La pérdida de competitividad es el aspecto que más desvela al sector industrial. Las empresas no ocultan su preocupación por el aumento de los costos internos y cuando a esa suba se le suma un tipo de cambio por debajo de las expectativas, asumen que la situación se convierte en una suerte de tormenta perfecta. Por eso, la industria sostiene que el dólar debería estar a $ 32 (hoy está en $ 28,4) y reclama por una rebaja en las tarifas públicas y otros aportes. Hace semanas la
Cámara de Industrias (CIU) realizó una encuesta con las gremiales que la conforman. Y la mayoría de las preocupaciones fueron compartidas.
En diálogo con El Observador —y tomando como base las respuestas obtenidas—, el presidente de la CIU, Washington Corallo, expresó que el sector es consciente de que la "
competitividad uruguaya se está viendo tremendamente erosionada".
Una de las principales inquietudes recabadas se refirió al tipo de cambio. Un informe sobre política monetaria divulgado por el
Banco Central (BCU) la pasada semana señaló que en los primeros tres meses del año hubo "un moderado desalineamiento" del tipo de cambio respecto a su nivel de fundamentos del entorno de 4,1%. Y si bien los industriales comparten el concepto no están de acuerdo con el porcentaje indicado y manejan que el desfasaje está entre 15% y 20%.
"El tipo de cambio está en mínimos históricos. Hoy el dólar tendría que estar en el entorno de $ 32", dijo Corallo. Explicó que muchas empresas cerraron negocios a fines del año pasado previendo que la divisa tendría ese valor y ahora están recibiendo el pago de las ventas a $ 28. "Uruguay sigue mostrando una volatilidad muy alta en su nivel de encarecimiento o abaratamiento respecto a otros países", dijo.
Sobre la encuesta, Corallo indicó que una de las consideraciones más mencionadas fue la del aumento de costos y dentro de ellos el primer rubro fue el de las tarifas públicas. "Guste o no, en algún momento vamos a tener que llegar a una desmonopolización de los combustibles", señaló. Y también avanzar en una "definición de precios basada por paramétricas reales y técnicas y no supedita a presiones fiscales", añadió.
Otro aspecto señalado por los empresarios fueron los impuestos. En ese sentido, Corallo recordó el cambio que determinó el gobierno para el cálculo del pago del IRAE o la limitación en el monto de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que pueden deducir las empresas.
Otro reclamo apunta sobre los aportes patronales a la seguridad social que desde la aplicación de la reforma tributaria hace diez años es de 7,5%. "Las gremiales se quejan de que es un impuesto al trabajo; un impuesto que tiende a reducir los niveles de empleo y perjudica a aquellos sectores que demandarían más mano de obra", cuestionó Corallo. Si bien el gobierno no prevé la eliminación del aporte, sería positivo al menos establecer una desgravación progresiva del tributo, sugirió.
Rigidez laboral
Sobre relaciones laborales, los consultados mencionaron que las normas actuales no están pensadas tomando en cuenta la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Por eso, entienden que debe haber una mayor flexibilidad laboral. "Hubo Consejos de Salarios donde se pactaron aumentos que no reflejan la realidad económica del país y estuvieron basado en un crecimiento que sabíamos no iba a ser sostenible", afirmó el presidente de la CIU.
El costo salarial, sumado a los otros, perjudica la rentabilidad del sector. "Cuando las empresas empiezan a tener menos utilidad, disminuye la demanda, los aportes a la seguridad social, cae lo recaudado por impuestos y aumenta eventualmente el seguro de desempleo", sostuvo.
Medidas para el sector lácteo
En la encuesta efectuada por la CIU, empresas lácteas manejaron medidas que ayudarían a mejorar su situación financiera. Uno de los problemas del sector fue la falta de pago de negocios realizados con Venezuela.
Ante esa dificultad, plantean que haya una prórroga de un año para el pago de créditos bancarios vigentes, pero abonando los intereses correspondientes. Otra propuesta se refiere a la categoría crediticia que otorga el BCU. La iniciativa es que empresas que mantienen pasivos bancarios por el perjuicio que les ocasionó Venezuela no bajen de categoría en el banco.
En línea / Washington Corallo (presidente CIU)
Muchas veces los sectores empresariales han dicho que sus reclamos no son escuchados. ¿Lo siente así?
Sí, lamentablemente. Si seguimos mirando solamente los costos del Estado sin pensar que el Estado se nutre de la actividad que generan los privados, no vamos bien. Lo que estamos haciendo con eso es matar a la gallina de los huevos de oro. No hay empresas sin empresarios, no hay trabajo sin empresas. El Estado se nutre de los fondos que generan y reinvierten las empresas en el país; los recursos humanos lo hacen de la capacidad de traer y generar nuevas empresas. Somos conscientes que dentro del gobierno hay gente que está preocupada por estos temas; en el movimiento sindical también. Pero creemos que no van con la velocidad que se precisa para que el país retome la senda de crecimiento de todos los sectores. Creemos que hay que trabajar para abaratar el país de alguna manera.
¿Le trasladan sus preocupaciones al gobierno?
Permanentemente. Siempre estamos en contacto con la ministra de Industria (Carolina Cosse) que ha hecho algunas gestiones.
Igualmente se percibe que con algunos reclamos, la rebaja de los aportes patronales por ejemplo, se chocaron contra una pared.
No estamos chocando solo contra una pared con ese tema. Chocamos contra una pared con el tema de la Organización Internacional del Trabajo (donde las cámaras empresariales presentaron una queja contra las ocupaciones de los lugares de trabajo y algunos puntos de la Ley de Negociación Colectiva), con el tema de las relaciones laborales. Pero lo importante es con la violencia que uno choca. Si es suave, hay tiempo de ir para atrás y volver a plantearle a la pared que se corra o que empiece a estudiar medidas para realmente evitar los choques. No tiene que haberlos, debe haber un movimiento uniforme de las tres partes, del gobierno, de las empresas y de los actores del trabajo.
¿No entiende que hubo demasiado desgaste en los últimos años para todas las partes en la discusión sobre la Ley de Negociación Colectiva?
Creo que sí. Confiemos en que este año se logre contemplar los aspectos que piden las cámaras empresariales. La huelga está consagrada con la Constitución, estamos de acuerdo con el derecho de huelga, no en contra. No estamos de acuerdo en que la ocupación sea una extensión de ese derecho. Creo que el derecho de huelga no hace bien a nadie, porque quiere decir que hay un malestar. Es tener un remedio. Lo bueno es no enfermarse. Pero lo mejor es cuando se logra tener un clima laboral que en lugar de confrontación genere unión.
Con en el tema de las ocupaciones también han chocado con la postura del PIT-CNT que mantiene su postura a favor de la medida y no retrocede.
Creemos que tenemos que ocuparnos más en trabajar y producir en vez de pensar, solamente, en cómo vamos a hacer para ocupar una empresa. Las discusiones tienen que ser correctas y frontales. Si en lugar de un diálogo se transforma en un monólogo, ahí es donde está el problema.
