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Inquietud en la interna militar por reforma jubilatoria: García se reúne con jefes del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
El borrador de la reforma jubilatoria divulgado la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou generó inquietud en la interna militar ya que nuevamente incluye modificaciones al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, modificado en 2018 durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
El texto prevé, tras un período de transición, incorporar al régimen general de toda la población a aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas que cumplen tareas administrativas, y pasarán por lo tanto a jubilarse a los 65 años, diferenciándose de los que realizan actividades de combate y comando, cuya gran mayoría aumentará en cinco años la edad de retiro obligatorio.
La inquietud entre los militares derivó en que el ministro Javier García convocara a la cúpula del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada a una reunión el martes 9 para explicarles el contenido y los alcances de la reforma, según confirmó El Observador con fuentes militares y del Ministerio de Defensa.
Del encuentro participarán los comandantes Gerardo Fregossi (Ejército), Luis Heber de León (Fuerza Aérea) y Gustavo Musso (Armada), este último en representación del almirante Jorge Wilson, que tiene una actividad a la que debe asistir mandatado por García.
La decisión provocó que se pospusiera una presentación que iba a realizar el director general de los Servicios de las Fuerzas Armadas, el general Julio Ifrán, el lunes 8 en el Comando General de la Armada, de la que tenían previsto participar el almirante y los seis contralmirantes. También había comenzado a organizarse otro encuentro en el Estado Mayor de la Defensa (Esmade), de acuerdo con fuentes del Ejército.
Uno de los temores entre las jerarquías es que esta nueva reforma disminuya la cantidad de ingresos a las fuerzas, intensifique la sangría de oficiales y aumente los retiros voluntarios antes que termine la transición.
Este miércoles, García destacó que la reforma será integral y por lo tanto incluirá a la caja militar. Señaló que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene “particularidades que requieren un estudio pormenorizado” y que profundizarán en el análisis de “todos los cambios”.
El ministro puntualizó que quienes pasen a retiro en los próximos cinco años no tendrán cambios y que habrá una transición en la que se combinarán los sistemas.
García destacó que la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) les agradeció por toda la información que brindó Defensa para elaborar el diagnóstico, las recomendaciones y luego el anteproyecto.
Los militares son los funcionarios públicos que cobran en promedio los salarios más bajos. Al mismo tiempo, las edades de retiro son en promedio menores a las del régimen general y con tasas de reemplazo que tienden a ser superiores, incluso a pesar de la última reforma de 2018, según el diagnóstico que realizó la CESS con el voto de los representantes oficialistas. "Las edades establecidas por el régimen anterior fueron aumentadas en la Ley 19.695 a fin de adecuarlas a las actuales condiciones de vida, pero continúan siendo reducidas especialmente en los escalafones más bajos del personal subalterno, que es el que se encuentra más exigido en las tareas desempeñadas", remarcaba ese documento.
La CESS señaló que en 2019 había 27.133 activos y 51.520 entre retirados y pensionistas, la menor relación entre todas las cajas, y que los militares se jubilan en promedio a los 47,6 años, la edad más baja del sistema.
Desde el punto de vista fiscal, la comisión planteó que "el régimen previsional militar se financia mayoritariamente mediante recursos fiscales y tiene una participación relevante en el gasto público previsional, tomando en cuenta la población cubierta". En 2019, las erogaciones de la llamada caja militar representaron 1,16% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 10,5% del gasto público en pasividades, cuando la población cubierta representa el 6,5% del total de pasividades pagadas por BPS, la caja militar y la caja policial.
Con ese diagnóstico bajo el brazo, el borrador de la reforma –elaborado por el abogado Rodolfo Saldain– vuelve a aumentar la edad en de retiro obligatorio y mantiene las bonificaciones para el cálculo jubilatorio, aunque crea una comisión que analizará si es conveniente quitarlos a algunos sectores.
En el caso de los comandantes y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), no se establece una edad de retiro obligatorio y mantiene las exigencias de cinco años de permanencia en el cargo u ocho desde el ascenso al grado de general.
A los coroneles y capitanes de navío se les sube dos años el máximo (de 63 a 65 años), mientras que al resto el incremento es de cinco años.
De acuerdo al proyecto del gobierno, los teniente coroneles, capitanes de fragata, mayores, capitanes de corbeta, capitán, teniente de navío, teniente 1º, alférez de navío, teniente 2º, alférez de fragata, alférez y guardia marina, pasarán a retirarse a los 63 años. Los suboficiales mayores y sub oficiales de cargo lo harán a los 62, los sargentos de 1º y 2º y los suboficiales 1º y 2º clase a los 60, los cabos y equivalentes a los 58, y los soldados 1º, marinero 1º y equivalentes a los 53.
A su vez se mantiene la exigencia de 25 años de servicio para los que se retiran con 63 o más y 22 años de servicio para los que lo hagan con menos de 63.
“La caja militar es la única que será analizada y reformada dos veces en cuatro años. Fue reformada en 2018 por el Frente Amplio así que el sistema que tenemos es voluntad de ellos”, dijo García, y aseguró que “no está bueno utilizar a la caja militar como excusa para no discutir todo el sistema”.
Tal como dijo García, esos cambios fueron votados únicamente por el Frente Amplio –con una áspera discusión interna que rebajó las pretensiones del proyecto inicial– y rechazados por la entonces oposición, que hoy está en el gobierno. Las modificaciones de ese entonces recibieron duras críticas tanto desde los militares activos como desde los retirados.
Los retirados conformaron un grupo que se denominó “Equipo de análisis de la seguridad social militar” que tuvo entre sus referentes al coronel Rivera Elgue (hoy subsecretario de Defensa), el general Hébert Fígoli, el coronel Heber Cappi, el capitán de navío Enrique Falco y el coronel de la Fuerza Aérea Hugo Corujo.
Los activos, en tanto, tuvieron al hoy senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos (por entonces comandante en jefe del Ejército) como su principal vocero, ya desde el 2017 cuando el gobierno envió la reforma. Sus críticas estaban enfocadas en que los soldados de menor rango eran los que más iban a ser perjudicados e incluyeron cuestionamientos al entonces ministro de Trabajo, Ernesto Murro, cuando el proyecto fue aprobado en Diputados. Esto le valió una sanción de 30 días de arresto a rigor, la máxima posible, por parte de Tabaré Vázquez.
A su vez, la organización de los militares para rechazar la reforma fue el germen que vieron algunos como el hoy senador Guillermo Domenech para lanzar el Movimiento Social Artiguista, que luego debió cambiar su nombre por obligación de la Corte Electoral a Cabildo Abierto.
A los meses de hacer esos comentarios, Manini Ríos fue cesado por Vázquez por cuestionar a la Justicia en el marco de los tribunales de honor a José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira y Luis Maurente. Enseguida aceptó sumarse a CA y ser el candidato presidencial.
