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14 de mayo 2022 - 5:04hs

Mientras la inflación es desde hace semanas un problema, mientras las necesidades de parte de la población se hacen más acuciantes a pesar de que el desempleo cae y las exportaciones suben, el gobierno tuvo que timonear esta semana otro problema que se agiganta en los últimos días: la inseguridad, esa que había sido uno de sus bastiones en el primer tramo del gobierno, y que lo enfrenta ahora a varias preguntas difíciles de responder, cuando ya no tiene la capa protectora de la pandemia.

Los 18 asesinatos en menos de medio mes dispararon las alarmas: varios de ellos fueron en el barrio Peñarol, lo que es un serio llamado de atención. Porque a diferencia de otras zonas donde la violencia está desatada, en las que a lo largo de décadas los delincuentes han ido penetrando las redes de contención en las que el Estado falló, Peñarol es un barrio totalmente integrado a la ciudad.

Durante mucho tiempo, los ahora miembros de la coalición de gobierno, por entonces opositores, le achacaban al gobierno del Frente Amplio que llegado al poder se había dado cuenta de las dificultades de gobernar y había enfrentado muchos problemas de forma similar a sus antecesores, particularmente en el manejo de inversiones extranjeras o de las negociaciones con organismos internacionales de crédito. Ahora la situación se da a la inversa: solucionar la inseguridad no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan unilateral como todos quisiéramos.

De hecho, la inseguridad fue uno de los principales factores usados por la entonces oposición para horadar la popularidad del gobierno del Frente Amplio. El discurso fue muy claro en ese sentido, y también las señales, que básicamente se podían resumir en darle mayor respaldo a la policía para hacer su trabajo. La primera señal del gobierno de Lacalle Pou fue una reunión el 2 de marzo con todos los jefes policiales y el entonces ministro Jorge Larrañaga, en la que insistieron en ese mensaje: la Policía debía tener el apoyo de la política. La ley de urgente consideración tuvo algunos refuerzos en ese sentido, que, además, ponían al FA en una situación incómoda, porque para criticarlos debía hablar de garantismo, y de esa manera oponerse a un discurso de más seguridad.

Encima, la pandemia entreveró la discusión. Los delitos bajaron, el gobierno lo atribuyó a su buen trabajo y la oposición a una menor movilidad. Pero al margen de la polémica, los números eran los que eran, y el gobierno podía sacarse cartel.

Sin embargo, la movilidad se recuperó y mientras los hurtos y las rapiñas se mantuvieron o bajaron, los homicidios subieron mucho. El gobierno se enfrentó a algunos de los dolores de cabeza que sufrió el FA. De hecho, por estos días el ministro Luis Aberto Heber declara de modo muy similar a la forma en que lo hacía Eduardo Bonomi, lo que generaba fuertes críticas de los blancos por entonces. Por ejemplo, las justificaciones de que los asesinatos se están dando entre delincuentes, o que la gestión es buena, particularmente el hecho de que el cierre de bocas provoca que haya menos droga en la calle y más enfrentamientos entre bandas. Esto, si bien puede ser cierto, requiere mucho tacto a la hora de declarar, para no caer en el “vamos bien” que choca con las imágenes de cuerpos tapados por nailon o las noticias de cuerpos carbonizados o desmembrados.

Precisamente, el ministro Heber se ha convertido en el centro de la polémica, como le pasa a todo gobernante, sobre todo a los jerarcas de Interior, cuando las cifras no le sonríen. El contraste con Larrañaga también lo desfavorece  en las señales políticas de uno y otro. Apretado por las circunstancias, y más allá de la gestión, no ha mostrado una comunicación sólida que permita enfrentar el problema. 

Esta semana fue con una recorrida por Punta Carretas, cuando el drama estaba en Peñarol, justo al salir de una reunión con el presidente para analizar la crisis y buscar formas eficientes de responder, y tras no dar ninguna respuesta concreta a la prensa sobre el plan para combatir la ola de delitos. El ministro ya había estado en Peñarol el día anterior, pero, como siempre, en política muchas veces las señales importan más que los hechos. Y recorrer un barrio que tiene nivel de seguridad europeo no fue la mejor señal cuando otros vecinos más al norte de la ciudad viven estos días con miedo, y no les importa si las muertes son ajustes de cuentas: escuchan los tiros y ven los cuerpos.

La apuesta dio réditos al comienzo del período, pero ahora el gobierno se enfrenta a un problema: aunque sí se necesita más apoyo para la Policía, para enfrentar la inseguridad pública también se necesitan soluciones de consenso y de largo plazo, que difícilmente permiten ganar una elección. Soluciones en educación, en oportunidades para los pobres, en audacia para modificar el patrón cultural por el cual el modelo de éxito para muchos niños pobres es ser narco, y no ganarse la vida de forma honesta. Está dicho hasta el hartazgo y, sin embargo, el sistema político no ha logrado ponerse de acuerdo con un consenso mínimo que intente transformar una realidad que, de a poco, va haciendo que la convivencia ciudadana en Uruguay sea cada vez más parecida a la de los peores países centroamericanos. Ese es un enorme fracaso, y es de todos los partidos. 

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