Análisis de viabilidad validó los "supuestos" de la propuesta de la mutualista, pero hizo énfasis en que el fideicomiso de 2019 no cumplió sus objetivos
Por Joaquín Pisa
El Ministerio de Salud Pública (MSP) oficializó este miércoles la intervención de Casa de Galicia y el desplazamiento de sus actuales autoridades ante la "grave situación financiera".
La decisión de intervenir se dio luego de rechazar el pedido de la mutualista de acceder a un nuevo fideicomiso de hasta US$ 12 millones. Si bien un informe técnico del MSP señalaba que el proyecto presentado por Casa de Galicia era "sustentable" siempre y cuando se cumplieran "las iniciativas planteadas", las autoridades del gobierno entendieron que la institución ya había incumplido los compromisos de un anterior fideicomiso millonario otorgado en 2019 y que por lo tanto no había "garantías" de que un nuevo préstamo pusiera la casa en orden.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo este miércoles que el ingreso a concurso por parte de la mutualista demuestra su falta de liquidez para "cumplir obligaciones", remarcó que la empresa lleva "seis balances negativos" consecutivos, y agregó que no cumplió con algunas de las obligaciones previstas por el fideicomiso de US$ 20 millones brindado por la administración de Tabaré Vázquez en diciembre de 2019. Según Salinas, el resultado para el balance del segundo año ya debía ser "neutro", pero en los hechos Casa de Galicia "duplicó el déficit" al primer año.
La situación de Casa de Galicia fue centro de una reunión de la Junta Nacional de Salud (Junasa), en la que el MSP brindó las auditorías realizadas no solo a esa mutualista, sino también a la Asociación Española y CASMU.
El presidente de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, que participó de la reunión, dijo a El Observador que desde la Junasa se planteó que la situación de Casa de Galicia era "ilevantable".
Si bien la junta declaró reservadas las auditorías, porque incluyen información "empresarial" que podría ser utilizadas por las mutualistas competidoras, El Observador pudo acceder a otros informes realizado por dos veedores del MSP (el doctor Luis Fraschini y el contador Oscar Pereyra), que analizaron en particular la viabilidad del proyecto de Casa de Galicia en caso de acceder al fideicomiso de US$ 12 millones.
El primero de ellos, centrado exclusivamente en el análisis de la propuesta, los veedores señalaron que "el proyecto es sustentable, y debería, si se cumplen las iniciativas planteadas, alcanzar los resultados esperados, con mejora en la calidad de los servicios médicos, y estabilidad económico-financiera".
En el segundo documento, el informe final sobre la situación financiera de Casa de Galicia, los veedores incorporan también una evaluación de resultados del anterior fideicomiso.
Entre las conclusiones se destaca en primer lugar que los fondos de ese anterior fideicomiso "fueron correctamente aplicados a los destinos prefijados, pero no dieron solución a los problemas de fondo de Casa de Galicia". "Solo permitió hacer frente a parte de los endeudamientos bancarios preexistentes, asegurar el pago de salarios al personal, solucionar una pequeña parte de las deudas comerciales, y en muy poca medida realizar nuevas inversiones", señalan los veedores.
En segundo lugar, el informe indica que "el escenario actual de Casa de Galicia en el aspecto económico financiero es muy delicado, y a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando por la empresa, para mejorar ingresos y reestructurar gastos, se requiere una rápida inyección de fondos que aporte un mínimo de capital de trabajo para posibilitar el funcionamiento".
Respecto al fideicomiso, el informe concluye que el Proyecto de Viabilidad presentado por Casa de Galicia "se basa" en "supuestos" que "a priori parecen razonables".
El documento fue remitido en julio de 2021 al entonces presidente de la Junasa Luis González Machado.
Entre otras deficiencias narradas en el informe final, los veedores plantean que "no existió un verdadero plan de reestructuración" entre 2015 y 2019. "El plan fue sumando medidas a lo largo de esos años hasta llegar a 77 en total, que fueron quedando desactualizadas o tornándose imposibles de ser llevadas a cabo, debido a la modificación de la realidad a través del tiempo, no existiendo una conexión entre las iniciativas y los desembolsos autorizados al fideicomiso", dice el documento.
"A comienzos del mes de julio de 2021, el riesgo financiero institucional continúa siendo muy alto (...) A pesar de los esfuerzos que realiza CDG para reducir las pérdidas e incrementar los ingresos, ante la falta de capital de trabajo, y la carencia de financiación bancaria (consecuencia de su calificación en el sistema financiero), el riesgo financiero institucional es crítico, y requiere una inmediata inyección de fondos para continuar funcionando", agrega el informe.
Desde que el MSP confirmó la intervención, también se sucedieron las declaraciones de los distintos protagonistas de la historia.
Entre ellos, quien se pronunció fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En el marco de una visita a Durazno, el mandatario dijo que la intervención busca “ordenar la casa” en una situación que, según afirmó, ha sido monitoreada por la cúpula del MSP desde "hace muchos meses".
"Visto esta situación económica y de funcionamiento teníamos dos opciones: una fusionar y otra intervenir”, indicó.
El presidente añadió que "hay un interés muy importante en el propio gobierno de Galicia”, con el que ha mantenido contacto, para que la empresa siga en pie.
El presidente de la junta directiva de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, volvió a criticar con dureza a Salinas pero contó que conversó con Lacalle y valoró que tanto él como la Xunta de Galicia abogan por "por el futuro y permanencia" de la mutualista.
Salinas, en tanto, prefirió no responder a los dichos de Iglesias.
Por su parte, La Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) se manifestó desde la mañana frente a la sede de la mutualista y tras una asamblea se definió un paro de 36 horas, desde el mediodía del martes hasta la primera hora del jueves.
La reunión de Junasa comenzó alrededor de las 15:45 horas, con un entorno ensordecedor: Bermúdez llegó acompañado de los trabajadores de Afuncag que se habían manifestado frente a Casa de Galicia. En un segundo piso del MSP con banderas, cánticos y cornetas, el presidente de FUS ingresó al Salón 109 del Ministerio, donde se reúne la junta, y a los minutos salió para decir que los tres informes les serían entregados. Acto seguido, pidió a los manifestantes, ya apercibidos por la Policía, que se retiraran a las afueras.
Tras más de dos horas de reunión, Bermúdez salió cerca de las 18:30, secundado por los funcionarios de CASMU, a decir que se "cortaron puentes" con los trabajadores al decidir la intervención, y que quiere ver "con hechos" que se mantengan los puestos de trabajo. Los trabajadores, representados por Florencia Costanzo, entienden que la intervención no era necesaria porque vienen cobrando sus sueldos y haberes al día.
Las autoridades interventoras serán Alicia Rossi, contadora con una carrera de más de 20 años entre el MSP y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Nuri Santana, directora del sanatorio N°2 del CASMU. Según explicó el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian en conferencia de prensa, ellas deberán decidir sobre qué acciones tomar ante las elecciones de Casa de Galicia que se realizarán el 31 de octubre, en cuatro días.