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3 de enero 2023 - 5:01hs

El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia del país, inició el año con un incuestionable triunfo político al acordar con los cinco principales grupos armados un alto el fuego que se prolongará, al menos, durante los próximos seis meses, un entendimiento mucho más que simbólico según los analistas locales en busca implementar el proceso de “paz total” que anunció el mandatario durante la campaña electoral.

"Hemos acordado un cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (EMC), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones", indicó el mandatario en un tuit.

La Segunda Marquetalia es uno de los principales grupos de las disidencias de las FARC que quedaron fuera del acuerdo de 2016 y AGC es el nombre formal del llamado Clan del Golfo, la más importante estructura del narcotráfico local. La presidencia de Colombia detalló en un comunicado que el objetivo principal será "suspender la afectación humanitaria" de la población y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas.

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El texto agrega que las partes también suspenderán las acciones ofensivas y que se evitarán incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones, anuncio que genera expectativa especialmente entre los pobladores de las regiones de Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca y el nordeste antioqueño, las zonas en donde los grupos armados tienen mayor influencia y por esa razón se registran el mayor número de delitos y ataques contra la población civil.

Según lo previsto, el gobierno colombiano expedirá en las próximas horas un decreto específico por cada una de las organizaciones en el que se determinará la duración y las condiciones de alto el fuego, que además tendrá verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la Naciones Unidas (ONU), de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo se comprometió también a revisar los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales para tomar futuras decisiones, como parte del compromiso de la "paz total". Situación que involucra en especial al ELN, la última insurgencia reconocida del país, con la que el gobierno de Colombia inició en noviembre negociaciones de paz de forma oficial en Caracas, con delegados de Cuba y Noruega como garantes, proceso que se reiniciará a fines de enero en México.

Al término de la primera ronda de negociaciones, finalizada el 12 de diciembre pasado, las delegaciones alcanzaron cuatro acuerdos parciales. Uno de ellos es un pacto humanitario que permita el regreso de cientos de familias desplazadas a las regiones de Bajo Calima, Chocó, Medio San Juan y Valle del Cauca.

En los hechos, el gobierno y el ELN habían iniciado conversaciones de paz en 2016, cuando el por entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo similar con las FARC. Las negociaciones, no obstante, fueron congeladas en 2018 por el sucesor de Santos, Iván Duque, después de que el ELN atentara contra una escuela de Policía y provocara la muerte de 22 cadetes.

Por otro lado, los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, que se apartaron del pacto de paz firmado por las FARC en 2016, sostuvieron "diálogos exploratorios" por separado con delegados de Petro, según definen fuentes oficiales. Lideradas en el pasado por Dairo Úsuga, alias Otoniel, ahora extraditado a los Estados Unidos, el Clan del Golfo es el mayor grupo narco y, al igual que las autodenominadas Autodefensas de la Sierra Nevada, está conformado por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de 2000.

Se trata en los tres casos de grupos que suman en conjunto más de 10.000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales en el mayor productor de cocaína a nivel mundial, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) con sede en Bogotá.

"Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo", escribió Petro en sus redes sociales. "La paz total será una realidad", agregó el mandatario. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que las Fuerzas Armadas “respaldan este nuevo esfuerzo por la paz y asumen el compromiso que implica un cese bilateral, afianzando simultáneamente el control del territorio y la protección de la población".

La iniciativa fue respaldada, entre otros, por la senadora de Pacto Histórico Claudia Pizarro, hija del asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro, quien fuera comandante del M-19 y compañero de militancia de Petro antes y después que el movimiento insurgente depusiera las armas. También respaldaron el cese el fuego el legislador oficialista Pedro Suárez Vacca; el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero; el actual consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco Chaves, y el representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

Pese a la aceptación generalizada de la población, y en especial de los pobladores de las regiones más afectadas por la violencia, una parte de la oposición, liderada por el partido Centro Democrático que encabeza el expresidente Uribe, se manifestó en contra del acuerdo. El diputado Andrés Forero consideró que "el cese bilateral es una inaceptable claudicación del Estado" y una decisión para "atar de manos a la fuerza pública". Posición enfrentada con la del exjefe de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien celebró el alto el fuego multilateral y evaluó que “aliviará a las comunidades de la Colombia profunda que padecen los horrores de la guerra”.

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