Inequidad de una amnistía

Toda amnistía a deudores es siempre indeseable porque conlleva tolerancia con el incumplimiento de obligaciones y, sobre todo, injusticia con quienes las atienden puntualmente, además del riesgo de desalentarlos a seguir haciéndolo. Este firme precepto conceptual apuntala la oposición de muchos intendentes a la propuesta de otros jefes comunales de perdonar la mayor parte de lo que adeudan en patentes impagas muchos propietarios de automotores de costo bajo y mediano. El argumento de quienes propugnan abatir en hasta 75% lo que deben es que no hay otra forma de regularizar globalmente la actual situación irregular y mejorar la recaudación municipal.

La alternativa es la incautación de los rodados infractores, proceso de compleja, incierta y lejana recuperación de ingresos a las arcas municipales. Aducen también que las atrayentes condiciones de su propuesta pueden inducir a los deudores a ponerse al día, dado que se reduce sustancialmente lo que tendrían que pagar. Y aseguran que se realizaría por única vez, para ordenar el cobro de patentes en mora que, en algunos casos, exceden el valor del vehículo usado. Pero es un compromiso que puede asumirse ahora y revertirse en algún futuro, si vuelven a producirse atrasos en los pagos.

Muchos intendentes discrepan con fundamento y defienden el irrefutable principio de equidad, lo que condujo el martes al fracaso de la reunión del Congreso de Intendentes en la que los defensores de la amnistía confiaban lograr su aprobación. Esta división, que traspuso barreras partidarias en los mayoritarios Partido Nacional y Frente Amplio, quebró la unanimidad con que habitualmente actúa ese cuerpo y determinó que se postergara por una semana la consideración del tema. Corresponde que la decisión final sea abandonar la idea de amnistiar deudores y que las intendencias profundicen sus controles para forzar a deudores a ponerse al día, aunque les suponga desprenderse de sus vehículos.

Las amnistías estatales tienen una costosa historia oscura en el país. Basta recordar cuando años atrás muchas empresas se atrasaban en pagar sus deudas al Banco República en la certeza de que, como efectivamente ocurría asiduamente, esa institución aprobaría medidas de perdón o alivio. En el caso de atrasos en las patentes de automotores y de morosidad en compromisos con otros organismos del Estado, se han implementado frecuentemente fórmulas de refinanciación pero sin reducción de lo adeudado. El caso actual es diferente, ya que se promueve una rebaja enorme de lo que los propietarios de vehículos le deben a las intendencias.

Pero por comprensibles que sean las razones que esgrimen los proponentes de la amnistía, nada contrapesa la inequidad de favorecer a los deudores por encima de los buenos pagadores. Quien contrae una deuda se obliga a saldarla. Incluso hasta comienzos del siglo XX en Gran Bretaña todo deudor marchaba a la cárcel. Obviamente ese extremo ya no es concebible en la época actual y en un país civilizado. Pero tampoco es la solución discriminar contra los buenos pagadores y alentar la reaparición de la vieja guerra de patentes de hace siete años al favorecer a morosos contumaces, en vez de aplicar los mecanismos de control que existen para forzarlos a pagar lo que deben. l