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Industria exhortó a la Ursec investigar autorización de radio que involucra a Ortuño y Cendoya

El anterior directorio de la unidad obligó a inspectores devolver un equipo transmisor que había sido incautado; Cendoya asegura que hubo “mala fe” de un funcionario

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12 de agosto de 2020 a las 14:57

El Ministerio de Industria exhortó a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) a realizar una investigación administrativa sobre la habilitación de una radio de Soriano a pedido expreso del anterior Directorio, según informó a El Observador el subsecretario del ministerio, Walter Verri. 

El jerarca explicó que es necesario aclarar las responsabilidades y posibles irregularidades en este caso que involucra al exsubsecretario del Ministerio de Industria, Edgardo Ortuño. “Como hay un exjerarca del ministerio involucrado entendemos que es necesario investigar”, explicó Verri. 

Se trata de un caso en el que el Directorio de la Ursec, entonces presidido por Gabriel Lombide e integrado por Nicolás Cendoya, le pidió al cuerpo inspectivo que devolviera un equipo transmisor que había incautado durante su tarea de campo.  

Según contó Cendoya en el programa Séptimo Día, fue un error administrativo por un tema de tiempos. La ley establece que desde un año antes de las elecciones hasta seis meses después, el Poder Ejecutivo no puede autorizar nuevas frecuencias de radio. 

“En octubre de 2013 (un año antes de las elecciones) hubo un expediente que por un error del subsecretario de entonces (Edgardo Ortuño) no llegó a ser firmado a tiempo”, explicó Cendoya. 

El ahora exdirector de la Ursec ingresó en diciembre de 2013 al organismo y, según su versión, lo llamó Ortuño y le dijo que él se hacía responsable sobre esa radio de Soriano. “Se había hecho todo el proceso, se habían firmado todas las otras autorizaciones y esa tenía que esperar hasta seis meses después de las elecciones de 2014”, agregó. 

El Directorio de Ursec, según relata Cendoya, le advirtió de esta situación a los cuerpos inspectivos. “Igual fueron e hicieron la incautación”, señaló. 

Cuando eso sucede, el dueño del medio llama al entonces presidente de la Ursec, Gabriel Lombide, y le dice que el subsecretario le había asegurado que se trataba de un error administrativo y que no iba a tener una inspección hasta seis meses después de las elecciones. 

Ahí se le pidió al cuerpo inspectivo, según explicó el exdirector, que devolviera el transmisor. Cuando eso sucedió, el dueño del medio “insultó y les dijo un montón de cosas” a los inspectores. La radio ya había sido clausurada en, por lo menos, dos ocasiones anteriores. 

En el programa de televisión, leyeron un expediente firmado por los inspectores vinculados a ese hecho que decía que “se recibieron órdenes arbitrarias del directorio favoreciendo ilegalmente al infractor”. 

Para Cendoya el problema es la “mala fe” de un inspector en particular, integrante del Partido Nacional en Montevideo, que en tiempos de campaña electoral buscaba rédito político con este tipo de cosas. “Después no volvimos a tener problemas con este inspector hasta la campaña de 2019”, señaló. 

El Ministerio de Industria quiere que se investiguen las responsabilidades y, en caso de que se detecten posibles delitos, remitir el tema a la Justicia. 

A la espera

Cendoya es el nombre elegido por el Movimiento de Participación Popular (MPP) para ejercer de director de Antel en representación del Frente Amplio. Sin embargo, su nombramiento está en suspenso desde que es indagado por dos causas penales a estudio de la Fiscalía. 

El Poder Ejecutivo no lo vetó, pero pospuso la solicitud de venia al Senado hasta que se resuelva su situación en ambos casos.

El exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) es una de las personas investigadas por la presunta sustracción y destrucción de documentos de este organismo, que está a cargo del fiscal Diego Pérez. Y por otro lado, es indagado por el fiscal Ricardo Lackner luego de que se probó que fue el destinatario de la información reservada que le envió un funcionario de Fiscalía que fue imputado por abuso de funciones.

Cendoya asegura que se trata de una campaña en su contra para que no pueda ejercer su rol como director de Antel e intente frenar el “desmantelamiento” de la telefónica. La senadora del MPP, Lucía Topolansky, cuestionó la demora en enviar la venia y aseguró que "los tiempos no pueden ser infinitos".
 

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