La inflación interanual de dos dígitos forma parte de un capítulo cerrado de la historia económica uruguaya. Si había analistas o autoridades de gobierno que defendían esa afirmación hace tan solo unos meses –que de hecho, los había–, es poco probable y menos creíble que después de conocido el aumento de precios de febrero lo sigan afirmando.
Los excesos de lluvia, la suba del dólar, los aumentos de tarifas públicas y el desfasaje entre los ajustes de salarios semestrales a comienzos del año pasado y anuales este año, explican, sin lugar a discusión ni doble lectura, la escalada inflacionaria de los últimos dos meses, desde una suba de 8,5% en el costo de vida durante 2013, al aumento de 9,8% durante los 12 meses finalizados en febrero.
Sin embargo, atribuir los actuales niveles de inflación, ese casi 10% de aumento interanual, a la desafortunada conjunción de eventos que tuvo lugar en los primeros dos meses del año, es como mirar el final de temporada de una serie televisiva o leer solamente el último capítulo de un libro, y extraer conclusiones sobre el desenlace de su trama. Al fin y al cabo, si la inflación se ubica hoy en los niveles actuales y si eventualmente se decide a cruzar el umbral de los dos dígitos, la cuota de responsabilidad de las lluvias, del dólar y de los ajustes puntuales de tarifas y salarios, será de carácter marginal.
La historia arranca mucho antes de que cayera la primera gota, Incluso antes de que la política de retiro de estímulos monetarios en Estados Unidos fortaleciera el dó lar en el mundo y en particular en la plaza local. Y hace tiempo que los analistas privados siguen esa historia bien de cerca y anticipan los riesgos del actual desenlace.
La inflación bien entendida
Las presiones más importantes sobre el nivel de precios son de origen doméstico. Los precios que más suben son los de aquellos bienes y servicios que se producen en Uruguay y que no se comercializan con el exterior. Esos productos forman sus precios sin mirar siquiera lo que pasa en el mundo y solo se ven afectados por factores domésticos de oferta y demanda.
Según los cálculos realizados por la Unidad de Análisis Económico de El Observador, ese conjunto de bienes y servicios suben actualmente a una tasa de 10,8%. Sin embargo, esa no es una novedad. Desde diciembre de 2011 mantienen un ritmo promedio de aumento del orden de 10%. Las presiones domésticas provenían de una fuerte demanda, producto de las condiciones favorables del mercado de trabajo, del aumento del poder de compra y del aumento de los costos empresariales.
La negociación salarial por sector trajo aparejado un dilema que las autoridades no supieron resolver. Los sectores competitivos con el exterior tenían un límite natural a la suba de salarios. Si el aumento de costos encarecía demasiado los productos frente a la competencia externa, el negocio se terminaba tanto tanto para empresarios como trabajadores. Pero en el sector doméstico –no transable–, ese límite no existía. Ante la presión de los sindicatos, a los empresarios les era más fácil ceder y trasladar a precios sus costos que ponerle un freno a los reclamos, prolongar la puja y asumir las represalias.
Mientras que las presiones externas se mantuvieran moderadas por una cotización del dólar en permanente caída –que abarataba los bienes importados–, condiciones climáticas favorables y tarifas contenidas, esas presiones domésticas podían ser compensadas y la inflación no pasaba del 8%. Pero en la medida en que el dólar empezó a subir –en febrero se ubicó 17% por encima de igual mes del año anterior–, el clima perjudicó los cultivos de huerta y el déficit fiscal, de l orden de 2,1% del PIB, llevó a las autoridades a priorizar la recomposición de las cuentas públicas, la inflación quedó al filo del 10%.
Sin balas
El gobierno se quedó sin herramientas para hacer frente a la inflación. La política monetaria, que reaccionó tarde ante la escalada de las presiones domésticas, mostró ser insuficiente para contener el alza de los bienes y servicios no transables. La tasa de interés de los títulos públicos se ubica ya en el entorno de 15%, con su correlato en las tasas bancarias. La oferta de dinero frenó su aumento y ya no queda mucho más que se pueda hacer en ese frente. En un año electoral, la política salarial queda completamente descartada y por el lado del gasto público, el actual déficit fiscal complica el uso de las tarifas como amortiguador inflacionario. El dólar, en otro momento una válvula de escape para el alza de precios, hoy no puede bajar demasiado porque de afectar aún más la competitividad en precios, el empleo y el crecimiento económico se verían comprometidos.
Algunos analistas ya incorporan a su escenario de proyecciones más probable una inflación superior a 10% en el correr del primer semestre. No es motivo de pánico ni de alarma. Hoy por hoy, traspasar la línea de los dos dígitos no tiene consecuencias inmediatas: no dispara cláusulas gatillo en ningún acuerdo salarial, ni anticipa una escalada inevitable que lleve la dinámica de precios a una vorágine como la de Argentina o, peor aún, de Venezuela. Aún así, ir más allá del 10% de inflación implica asumir el fracaso de una política anclada –supuestamente– en una meta de inflación. El centro del rango meta, un compromiso de largo plazo que nadie está dispuesto a asumir, se encuentra actualmente en 5%. Hoy la inflación prácticamente duplica esa nivel y eso tiene un costo muy alto en términos de credibilidad. Hoy los analistas no confían en que la inflación baje de 8% en los próximos 24 meses. Eso alimenta nuevas subas por parte de los empresarios que buscan anticiparse a la suba de precios. Y la inflación trae consigo más inflación. Para evitarlo, lo primero es asumirlo.
Sindicatos piden congelar precios y bajar tarifas
Uno de los temas centrales de la reunión semanal del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT de ayer fue el dato de inflación de febrero. Según informó Subrayado, la central sindical exige al gobierno que baje las tarifas de UTE y que negocie con los empresarios un acuerdo para congelar algunos precios y bajar otros como lo hizo a fines de 2012. El PIT-CNT resolvió solicitar una reunión con el ministro de Economía, Mario Bergara, para plantear estas medidas de forma urgente. El gremio de COFE también tiene previsto reunirse con el titular de Economía.
