La renuncia del ahora expresidente de Antel, Guillermo Iglesias, a pedido del presidente Luis Lacalle volvió a poner en el foco a la dirección de una empresa que ha sido centro de polémica desde que el nuevo gobierno asumió el 1º de marzo. Pero más allá de este hecho y las diferencias generadas respecto al rol de las empresas públicas, la telefónica estatal, una de las principales empresas del país, ha sido escenario de episodios de los más diversos que implicaron renuncias de jerarcas y juicios millonarios.
Apenas iniciada la primera gestión del Frente Amplio en el gobierno nacional, el ente debió enfrentar un juicio de cientos de trabajadores que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Más adelante, en 2009, primero el vicepresidente y luego el presidente debieron renunciar por episodios que implican una simulación de un delito y un impostor que terminó procesado por la Justicia.
Durante el gobierno de José Mujica y la presidencia de Carolina Cosse en el ente, la empresa comenzó a expandir el objeto de sus negocios y finalmente se concretó la inversión en un complejo de espectáculos que fue duramente cuestionado desde varios ámbitos. Desde aquel juicio de los denominados guardahilos hasta el presidente que duró apenas dos meses, un repaso por distintos acontecimientos vinculados al ente en los últimos años.
El juicio de los guardahilos
En 2005 un grupo de trabajadores conocidos como los guardahilos demandaron a la empresa estatal alegando que estaban contratados por Antel como empleados y no para prestar un servicio concreto. Los trabajadores reclamaban horas extras, licencias, aguinaldos y los intereses generados. En total, en distintas demandas, fueron 154 trabajadores los que presentaron la demanda por un monto superior a los US$ 100 millones. Si bien la Justicia laboral dio la razón a los trabajadores en primera instancia, el proceso llegó a la Suprema Corte de Justicia que en febrero de 2010 revocó los fallos anteriores y le dio la razón a la empresa estatal. Sin embargo, poco antes de conocer ese fallo, la telefónica había acordado con los trabajadores por un monto cercano a los US$ 7 millones. El vicepresidente de la empresa en el momento en el que se llegó al acuerdo, Fernando Calloia, justificó las decisión de la empresa de negociar con los guardahilos por un tema de “tiempos” ya que las conversaciones se habían iniciado mucho antes de que se conociera el fallo de la SCJ.
El falso intento de homicidio
El julio de 2009 el entonces vicepresidente de la empresa, Gonzalo Perera, denunció ser víctima de un intento de homicidio en un parque de El Pinar. Meses antes el jerarca había contratado seguridad personal porque, según decía, había sido amenazado con disparos en el frente de su casa por su trabajo dentro de la telefónica estatal en el que había movido “estructuras” ya establecidas en el negocio. Sin embargo, esas presuntas amenazas nunca fueron denunciadas y la investigación posterior demostró que el intento de homicidio fue un invento del involucrado. El supuesto ataque fue una simulación y los investigadores descubrieron que la cuerda que Perera decía que habían utilizado para obligarlo a suicidarse era igual a la que usaba para colgar la ropa en su casa. Finalmente, el entonces vicepresidente de Antel admitió estar pasando por una depresión debido a problemas personales y fue procesado sin prisión por simulación de delito, se le impuso realizar tareas comunitarias como profesor en un liceo y dejó el cargo en la empresa telefónica.
El impostor
Pocos meses después de la renuncia de Perera, en setiembre de 2009, un expolicía ingresó a trabajar a Antel por supuesta recomendación directa del entonces prosecretario de Presidencia y hermano del presidente, Jorge Vázquez. El hombre, que luego fue procesado por estafa y falsificación de documento público, simuló una llamada de Vázquez al directorio de Antel en la que se lo recomendaba para desempeñar tareas como adscripto a la vicepresidencia del ente y supuestamente colaborar en la aclaración de los hechos de lo sucedido con Perera. Luego de algunos días trabajando en Antel y de una reunión entre el entonces presidente de la empresa, Edgardo Carvalho, y Vázquez la mentira fue descubierta. A raíz de este hecho, que Carvalho justificó por la conmoción generada a raíz del caso Perera, el entonces presidente de Antel presentó su renuncia. El expolicía también había hecho contratar a su esposa como su secretaria.
Juicio de gerentes
En setiembre de 2016 un fallo del Tribunal de los Contecioso Administrativo (TCA) determinó que Antel actuó en forma arbitraria e ilegítima al dejar sin efecto el pago de una compensación por casa habitación a los gerentes, jefes de unidades, jefes departamentales y locales del ente. El fallo, que era inapelable, señaló que la empresa realizó un recorte salarial sin justificación en 2013 al recortar un beneficio que había sido otorgado hace más de 20 años. Ese beneficio había sido suspendido temporalmente durante la crisis del 2002 pero luego fue retomado. Además, el recorte era solo para aquellos que lo cobraban en dinero y no para quienes lo cobraban en especies por lo que, según el TCA, violaba el principio de igualdad, según publicó El País. Ese mismo año la empresa también había sido obligada por la justicia a retomar a tres gerentes destituidos por supuestas irregularidades.
El polémico Antel Arena
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Leonardo Carreño
En noviembre de 2018 la empresa de telefonía inauguró un complejo de espectáculos luego de concretar una inversión millonaria. La obra ha sido duramente cuestionada por los partidos que en ese entonces eran oposición debido a que no se trata de una tarea que se encuentre en los cometidos de la empresa. El complejo, construido donde estaba el antiguo Cilindro Municipal, costó cerca de US$ 100 millones a pesar de que el costo proyectado era de US$ 40 millones. El Antel Arena ha sido uno de los principales foco de polémica desde que asumió el nuevo ministro de Industria, Omar Paganini, que rápidamente pretendió cambiar el enfoque de las empresas públicas. “Deben ser rentables”, dijo días atrás a Todo Pasa. El ministro aseguró que recuperar la inversión del Arena llevará 100 años.
El presidente que duró dos meses
El primer caído del gobierno de Luis Lacalle llegó apenas dos meses y medio después de arrancar la nueva administración. Guillermo Iglesias asumió en el ente el 18 de marzo y el pasado 19 de mayo el presidente le pidió la renuncia, luego de que el ahora exjerarca firmara una resolución por la que se habilitaba la contratación de 857 funcionarios que hasta ese entonces eran presupuestados. Si bien el cambio de vínculo con la empresa no genera ningún gasto adicional para el Estado, el presidente quiso enviar un mensaje. Iglesias, un funcionario de carrera de la empresa con perfil técnico, no informó ni al ministro Paganini ni al Poder Ejecutivo porque entendía que era un tema menor. Sin embargo, en el medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país y en consonancia con el mensaje de austeridad que pretende transmititr, el presidente Lacalle le pidió la renuncia.
