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Hay clima de tensión entre la Justicia y el Poder Ejecutivo

En el oficialismo empiezan a ver a la Justicia como un obstáculo a algunas de sus iniciativas

15 de febrero 2013 - 18:08hs
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Por  Gonzalo Ferreira

Lo político supera lo jurídico”, dijo el presidente José Mujica en julio del año pasado para defender el ingreso de Venezuela al Mercosur luego de la suspensión de Paraguay. Poco más de medio año después, lo jurídico le está complicando lo político al gobierno en lo interno.

A la decisión obligada de sustituir al ministro de Salud Pública Jorge Venegas por estar inhabilitado por la Constitución para ejercer el cargo, al gobierno se le sumarán dos sentencias desfavorables en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a leyes aprobadas en este período.

En el acuerdo que los ministros celebraron el miércoles, votaron 4 a 1 decidiendo que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) es inconstitucional, según informó el jueves el semanario Búsqueda.

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Por otra parte, según supo El Observador, entre los ministros ya hay consenso en que la norma interpretativa de la ley de Caducidad deberá caer, ya sea por inconstitucionalidad o inaplicabilidad.

El clima de tensión entre el sistema judicial y el Frente Amplio es creciente. Militantes de izquierda (algunos frenteamplistas y otros de ultraizquierda) lo demostraron ayer al ocupar la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para protestar contra el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado Penal a uno Civil.

En la izquierda sienten –según cuentan por lo bajo– que con los últimos cambios en la composición de la Corte, se empieza a transformar en una piedra en el zapato.

“Nos están frenando los cambios”, dijo a El Observador una fuente del Poder Ejecutivo.

En el gobierno señalan que la jubilación de los ministros Lesley Van Rompay y Daniel Gutiérrez tras 10 años en la SCJ es lo que más los ha complicado.

En medio de esta tensión y sucesión de decisiones judiciales adversas, Mujica dedicó parte de su audición del jueves al asunto de ICIR. Dijo que si la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucional habrá que modificar la Constitución.

Esa intención del presidente de reformar la Carta Magna ya empezó a ganar adeptos en la izquierda. La posibilidad fue manejada por el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), por varios dirigentes del MPP y del Partido Socialista (ver nota aparte).

Salvo en el caso de Venegas –que se salteó todos los controles– en los otros dos episodios las alertas sonaron a tiempo pero el oficialismo hizo oídos sordos.

Cuando el Parlamento discutió el ICIR, varios constitucionalistas alertaron a los legisladores de los posibles choques de la iniciativa con la Carta Magna. La ley fue sancionada en diciembre de 2011, pero ya en agosto de ese mismo año, la mayoría de los juristas opinaba en contra de la norma. En ese momento, los prestigiosos tributaristas Alberto Varela y José Luis Shaw expresaron en el Poder Legislativo que el impuesto era inconstitucional porque violaba la independencia de los gobiernos departamentales. Ese fue el mismo argumento que usó la Suprema Corte.

Las “presiones”
En la oposición, dirigentes tanto blancos como colorados ya empezaron a marcar las expresiones de los frenteamplistas como una “presión” hacia la Justicia.

Las declaraciones del canciller Luis Almagro a La Diaria sobre el traslado de la jueza Mota son las que más molestias generaron. El ministro dijo que “pierden las víctimas” con el traslado. “Habrá dinosaurios contentos”, señaló. El canciller calificó a Mota como una “jueza extraordinaria”, quien ha estado “cerca del ideal que se pretende del derecho y la justicia”. “Es el miembro del Poder Judicial que más cabalmente entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales”, agregó.

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