Economía y Empresas > INDEMNIZACIÓN

Hasta el aeropuerto de La Habana: cubanos listos para demandar por propiedades confiscadas

A partir del jueves pueden iniciar juicios ante la justicia de EEUU

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02 de mayo de 2019 a las 12:18

El cubanoestadounidense José Ramón López Regueiro, quien afirma ser el único heredero del aeropuerto de La Habana, está listo para demandar a Cuba ahora que Washington habilitó la posibilidad de reclamar las propiedades confiscadas por la revolución de Fidel Castro.

"Estoy muy optimista de que se haga justicia al fin, llevo 60 años esperando este momento", dijo López Regueiro en Miami, Florida. Tenía seis años cuando su padre, José López Vilaboy, escapó de Cuba porque la revolución cubana acababa de deponer en 1959 a su amigo cercano, el entonces dictador Fulgencio Batista.

López Vilaboy era el principal accionista del aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana, de la aerolínea Cubana de Aviación, cuatro hoteles y un periódico, entre otras propiedades. Pero sus bienes fueron confiscados por Castro.

Ahora los estadounidenses -en los hechos, los cubanos con ciudadanía estadounidense- que perdieron bienes tras la revolución podrán entablar demandas a partir de este jueves ante la justicia de Estados Unidos. En ellas, pueden exigir indemnización al estado cubano o a empresas privadas por lo que consideran "el robo" de sus propiedades.

El gobierno de Donald Trump abrió esta ventana cuando activó el 17 de abril el "Título III", un capítulo hasta ahora suspendido de la ley Helms-Burton de 1996, como parte de la arremetida de Washington contra los gobiernos de izquierda en Latinoamérica.

"Voy a presentar primero la reclamación del aeropuerto de La Habana y de Cubana de Aviación", prometió López Regueiro, de 65 años. Según él, en 1958 el terminal valía US$ 24 millones.

También demandará a las aerolíneas que operan en el aeropuerto, "a todas las que lo utilizan", afirmó. Estas son, entre otras, American Airlines, Aeroméxico, Air Canada, Air France e Iberia.

Tras la troika de la tiranía

La de López Regueiro es una de las cientos de demandas que podrían llover contra quienes usufructúan las propiedades nacionalizadas y que prometen congestionar los tribunales del sur de Florida.

Se espera que el cubanoestadounidense Javier García Bengochea demande el jueves a la gigante de cruceros Carnival, por utilizar un terminal portuario confiscado.

Nick Gutiérrez, parte del equipo legal de García, dijo a Radio Televisión Martí -que transmite desde Miami a la isla- que el puerto de Santiago de Cuba pertenece a esta familia.

"Seguiremos ofreciendo nuestro calendario normal de cruceros a Cuba para nuestros visitantes", es la respuesta que dio a Roger Frizzell, el vocero de Carnival, ante la amenaza de demanda.

El expresidente Barack Obama había flexibilizado en 2014 la postura frente a Cuba, pero Trump dio marcha atrás y endureció las sanciones contra lo que llama la "troika de la tiranía", formada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En ese contexto, la activación del Título III busca debilitar al gobierno cubano, al cual Washington considera el titiritero de los líderes Nicolás Maduro en Caracas y Daniel Ortega, en Managua.

El abogado Marcell Felipe, presidente de la ONG Inspire America que asesora en Miami a los bufetes de abogados en la ley Helms-Burton, consideró que esta medida será efectiva en debilitar al gobierno de Cuba. "Además de tratarse de un derecho básico como lo es el de la propiedad privada y además de fomentar un estado de derecho, es también un arma importante para restarle a las familias de los generales dinero fresco de inversionistas", dijo Felipe.

La nube del riesgo

La Unión Europea, principal socio comercial de la isla desde 2017, y Canadá prometen proteger los intereses de sus empresas.

Más allá de cómo se resuelva cada caso particular y de la posibilidad -o no- de que los fallos judiciales sean honrados, la apertura de la posibilidad de demandar implica "una complicación tremenda para Cuba", dijo el abogado Jasón Poblete.

Ahora los posibles inversores que tienen algún interés en Estados Unidos lo pensarán dos veces si en la transacción se incluye una propiedad confiscada, explicó el experto en materia de sanciones internacionales.

"La nube del riesgo político siempre existía. Pero ahora esa nube quizás se ha cristalizado un poco y ya no es solo un riesgo político, sino potencialmente legal también", afirmó.

Esto desalentará las futuras inversiones a la isla, coinciden expertos.

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