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IMM pide "urgente cumplimiento de compromisos" al gobierno en realojos de asentamientos

Según jerarca de la IMM uno de los mecanismos con "afectación total" por los ajustes previstos por decreto es la compra de viviendas usadas, con más de 50 familias a la espera

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19 de octubre de 2020 a las 05:00

Silvana Pissano, directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo (IMM) busca entre varias hojas remitidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) hasta dar con una misiva del 7 de agosto, en que la cartera solicita la "reducción de costos, reprogramaciones, reducciones de alcance y alternativas de ejecución" en materia de realojos y obras en asentamientos.

La comuna capitalina respondió el 10 de agosto reiterando su "máxima preocupación" dado los proyectos de realojo en curso, que a la fecha son: Cauceglia (a la altura de Manuel Oribe y el arroyo Pantanoso), La Paloma (en una superficie ocupada por seis asentamientos irregulares hacia el oeste de Montevideo), el programa de renovación urbana Unión-Villa Española.

También hay compromisos con asentamientos en Maracaná Sur, Nuevo Amanecer-Los Reyes (sobre Camino Carrasco y Felipe Cardoso), Cotravi (Cooperativa de Trabajadores por Vivienda al oeste de Camino Cibils), Santa María Eugenia (sobre Servando Gómez próximo al arroyo Carrasco), Fortaleza (en el Cerro de Montevideo), Siete Manzanas (complejo en el Hipódromo de Maroñas para realojos), Campichuelo (sobre Nuevo París), Matilde (un proyecto de regularización de asentamientos en la zona de Casavalle) y Ribera del Miguelete (sobre Aparicio Saravia y Behering).

"Todo eso está comprometido", afirmó Pissano a El Observador

"Por un lado [el presidente Luis Lacalle Pou] dijo que su prioridad iba a ser la vivienda, y por otro lado con el decreto del Poder Ejecutivo 90/020, las restricciones presupuestales empezaron a permear el desarrollo de los proyectos en curso", declaró la jerarca, hoy alcaldesa electa por el Municipio B.

El texto publicado en marzo por el gobierno nacional fue una de las primeras medidas en pos de conseguir la "austeridad" prometida en campaña, y fijó un tope de ejecución presupuestal del 85%.

El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackembruch, dijo en rueda de prensa la semana pasada: "Nosotros recibimos un país con determinados problemas económicos, un déficit fiscal importante, una deuda externa que condiciona las condiciones económicas, y en base a los recursos que vayamos teniendo se va a continuar con los realojos".

El jerarca recordó que, si bien dos tercios del financiamiento proviene de préstamos con tasas de interés bajas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el restante del gobierno, los préstamos del organismo internacional "no son un regalo" y son "reembolsables". Tras las declaraciones el MVOT publicó un comunicado aclarando que "el programa se mantiene con las metas previstas y proyectadas para el año 2021". 

“El decreto nos impacta en el nivel de los recursos”, había asegurado Álvaro Martínez, coordinador del Plan de Mejoramiento Barrial (PMB), pero destacó que no se detuvieron obras. No obstante, sí señaló que el texto del Poder Ejecutivo obligó a reprogramar los planes.

Competencias

A la hora de actuar sobre asentamientos irregulares intervienen varios actores, incluyendo al gobierno nacional, mediante el MVOT, el gobierno departamental y también puede llegar a contribuir el municipio. Puede interceder a su vez otros actores como el Ministerio de Desarrollo Social, INAU, UTE y OSE según corresponda.

En materia de vivienda la institución competente es la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), hoy a cargo del dirigente de Cabildo Abierto, Jorge Perrini. "El gobierno departamental aporta el suelo y un saber hacer en este caso vinculado en el diálogo con las familias", explicó la directora de Desarrollo Urbano de la IMM.

"Para el gobierno departamental es un lineamiento político importante respetar el derecho de las familias a permanecer en el barrio", dijo Pissano. No obstante los realojos suceden ante ciertas condiciones: cuando el suelo es rural y no puede ser transformable (como el asentamiento Antares sobre Mendoza), cuando está contaminado con altos valores de elementos nocivos como el plomo (tal fue el caso del Isla de Gaspar que cuyos vecinos fueron relocalizados) y cuando son inundables (como el caso de Brazos Unidos).

Viviendas usadas

Pissano señaló que uno de los impactos en los ajustes –que implica no utilizar 15% de los fondos– consiste en una "afectación total" al mecanismo de compra de vivienda usada, en que las familias pueden optar por no establecerse en los complejos urbanos dispuestos para realojos.

"Si por su modo de vida no pueden estar en un medio urbano porque se dedican a la cría de chanchos, con este instrumento hay familias que pudieron comprar algo en el medio rural", ejemplificó la jerarca de la IMM.

"Las familias que habían optado por ese instrumento, si no le habilitás a que puedan hacer la compra de vivienda usada no se pueden ir del asentamiento", sostuvo Pissano, y contó que entre los realojados de los barrios Chacarita y Brazos Unidos –el traslado de los vecinos se dispuso por estar sobre terrenos inundables– hay más de 50 familias a la espera de una vivienda usada, "que ya tienen inclusive su boleto, su reserva y el proceso".

"Para el gobierno departamental es urgente que el gobierno nacional dé cumplimiento a todos los compromisos", remató la jerarca.

En el marco de su visita al asentamiento Antares con avanzado proceso de realojo, la intendenta electa Carolina Cosse marcó la cancha: "Insistiremos para que el proceso continúe con el Gobierno Nacional", escribió en Twitter.

Expropiar para regularizar

A mediados de setiembre la IMM resolvió expropiar 22 padrones pertenecientes al Asentamiento 24 de Junio, a la altura de camino Repetto y Toledo Chico. De esta manera la comuna frenó un proceso de desalojo iniciado por el propietario de los terrenos ocupados, que recibió por parte de la comuna una indemnización de U$S 917.908 según consta en las resoluciones.

"Es una manera que el Estado se ha dado para adquirir cosas y posibilitar que haya rutas, ferrocarriles, plazas, y en este caso para regularizar centenares de viviendas que están establecidas de forma inadecuada", explicó Alberto Quintela, asesor del departamento de Planificación de la comuna, a El Observador.

De esta forma la totalidad del barrio pasó a estar asentado sobre terreno municipal –que la IMM administra mediante la Cartera de Tierras–, dado que una primera expropiación había tenido lugar en 2008. Una vez expropiado un predio, la IMM debe proceder a regularizarlo según exija el lugar, ya sea con caminería, líneas de ómnibus, entre otros.

La medida requiere previa autorización de la Junta Departamental, que en este caso aprobó el proyecto de decreto remitido desde la comuna en setiembre por unanimidad. Sin embargo, el edil Mariano Arana advirtió sobre los costos que implican la adquisición de los padrones. “Cada hectárea que se agrega a la mancha urbana, es un costo extra para el gobierno departamental. Montevideo es una ciudad locamente extendida”, consideró el exintendente en diálogo con El Observador.
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