecto que satisfaga a todos los partidos de la coalición. Es decir, que haya votos para que sea sancionado. 

¿Por dónde pasan los cambios? 

Uno de ellos sería elevar la edad mínima a 70 años. Otro está vinculado a excluir los casos vinculados a delitos de lesa humanidad. Vamos a no dramatizar: sin esta ley, muchos de los procesados por delitos de lesa humanidad durante los gobiernos del Frente Amplio fueron a prisión domiciliaria y a nadie se le movió un pelo. Se va a querer armar nuevamente un debate sobre el pasado reciente, pero vamos a decir las cosas como son.

¿Qué va a pasar con la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos? 

La idea que se había planteado era una ley constitucional y un plebiscito junto a la próxima elección nacional. Hoy nadie está pensando en una reforma a la Constitución en este período de gobierno. No sería inteligente distraernos en debates paralelos en lo que queda de este gobierno. Tenemos que concentrarnos en la gestión. 

Para 2024 el presidente Lacalle Pou está fuera de discusión. ¿A quién visualiza como continuador del proyecto? 

(Piensa) A quien nos asegure que vamos a ganar (ríe). Siempre voy a querer que  mi Partido Nacional sea siempre grande y esté en el gobierno. Y soy consciente que en Uruguay hoy hay dos grandes bloques,  conformados por coaliciones, con una mucho más estructurada, que es el Frente Amplio. Lo cierto es que, para adelante, cuando uno hable del espacio no frenteamplista, deberá pensar en la coalición. Ahora, tenemos que preocuparnos de que a todos los socios de la coalición les vaya bien. No podemos pensar en un gobierno en que a uno de los socios le vaya mal. 

¿Cómo se logra eso? 

Entiendo que la responsabilidad más grande es la que tiene el  Partido Nacional, que debe comprender y satisfacer a los demás integrantes del gobierno. En la coalición de  gobierno no hay   primos ricos o primos pobres. Todos somos imprescindibles. El sustento del gobierno es el Parlamento y allí, un voto hace la diferencia. 

¿Usted hubiera vetado la ley forestal que promovió Cabildo Abierto? 
Hubiera trabajado en una alternativa en la que pudiéramos haber llegado a un acuerdo. Pero es muy fácil decirlo estando en el Parlamento. Hay que estar sentado en la Torre Ejecutiva.
 
¿El no frenteamplismo va camino a convertirse en una coalición como el Frente Amplio? 

No es necesario, porque existe el balotaje.  Además, somos partidos distintos. Tenemos distintos perfiles. Debemos comprender que se gana o se pierde con un voto. A mí por supuesto que me gustaría que el Partido Nacional siempre fuera el mayoritario en la coalición. Lo que no puede pasar  es que el pretender ser la mayoría en la coalición nos lleve a perder la elección. Allí sí, nos  quedamos sin el pan y sin la torta. 

¿Quién es el candidato que puede asegurar un nuevo gobierno de la coalición? 
Todavía falta. Ahora se van a empezar a ver los pingos en la cancha. Cada día que pasa nos acercaremos a la campaña electoral y las luces, que hoy están concentradas en el presidente, empezarán a enfocar a otros.  El Partido Nacional empezará en los próximos meses un reordenamiento interno. Habrá que ver que pasa con los dos grandes polos, el “wilsonismo” y el “herrerismo”, que para mí son términos ya perimidos.  (El bloque) Todos deberá definir si va a funcionar como sector. 

Este año va a estar plagado de asados y reuniones políticas. También habrá que esperar por la vicepresidenta Argimón (que había mencionado su intención de armar su propio sector), intendentes como Enrique Antía, que ya no puede asipirar a la reelección, o el senador Botana. Tal vez algún intendente pueda tener proyección, como la tuvo en su momento Jorge Larrañaga. 

¿Ve viable la continuidad de Todos hacia adelante sin la presencia de Lacalle Pou? 
Ese es el desafío. 

¿Álvaro Delgado es un posible sucesor? 

No lo descarte. Hoy es uno de los principales exponentes de la continuidad, en su rol de secretario de la Presidencia. Pero el futuro de su candidatura está muy asociado al resultado de la gestión del gobierno. 

¿Delgado tiene el perfil o el carisma de Lacalle Pou? 

Hay dos conceptos claros: hay líderes que no son candidatos y hay candidatos que no son líderes. Lacalle Pou reunía las dos condiciones.

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