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INAU no tiene inspectores en Punta del Este

Para el director de INAU de Maldonado, la explotación sexual infantil “sucede y está instalada”

12 de enero de 2014 21:23 hs

Por  Martín Viggiano

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Era cuestión de tiempo”, dijo a El Observador el agente de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado que se encargó de detener al empresario gastronómico de La Barra, Javier Moya (75 años), enviado a la cárcel por mantener relaciones sexuales con una adolescente de 15 años, a cambio de regalos como ropa, celulares, comestibles y paseos, así como estadías en la península. Cuestión de tiempo porque, según repiten los investigadores policiales del departamento esteño, este reconocido hombre de Punta del Este era investigado desde hace mucho tiempo por sus relaciones de ocasión.

Había denuncias, datos sueltos, pero nada concreto para poder acusarlo. Entre los policías corría desde hace mucho tiempo el rumor de que este empresario financia los gastos de algunas mujeres. A una, por ejemplo, le compró y acondicionó una casa de tres pisos en Maldonado, según los datos que recabaron en la larga investigación, que luego terminó con su procesamiento.

El elemento fundamental para llevarlo a la Justicia fue la decisión de las menores víctimas de declarar ante un juez que efectivamente habían recibido recompensas a cambio de acostarse con Moya, algo que no siempre es sencillo.

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En Punta del Este, sobre todo en temporada, se conectan el dinero y turistas extranjeros con poder. Eso, sumado a la necesidad y falta de contención familiar de niñas de bajos recursos, se puede convertir en un cóctel peligroso para la explotación sexual de menores, si caen en manos de redes delictivas. El verano 2014 empezó con un caso que tuvo como víctimas a siete adolescentes, y terminó con el procesamiento de dos proxenetas habitantes de Melo (Cerro Largo), Roberto y Marcelo Rivero, conocidos por su negocio de venta de leña. Era un caso investigado desde 2012, y como ha sucedido en otras oportunidades, había quienes regenteaban a las menores para que luego, otro eslabón de la cadena negociara los servicios de las chicas con sus clientes. Pero el detalle que conecta al balneario top de Sudamérica con esa red delictiva es Javier Moya, un empresario que se ha codeado con algunas de las más célebres figuras extranjeras que visitaron Punta del Este en las últimas décadas. Tiene, también, fuertes vínculos con
dirigentes políticos locales, incluso expresidentes.

Según informó el viernes el semanario Brecha, la Policía sigue la pista de presuntos giros de dinero a Rivera, por parte de Moya, que serían el modo de pago a otra menor de 15 años.

“Está instalada”
En el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) consideran que la escena de Punta del Este en temporada es proclive a generar hechos delictivos de este tipo. Para el director departamental del organismo en Maldonado, Diego Barboza, la explotación sexual infantil en el este “sucede y está instalada”, y por la cultura y las costumbres de quienes visitan el balneario es muy difícil de atacar. “Cometer ese delito es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a un profesor, a un empresario, a un chofer de ómnibus… a la gente común. El tema es saber poner un filtro a la hora de mantener relaciones sexuales. Cada uno debe poner un freno antes de hacer algo que es un delito, y se paga con cárcel”, explicó a El Observador en su despacho ubicado a poca distancia de donde se desarrolla con furia la movida esteña en enero. Para el jerarca, de todos modos, la explotación sexual de menores no se da “solo en verano”, sino que en Punta del Este sucede “todo el año”.

¿Qué hace el INAU para intentar evitarlo?, ¿cómo lo controla?, ¿qué recursos tiene? Según respondió Barboza, INAU no tiene inspectores propios en Maldonado, sino que se nutre de personal de otros departamentos o dependencias. Pero los que están disponibles para el departamento esteño se dedican casi exclusivamente a controlar que no se venda alcohol a menores de edad en boliches y comercios.

¿Cómo hace, entonces? “Y bueno, cuando llega una denuncia o tenemos información concreta sobre alguna situación, se pide apoyo a la Policía, y se pasa el caso a la justicia del Crimen Organizado”, explicó el director local de INAU.

La comunicación es otra herramienta para prevenir y combatir la explotación sexual de menores. Desde marzo, INAU piensa iniciar una campaña con el objetivo de sensibilizar y disuadir. “Tenemos cartelería”, apuntó Barboza, y mencionó la campaña nacional que apunta a transmitir que la excusa de la apariencia de la edad de una adolescente no es válida para evadir el delito.

Por otra parte, las autoridades intentan hacer foco en la cadena hotelera para detectar este tipo de ilícitos. Barboza comentó que identificar no solo a quien contrata una noche de hotel, sino también a su –o sus– acompañantes podría evitar muchas situaciones que hoy se dan en Punta del Este y todo el país sin control alguno. Para ello, destacó la herramienta diseñada por el Ministerio del Interior, de reciente creación, por la cual se comenzará a generar un padrón de las personas que pasan por cualquiera de los hospedajes registrados en Uruguay. El nuevo Registro de Huéspedes y Pasajeros obliga a los propietarios de todo lugar con alojamiento a recabar los datos de todos los visitantes en una web que administra el ministerio.

El director de INAU de Maldonado identificó, además, algunos puntos críticos donde las menores comienzan a ejercer la prostitución. En el interior del departamento frecuentan, por ejemplo, cantinas o bares que generalmente tienen pasatiempos como mesas de pool o maquinitas tragamonedas. Esas atracciones, sumadas al alcohol, sirven para llegar al público que pueda ser cliente de esas menores. En este tipo de lugares debe trabajar INAU, comentó Barboza, y recordó un caso en la localidad de Aiguá (Maldonado), donde se detectó una red de explotación que terminó con el procesamiento con prisión de la madre de una adolescente de 14 años que era explotada sexualmente por su tía (ver recuadros abajo). Luego se comprobó que la misma mujer, condenada por omitir sus deberes inherentes de la patria potestad, también prostituía a otras dos jóvenes de 15 y 17 años. Precisamente INAU Maldonado tiene pensado iniciar su campaña de comunicación para sensibilizar y disuadir en esa localidad del departamento, que queda al norte, limítrofe con Lavalleja. Se va a realizar allí una jornada para dar información.

La declaración
El miércoles 8 de enero un equipo del programa de asistencia a las menores explotadas sexualmente, que funciona bajo la órbita de INAU, fue a acompañar a los funcionarios de ese organismo, encargados de contener a las adolescentes víctimas del caso por el que fueron procesados Moya, Roberto y Marcelo Rivero. Ese programa interviene cuando la situación “surge” y se “visualiza”, dijo a El Observador su director, Sergio Pereira.

En el interior del país hay dos equipos que se reparten las tareas. Intentan controlar situaciones con presunción de delito en espectáculos públicos. En caso de detectarlos, recién allí se informa a la dirección departamental, para iniciar las acciones con la Policía y la Justicia. Pereira informó que su tarea también consiste en “sensibilizar” a hoteleros, empresarios clave para poder comprobar posibles delitos. Otro sector de actividad que puede aportar datos es el transporte. El jerarca de INAU dijo que ellos son quienes conocen la noche y las diferentes realidades de los lugares donde se mueven.

En la Jefatura de Maldonado entienden fundamental la declaración de las adolescentes para cerrar las investigaciones y procesar a responsables de la explotación sexual infantil. Esa tarea es difícil. De hecho, hay denuncias e investigaciones que luego quedan en la nada, simplemente porque las menores niegan que los mayores acusados hayan pagado o prometido pago a cambio de las relaciones sexuales. Muchas veces se trata de gente poderosa, como Moya, y en esos casos, la joven o su familia, terminan por negar la declaración por miedo o necesidad.

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